Rajoy avisa de consecuencias patrimoniales y penales a los mossos que se atrevan a desobedecer

El control de los Mossos se ha convertido en asunto prioritario desde que su comportamiento pasivo el 1-O demostrara que no son un Cuerpo policial fiable para el cumplimiento de la legalidad y de los mandatos judiciales. La destitución de su mayor, Josep Lluís Trapero, será inmediata una vez el Senado apruebe las medidas presentadas este sábado por el Gobierno de Rajoy. Pero no será suficiente, como han advertido informes de la Policía Nacional al Ministerio de Interior previos a la aprobación de las medidas al amparo del artículo 155.

La policía autonómica catalana está trufada de mandos intermedios partidarios de la independencia y de agentes que no solo ocultan su independentismo, sino que hacen gala de él de forma pública y organizada. Una de las imágenes que dejaron los disturbios de septiembre fue la de un cabo de los Mossos fotografiándose con una estelada junto a uno de los coches de la Guardia Civil destrozados por la turba sediciosa.

De ahí que las medidas redactadas por el Gobierno prevean situaciones de desobediencia cuando el Ministerio de Interior, a través del secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, se haga cargo de las competencias de seguridad y orden público una vez destituido el consejero de Interior, Joaquim Forn.

Cualquier mando o agente de los Mossos que, una vez hayan entrado en vigor las medidas del artículo 155, decidiera incumplir “las disposiciones, actos, resoluciones, instrucciones u órdenes de servicio dictadas” por los nuevos responsables designados por el Gobierno, deberá pensárselo antes muy bien. Su desobediencia incurrirá en “responsabilidad disciplinaria” que será exigida “sin perjuicio de las responsabilidades patrimoniales, contables, penales o de otro orden a que pudieran dar lugar”.

Los mossos partidarios de la sedición ya no estarán amparados por unos mandos que simpatizan y colaboran con el proyecto secesionista del Govern, como demuestran las pruebas que la Guardia Civil está recopilando para presentar ante la juez de la Audiencia Nacional que mantiene imputado a Trapero por un delito de sedición. Ahora se exponen a responsabilidades patrimoniales, contables y penales.