Rabieta de David Sánchez contra la juez: dice que es «desconsiderada» con Pedro Sánchez

La defensa de David Sánchez ha remitido a la juez Beatriz Biedma un escrito de alegaciones contra el procesamiento del hermano del presidente del Gobierno en el que le reprocha que sus autos son «desconsiderados» hacia el músico y el propio Pedro Sánchez.

En el escrito, al que ha tenido acceso OKDIARIO, el abogado Emilio Cortés pide el archivo del procedimiento -cabe recordar que David Sánchez ha sido procesado por prevaricación y tráfico de influencias- y expone que el último auto de la juez «es injustificadamente desconsiderado hacia los hermanos Sánchez: a uno se le atribuye a la ligera, y sin citarle, una capacidad de influencia delictiva de la que no hay ni rastro -supuestamente, tendrían relaciones estrechas, todo en condicional- y al otro una bisoñez en el desarrollo de su profesión absolutamente impropia de un discurso judicial homologable, desterrando la hipótesis de que sus méritos fuesen superiores a los de los restos de los aspirantes». La defensa estima que no existe «un sólo indicio» para sostener la causa, pese a los indicios expuestos por la juez.

Procesado

La defensa de David Sánchez trata a marchas forzadas de revertir el procesamiento que llegó a finales de abril después de que la magistrada abriese diligencias previas por presuntos delitos contra la Administración Pública y la Hacienda Pública, prevaricación, tráfico de influencias y malversación por la creación de una plaza en la Diputación de Badajoz que le fue asignada al hermano de Pedro Sánchez.

En el auto de procesamiento, la juez exponía que «existen indicios suficientes sobre el presunto carácter delictivo de la conducta imputada y, por tanto, la consecuencia es la de proseguir el procedimiento».

Señalaba, además, que David Sánchez «teniendo conocimiento previo de que el puesto de coordinador de las actividades de los conservatorios se había creado para él, se presentó a la convocatoria e hizo la entrevista para simular la legalidad formal del procedimiento, siendo el principal beneficiario del mismo». En el escrito, demoledor, incidía además en que David Sánchez «habría utilizado influencia en la Diputación de Badajoz para obtener beneficio propio».

La juez considera que la creación del puesto fue «a petición, seguramente, de persona o personas» del entorno de David Sánchez que «conocían la necesidad» de éste, quien «en ese momento carecía de trabajo estable».

«¿Qué tendría que haber hecho David Sánchez Pérez-Castejón para acceder a la función pública en el Reino de España, sin que fuera controvertida su toma de posesión y poder ganarse la vida?», se pregunta la defensa de David Sánchez en el escrito, y se responde:

«Muy sencillo: sentarse delante del mapa de este país y, con la información que se le diera acerca de este particular, terminar de fijar, tras un proceso de descarte, qué municipio no ha visitado su hermano en condición de secretario general del PSOE, porque así se desvanece el indicio autómata de que allí donde haya estado dando un mitin, apoyando a un candidato regional o provincial, o en acto análogo, constituye ya de por sí un terreno prohibido para que un ciudadano con titulación académica y méritos suficientes pueda presentarlos para obtener el puesto».

Considera que «esto, concebido como indicio de criminalidad paladinamente en el supuesto que nos ocupa, que es lo grave, pasa por etiquetar a un ciudadano como de segunda categoría, sencillamente por inferir, primero, que los hermanos se tienen que llevar bien sí o sí; segundo, que uno, con influencias, quiere ayudar al otro por razón de su cargo y se va a llevar por delante lo que sea; y, tercero, que lo antedicho es el estímulo causal de una trama delictiva con intervención de muchas personas, pero sin levantarse el velo acerca de eso que titulamos en la reforma el pecado original o matriz fáctica de todo lo sucedido».

En el auto de procesamiento, la juez atribuye al hermano del presidente del Gobierno varios delitos tanto por la creación y toma de posesión de su plaza como también por el contrato por parte de la Diputación de Badajoz del ex asesor de La Moncloa Luis Carrero, que estaba a su servicio, como reveló OKDIARIO. La juez también ha enviado al banquillo a Miguel Ángel Gallardo, el ya ex presidente de la Diputación de Badajoz que en los últimos días ha maniobrado para lograr su aforamiento como diputado en la Asamblea de Extremadura.