El Gobierno reconoce ahora que conocía desde «enero de 2024» los fallos en las pulseras antimaltrato
La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha defendido que "el sistema funciona"
El Gobierno admite que «desde enero de 2024» conocía fallos en las pulseras telemáticas de control de agresores de violencia de género. Así se desprende de una respuesta por escrito en el Congreso de los Diputados, a la que ha tenido acceso OKDIARIO, sobre las advertencias de la Guardia Civil sobre esta herramienta.
En concreto, la pregunta se hace eco de la denuncia de la Guardia Civil, durante la reunión de la Comisión de Coordinación de Violencia de Género de Granada, el pasado 25 de febrero, en la cual se avisó sobre «el mal funcionamiento y los fallos retirados en el sistema de gestión de pulseras antimaltrato».
Según el acta del encuentro, «hay mujeres que rechazan la pulsera porque beneficia a su agresor, al primar, en los procedimientos judiciales por quebrantamiento, los datos erróneos de localización que transmite el servicio Cometa sobre su palabra».
En su respuesta, el Ejecutivo admite que la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género «recibió vía registro electrónico» la «queja» de una usuaria, «el 15 de enero de 2024», «solicitando aclaración sobre el mal funcionamiento de su dispositivo y la actualización de la distancia de protección a 1000 metros».
El Gobierno añade que la Delegación «procedió inmediatamente a solicitar informe al centro de control Cometa del caso en cuestión, el cual se recibe el 16 de enero, en el que se detallan todas las actuaciones realizadas por parte de Cometa y la información transmitida por el órgano judicial, respondiendo posteriormente y en consecuencia a la usuaria».
Asimismo, admite que a la Delegación «le constan también varias peticiones de información de la Unidad de Viogén de la Guardia Civil de Padul sobre las posiciones y situación del dispositivo de control telemático del inculpado, solicitudes respondidas con el detalle requerido en tiempo y forma por parte de Cometa».
Manipulación de la pulsera
La respuesta hace referencia al caso de una mujer de Padul (Granada) que denunció en varias ocasiones que su agresor había quebrantado la orden de protección, logrando acercarse a su domicilio tras manipular la pulsera. Según las informaciones publicadas, el servicio Cometa no lo detectó.
El Gobierno defiende que «el 87% de las víctimas se sienten más seguras con el dispositivo telemático», pero admite al mismo tiempo que «el 88% reconoce fallos» si bien, pese a ello, -en su versión-, «considera que el sistema es muy eficaz o bastante eficaz; y el 90% recomendaría la medida a mujeres en una situación similar».
Absoluciones
Las deficiencias en las pulseras telemáticas provocaron hace unos meses una profunda crisis en el Ejecutivo, tras revelar OKDIARIO la alerta de la Fiscalía sobre el elevado número de absoluciones por estos fallos.
En su memoria anual, correspondiente al 2024, el Ministerio Fiscal advierte de «múltiples fallos» detectados con estas pulseras, así como con el prestador del servicio».
El Ministerio de Igualdad tiene contratada la prestación del servicio del Sistema de seguimiento con una empresa privada, encargada de realizar la instalación, monitorización y desinstalación de los dispositivos.
Estas tareas son desarrolladas por el Centro Cometa, que es el que se relaciona con los órganos judiciales, el Ministerio Fiscal y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
En la memoria se avisa que varias fiscalías alertaron de «problemas de descarga de la información del anterior proveedor de servicios y de la información relativa al uso de los dispositivos por parte de investigados y penados o la ubicación de estos». Además, indica que se le comunicó a la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género «para que se procediera a su solución, ante la potencial desprotección de las víctimas».
Igualmente, la Fiscalía apunta en su Memoria que el centro de control Cometa ha informado «reiteradamente» a los juzgados que no pueden facilitarles la información que sea anterior al día 20 de marzo de 2024, fecha en que finalizó la migración a los nuevos dispositivos. «Esta anomalía produce sus consecuencias tanto en la fase de instrucción ante el JVM (Juzgado de Violencia sobre la Mujer) como en la fase de enjuiciamiento, provocando una gran cantidad de sobreseimientos provisionales o fallos absolutorios», subraya.
También asegura que, en el Juzgado de lo Penal, «se impide que el legal representante del centro de control puede responder a las preguntas relativas a cualquier incidencia anterior a la fecha indicada, al no tener tampoco, acceso a la información; lo que, en muchos casos, aboca a una sentencia absolutoria».
La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha defendido, pese a los reiterados fallos, que «el sistema funciona». Este periódico también desveló los «múltiples fallos» en el sistema Viogén 2 que impiden proteger a las víctimas.
Así, los agentes ven cómo se les impide acceder a determinadas aplicaciones «que están bloqueadas o inaccesibles», así como «dificultades para cargar documentos y archivos adjuntos en los expedientes o incidencias en la conexión con otras bases de datos esenciales para la protección de la víctima».
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