Robles planta al Senado tras las presiones de Moncloa y el PP avisa: «Ningún Gobierno está por encima de las Cortes»

La ministra de Defensa, Margarita Robles, finalmente no ha acudido este martes a la Comisión de Defensa del Senado para informar sobre el papel de las Fuerzas Armadas en el marco de la crisis migratoria de Ceuta, después de que la pasada semana comunicara al presidente de la Cámara, Pedro Rollán, que no disponía de tiempo «suficiente» para preparar con «rigor y detalle» su comparecencia. Robles había trasladado al presidente del Senado su «plena disposición» a acudir, sin embargo, Moncloa frenó esta comparecencia. 

Su ausencia ha provocado las críticas de los únicos grupos que han acudido a la cita -PP, Vox y Junts-, reprochando al Gobierno que no atienda las citaciones extraordinarias de la Cámara Alta y cuestionando los argumentos empleados para posponer las explicaciones sobre la crisis. «Entendemos las causas, pero ninguna causa puede impedir que se ejerza el control al Ejecutivo», ha señalado el presidente de la comisión.

La ausencia de la titular de Defensa se suma a la de los titulares de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, y de Interior, Fernando Grande-Marlaska, después de que el Gobierno defendiera que las explicaciones de sus ministros sobre la crisis de la ciudad autónoma deben producirse en el Congreso, donde comparecerán a finales de agosto a petición propia.

En concreto, el Ejecutivo prevé que Robles acuda a la Comisión de Defensa de la Cámara Baja el 25 de agosto, mientras el jueves 27 de agosto ha fijado las comparecencias en sus respectivas comisiones de los ministros de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, y de Sanidad, Mónica García, y al día siguiente, viernes 28, será el turno de los titulares de Asuntos Exteriores, de Interior, y de Inclusión y Migraciones, Elma Saiz.

La ronda concluirá con la ministra de Juventud, Sira Rego, la última que ha pedido comparecer, y que se ha programado para el lunes 31 de agosto.

En este marco, el PP ha lamentado «mucho» la ausencia de Robles y ha censurado que la ministra confirmara inicialmente por escrito su asistencia y posteriormente se sumara a la decisión del resto del Gobierno de no comparecer en la Cámara Alta.

A su juicio, la crisis de Ceuta «no admite aplazamientos» porque se trata de una situación de «extrema urgencia», por lo que ha acusado al Ejecutivo, «sin excepción, desde el presidente hasta el último ministro», de incumplir «flagrantemente» sus obligaciones de control parlamentario.

El senador popular ha defendido que lo ocurrido en Ceuta no constituye un episodio aislado, sino la culminación de una sucesión de «cesiones y concesiones» ante las actitudes «inamistosas» de Marruecos hacia Ceuta y Melilla.

Asimismo, ha cuestionado que el Gobierno no pudiera anticipar una entrada masiva de migrantes y ha puesto el foco en la información que manejaban los servicios de inteligencia y en la coordinación entre los ministerios de Defensa e Interior, preguntándose si el Ejecutivo conocía previamente el riesgo de una entrada masiva y, en ese caso, por qué no actuó.

«Alguien ha de asumir responsabilidades», ha reclamado el PP, que ha considerado lo sucedido como uno de los incidentes «más graves» para la seguridad de España de las últimas décadas y ha exigido una actuación «contundente» y coordinada de todos los servicios del Estado.

Por su parte, Vox ha calificado lo ocurrido de «acto de guerra híbrida», al considerar que la entrada masiva no fue una acumulación espontánea de personas, sino una acción «organizada y deliberada» que habría utilizado la inmigración como instrumento de presión contra España.

«Militarización de la frontera»

Asimismo, la formación de Abascal ha reclamado la «militarización de la frontera» de Ceuta y Melilla, además de más medios personales, materiales y jurídicos para las Fuerzas Armadas, una mayor coordinación entre los servicios de inteligencia, Ejército, Policía Nacional y Guardia Civil y el retorno inmediato de quienes entren ilegalmente en España.

Vox también ha criticado la respuesta del Gobierno a la crisis y ha cuestionado que se destinen fondos para atender a los menores migrantes mientras, a su juicio, deberían dedicarse más recursos a agilizar las expulsiones y los procedimientos administrativos.

«Cuando existe una frontera, la obligación de un Gobierno es prevenir, no reaccionar», ha defendido.