España
INUNDACIONES POR LA DANA EN VALENCIA

Ribera contempló un carril bici por el Poyo en las obras anti-inundación que luego no acometió

El proyecto alternativo contemplaba un carril bici, una senda peatonal y una "adecuación medioambiental" del barranco

Una de las claves de las inundaciones provocadas por la DANA en Valencia es la nula ejecución de las obras sobre el barranco del Poyo que hubiesen permitido desviar el torrente de agua hacia el cauce del río Turia. De esa forma, como señalaba el proyecto, se reduciría el «elevado riesgo de inundación» sobre las poblaciones por las que transita el actual trazado. El Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico de Teresa Ribera retorció el proyecto de la via verde para aumentar su «adecuación medioambiental» incluyendo un carril bici y una senda peatonal que encarecían su presupuesto. Finalmente no se ejecutó ninguna obra y los 35 millones que hacían falta para acometerla se gastaron en publicidad. Ahora, el coste de reparación del destrozo ascenderá a 31 millones.

El pasado 29 de octubre, pasadas las 7 de la tarde, la crecida provocada por la DANA sobre el barranco del Poyo disparó su caudal hasta casi los 3.000 metros cúbicos por segundo. Una cifra disparatada que supera incluso al caudal del rio Nilo, convirtiendo el Poyo en una enorme masa de agua que arrasó a toda velocidad una docena de municipios y provocó más de 200 muertos. Si se hubiesen ejecutado a tiempo las obras del proyecto planteado sobre el barranco del Poyo, cuando la masa de agua llegase a Picaña hubiera sido desviada por una via verde de algo más de dos kilómetros en dirección al nuevo cauce del rio Turia. Una infraestructura que habría podido asumir esa crecida, protegiendo localidades como Paiporta, Catarroja, Bentuser, Alfafar, Sedaví o Massanasa. La zona cero de la inundación.

Esa obra no se hizo por «falta de disponibilidad presupuestaria», tal y como figuraba en una presentación que los técnicos de la Confederación Hidrográfica del Júcar realizaron en presencia del secretario de Estado Hugo Morán, número 2 de Teresa Ribera. Pero el proyecto, que sí está elaborado y guardado en un cajón, barajó una serie de «alternativas» al plan inicial, consistente en una via de hormigón que canalizase el agua. En cambio, el Ministerio valoró una serie de accesorios que en nada contribuían al objetivo prioritario de la infraestructura, pero si recalcaban el caracter «medioambiental» de la inversión.

El documento, consultado por OKDIARIO, proponía como «alternativa» a esta obra de «vía verde»  la «adecuación mediambiental» del barranco del Poyo para la «integración territorial» del proyecto. En pocas palabras, se proyectaba un camino de servicio, un carril bici y una senda peatonal que discurriesen sobre el barranco.

El proyecto contaría con un aliviadero y un azud para desviar el agua hacia el nuevo cauce, en una zona que transcurre por terreno rural y cuyas expropiaciones eran mínimas. Además, se planeaba construir tres puentes en todo el trazado hasta el Turia. Sin embargo, el proyecto no pasó el corte final de valoración de coste-beneficio, mientras que el primero, que sí lo pasó, nunca fue ejecutado.

Multas por limpiar

La Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) defiende la presencia de cañas y vegetación en las ramblas y barrancos como método natural de frenar riadas. Una afirmación que contrasta con las imágenes vistas el 29 de octubre, de toneladas de cañas que no habían sido retiradas siendo arrastradas por la riada y provocando bloqueos en puentes. Ante ello, son ya varios los municipios -Elche, por ejemplo- que han decidido retirar de forma unilateral la vegetación de los márgenes de sus barrancos y vías fluviales. Denuncian que en muchas ocasiones, la Confederación no responde a sus peticiones de permiso. Y al hacerlo unilateralmente, se exponen a multas administrativas de hasta 300.000 euros.

La DANA y la trágica inundación consiguiente han acelerado la limpieza de barrancos y ramblas en la Comunidad Valenciana. Pero no ha sido por parte de la Conferencia Hidrográfica, responsable de ello, sino por los municipios que no han sido afectados pero han tomado buena nota de lo que puede ocurrir si sus vías fluviales no están correctamente mantenidas. Ayuntamientos como Alicante o Elche ya se han puesto manos a la obra. El ilicitano incluso sin esperar permisos «ante la infinidad de emails y llamadas al Ministerio y a la CHJ» que no han obtenido respuesta.

Estos y otros municipios que se están planteando hacerlo, según ha sabido OKDIARIO de fuentes autonómicas valencianas, han tomado la decisión incluso sabiendo que la CHJ contempla multas elevadas para quienes realicen estas tareas sin su luz verde. Una autorización que se eterniza con trámites burocráticos, análisis y evaluaciones de carácter medioambiental sobre el impacto en flora y fauna de estas actuaciones. «Dejadez», dicen desde Elche.

Tal y como refleja la propia Confederación en la legislación que menciona en su web, serán consideradas infracciones administrativas leves y menos graves aquellas «acciones u omisiones que causen daños a los bienes del dominio público hidráulico, siempre que la valoración de aquellos no supere los 15.000.000 euros». De ahí para abajo, todas las sanciones dependen de la CHJ, a partir de ahí corresponden directamente al Consejo de Ministros.

El régimen sancionador va desde los 6.000 hasta los 300.000 euros, aunque algunos municipios ya están realizando las limpiezas pese a exponerse a estas multas.

Sólo bajo los puentes

Los municipios valencianos por cuya demarcación geográfica transcurre el barranco del Poyo sólo pueden limpiar la vegetación que se acumula en el cauce bajo los puentes. Como mucho, un radio a la redonda de apenas 20 metros de cada pasarela. Ese el único supuesto en el que pueden actuar los ayuntamientos de la zona afectada por la DANA, a expensas de solicitar permisos que no llegan. Esa zona supone apenas 600 metros del total de algo más de 11 kilómetros de barranco que transcurre por zona urbana, la zona cero de la tragedia del pasado 29 de octubre.

Entre Torrente y el polígono industrial de Catarroja, el barranco del Poyo transita por una docena de municipios. Una zona de viviendas en la que residen decenas de miles de valencianos, los más afectados por el desbordamiento de este tramo urbano de algo más de 11 kilómetros de longitud, donde el cauce se estrecha significativamente. La limpieza de ese cauce para retirar vegetación, cañas y cualquier otro obstáculo que pueda interferir en el discurrir del agua cuando baja un torrente es labor de los ayuntamientos, pero no pueden hacerlo sin el permiso de la Confederación Hidrográfica del Júcar.

En todo ese tramo hay un total de quince puentes y pasarelas. Un dato crucial en este asunto, ya que la normativa de la Confederación tan sólo otorga potestad de limpiar sin permisos la zona inmediata a estos puentes. Bajo ellos y a un radio de 20 metros. El resto, ni tocarlo sin permisos que no llegan y que, en ocasiones, hasta se deniegan.

En total, la suma de los 20 metros por cada uno de los puentes que hay en el trazado del Poyo alcanza los 600 metros, apenas un 5% del cauce del Poyo en ese tramo que fue donde se originó la tragedia.