PSOE y Podemos aprueban en el Congreso que el Gobierno persiga «discursos de odio» en las redes

La Comisión de Interior del Congreso de los Diputados ha aprobado este lunes con los votos de PSOE, Podemos y ERC una iniciativa de la formación de Pablo Iglesias para perseguir los «discursos de odio» en las redes sociales. Una medida que vuelve a traer polémica después de que el Jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil, el general José Manuel Santiago, revelara el pasado abril en Moncloa que el Ejecutivo socialcomunista estaba monitorizando las redes para «minimizar el clima contrario a la gestión de la crisis» del coronavirus.

Ahora, Podemos ha conseguido de la mano del PSOE instar al Gobierno a la adopción de una serie de medidas para prevenir la propagación de «discursos de odio» en las redes sociales, facilitando la vigilancia y la eliminación inmediata de tales mensajes. La proposición no de ley (PNL) ha salido adelante en la Comisión de Interior del Congreso con 19 votos a favor, 13 en contra y 4 abstenciones.

En concreto, Podemos y sus confluencias decidieron presentar su iniciativa con el argumento de que la irrupción del Covid ha generado, a su entender, «una creciente polarización» en la opinión pública que, organizada por diferentes grupos de presión, utiliza las redes sociales, portales digitales u otras plataformas virtuales para «señalar a determinados individuos o a grupos específicos como los causantes y responsables de la crisis sanitaria».

La formación del vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, afirma que «el dolor colectivo derivado del coronavirus se ha estado instrumentalizando con fines ideológicos». En concreto, el grupo confederal de Unidas Podemos emplaza al Gobierno a garantizar que los usuarios de las empresas tecnológicas dispongan de la información necesaria sobre «cómo denunciar los contenidos que inciten al odio».

En este contexto, plantean que se acelere la actuación contra estos mensajes, es decir, que se simplifiquen los mecanismos para denunciar este tipo de mensajes de odio o de violencia; que se reduzca el tiempo de procesamiento de esos contenidos y que los operadores de las empresas dispongan de 24 horas para eliminarlos de la Red y de solo una cuando las víctimas sean menores, informa Ep. Además, el partido de Iglesias quiere el Gobierno regule la obligatoriedad de que los operadores almacenen temporalmente el contenido de incitación al odio denunciado y de ponerlo a disposición de la autoridad judicial.

Los ‘tuits’ de Vox

En los últimos meses, el PSOE de Pedro Sánchez ha atacado a Vox por este flanco, atribuyéndole supuestos delitos de injuria y de odio en las redes sociales que luego ha desmentido la Justicia. Así, ocurrió el pasado septiembre cuando la Fiscalía Provincial de Madrid archivó diligencias de investigación derivadas de una denuncia presentada por el PSOE contra Vox por una serie de tuits en los que el partido de Santiago Abascal acusaba al Gobierno de «ocultar» las consecuencias de la pandemia de coronavirus. Según el Ministerio Público, «a pesar de lo criticable», tales mensajes no constituían delito.

El primero de los tuits a los que hacía referencia la denuncia del PSOE, todos ellos publicados en la cuenta oficial de Vox, era un vídeo que mostraba un garaje lleno de ataúdes alineados. «Las imágenes que el Gobierno quiere ocultar y las televisiones gubernamentales no emiten. El resultado de sus negligencias, sus ocultaciones y sus mentiras. DEP todos los españoles caídos en esta tragedia», añadió el partido de Abascal en el texto.

En un segundo mensaje, Vox publicó en el mes de abril una fotografía de la Gran Vía madrileña vacía de gente, solo con ataúdes cubiertos con la bandera española. «Los españoles están haciendo muchas imágenes de manera espontánea. Esta retrata perfectamente el dolor de esta tragedia que el Gobierno y sus satélites mediáticos pretenden ocultar», subrayó la tercera fuerza del país. Ahora, PSOE y Podemos instan al Gobierno a regular la persecución de estos mensajes.

Las empresas en lugar de los jueces

Durante el debate de este lunes en la Comisión de Interior, PP y Vox han cuestionado esta iniciativa en tanto pretende «atentar» contra la libertad de expresión. «Quieren implantar una Inquisición laica contra todo aquello que rompe sus esquemas ideológicos», ha advertido el diputado de Vox Manuel Mariscal.

Por su parte, el parlamentario del PP Eloy Suárez ha calificado de «disparate» que los adalides de «lo público» pretendan que las empresas tecnológicas privadas, en lugar de los jueces, decidan sobre lo que está bien o mal en las redes sociales. Además, Suárez ha dicho que resulta sorprendente que sea Podemos el que esté detrás de esta iniciativa, el partido que «ha señalado domicilios de jueces y diputados para escraches». «Ustedes pueden criticarlo todo pero a ustedes no se les puede decir la mínima palabra», ha lamentado el diputado popular, asegurando que su partido defenderá la libertad de expresión «hasta el último momento».