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Sánchez exige a Ayuso la lista de médicos que se niegan a practicar abortos por objeción de conciencia

Asturias, Aragón y Baleares también han recibido la carta sobre la garantía del aborto

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha remitido una carta a la presidenta de las Comunidad de Madrid, presidida por Isabel Díaz Ayuso, pero también Asturias, Aragón y Baleares, las dos últimas gobernadas por el Partido Popular, en las que exige la garantía del derecho al aborto de las mujeres en la sanidad pública y también la lista de médicos que se niegan a practicar abortos por ser objetores de conciencia.

El escrito enviado por Sánchez en representación del Ejecutivo central comienza con la transmisión de una «intención de ayudar a superar los obstáculos» en referencia al aborto, y los «obstáculos» que, destaca el presidente del Gobierno, «siguen encontrando muchas mujeres de nuestro país que deciden ejercer su derecho a la interrupción voluntaria del embarazo».

Sánchez exige en este requerimiento formal a los presidentes autonómicos mencionados la adopción, con la mayor celeridad, de las medidas necesarias para crear y regular un registro de personas objetoras de conciencia a la hora de practicar abortos. El Ejecutivo se escuda para ello en el mandato establecido en la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo.

«A efectos organizativos y para una adecuada gestión de la prestación se creará en cada comunidad autónoma y en el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA) un registro de personas profesionales sanitarias que decidan objetar por motivos de conciencia respecto de la intervención directa en la práctica de la interrupción voluntaria del embarazo», se puede leer en el artículo 19 de esta ley, sobre un registro añadido a la norma en 2023.

Si transcurridos tres meses desde la recepción del requerimiento, no se cumplieran las condiciones exigidas por el Gobierno, Sánchez ha advertido en la carta enviada que se activarán los mecanismos legales oportunos para exigir su cumplimiento.

«Casi un año después, Aragón, el Principado de Asturias, Islas Baleares y la Comunidad de Madrid siguen sin cumplir con la prescripción de una ley cuyo objetivo es garantizar la libertad y la autonomía de las mujeres para decidir sobre sus propias vidas, y que ha sido avalada por el Tribunal Constitucional en su sentencia 44/2023, de 9 de mayo», avisa Sánchez en la misiva, donde subraya que «el respeto al derecho a la objeción de conciencia no debe ser, en ningún caso, un impedimento para el acceso efectivo de las mujeres a la interrupción voluntaria del embarazo en el Sistema Nacional de Salud, sea cual sea su territorio».