Sánchez da alas a Bildu y le revela todas las indemnizaciones por ‘violencia policial’ en 10 años

El Gobierno de Pedro Sánchez ha revelado al grupo parlamentario EH Bildu un cuadrante con «la lista de expedientes con resolución estimatoria sobre lesiones y fallecimientos indemnizados causados por actuaciones policiales en los últimos 10 años».

Se trata de una información valiosa para el partido de Arnaldo Otegi, que persiste en su ofensiva contra las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, a las que acusa de ‘violencia policial’ generalizada.

Así consta en una pregunta por escrito al Gobierno, en la que Bildu requería el «número de casos en los que el Ministerio del Interior ha tenido que realizar compensaciones con motivo de las lesiones producidas por actuaciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, en los últimos cuarenta años».

El Ejecutivo de Sánchez desglosa las cantidades abonadas en la última década: 363.287 euros por 26 casos. El último, en 2018. Según la tabla facilitada, 2010 fue el año con más expedientes resueltos en este sentido y Andalucía, la comunidad con más resoluciones.

Antes de la cita con el PSOE

El partido proetarra registró su pregunta al Ejecutivo el pasado 4 de diciembre: «En los últimos 40 años, ¿en cuántos casos el Ministerio del Interior ha tenido que realizar compensaciones con motivo de lesiones producidas por actuaciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado? ¿Y por fallecimientos?». Bildu requería además el desglose por año, comunidad autónoma, cuerpo policial, cantidad abonada y razón, aunque el Gobierno no detalla todos esos datos. También pedía información sobre los casos en los que dicha cantidad «se ha abonado voluntariamente y cuándo motivado por sentencia judicial».

La pregunta se dirigió al Gobierno apenas 13 días antes de que el PSOE se sentase con la formación para negociar la investidura de Pedro Sánchez, otorgándole por primera vez legitimidad en una ronda de este tipo con los partidos políticos.

Tras dicha reunión, Bildu celebró el encuentro «sincero» y «cordial» con los socialistas. Una reunión en la que el partido trasladó a los negociadores del PSOE sus pretensiones sobre la «agenda social vasca», en especial, la urgencia de «revisar la política penitenciaria» para, exponían, devolverla al «estricto cauce de la legalidad» y «alejarla definitivamente» del carácter «excepcional» con la que, en su opinión, se aplica en la actualidad. Bildu reclamó también el «derecho a decidir libre y democráticamente» su futuro que, consideran, corresponde a «los pueblos y naciones del Estado».

La formación de Otegi insiste así en sus ataques contra la Policía, que tienen su máximo exponente en la ley de ‘abusos policiales’ del País Vasco y Navarra.

La Ley de reconocimiento y reparación de víctimas de vulneraciones de derechos humanos en el contexto de la violencia de motivación política en el País Vasco entre 1978 y 1999 fue aprobada en el Parlamento Vasco, con el voto a favor del PSE (y la abstención de Bildu), con el propósito de reparar a las personas que sufrieron abusos policiales entre esas fechas.

La norma fue recurrida por PP y Ciudadanos en el Tribunal Constitucional, que admitió a trámite sus recursos, lo que no ha implicado su suspensión cautelar, por lo que el Gobierno Vasco está ejecutando los trámites para su desarrollo. De hecho, el plazo para solicitar el reconocimiento como víctimas comenzó en septiembre.

Por otro lado, como reveló OKDIARIO, el Gobierno de Sánchez también ha remitido a Bildu los cuadrantes con el número exacto de guardias civiles destinados en el País Vasco y en Navarra. Interior tiene contabilizados un total de 4.757 agentes en ambas regiones.

La respuesta oficial del Gobierno llega también en plena ofensiva del separatismo vasco contra la presencia de la Guardia Civil en Navarra. El PSOE pactó la investidura de Sánchez como presidente con el PNV a cambio de que el Ejecutivo socialista se comprometiese a ceder las competencias de Tráfico de la Guardia Civil a la Policía Foral. Una medida aplaudida por Bildu y para la que se ha puesto una fecha límite: seis meses.