CEOE y Banco de España contra Gobierno y sindicatos: «No soportaríamos mejores salarios y menos jornada»

La patronal española CEOE y el Banco de España han reaccionado con estupor al lema de las manifestaciones del Primero de Mayo convocadas por los sindicatos y respaldadas hasta por once ministros del Gobierno, entre ellos la vicepresidenta primera y número dos del Partido Socialista, María Jesús Montero. La propuesta de las centrales UGT y Comisiones Obreras consiste en mejorar los salarios al tiempo que reducir la jornada laboral. Este planteamiento ha sido completamente asumido y es impulsado por la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, con el aparente beneplácito del resto del Ejecutivo, pero ha suscitado la preocupación y la inquietud tanto de la organización empresarial como del gobernador del banco central, Pablo Hernández de Cos.

Fuentes de ambas instituciones coinciden en señalar que «la economía española no soportaría esta nefasta combinación, que contribuiría a elevar los costes laborales en un momento en el que la inversión empresarial está en una situación de extrema fragilidad y cuando la productividad está hundida». El plan de Yolanda Díaz es ir caminando en la dirección de recortar la jornada laboral de las actuales 40 horas semanales hasta 35, aunque de manera progresiva, de modo que entre este año y el próximo quedara definitivamente establecida en 37,5 horas. Pero estos planes chocan frontalmente con la percepción que tienen tanto la CEOE como el Banco de España sobre las restricciones que afronta la economía española de cara a mantener un crecimiento sostenible en el futuro.

Por un lado, los costes laborales unitarios vienen mostrando un elevado crecimiento, a pesar de que se mantiene un repunte moderado en los salarios negociados (en línea con las recomendaciones fijadas en el V Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva). Esto se debe a que en los últimos trimestres la remuneración por asalariado en la economía de mercado ha venido registrando aumentos superiores a los incrementos salariales pactados en convenio.

Este crecimiento de la remuneración, en un entorno de subida de los pagos no salariales (y de manera especialmente intensa, de las cotizaciones sociales con el fin de financiar el gasto disparado de las pensiones), así como un débil comportamiento de la productividad ha generado aumentos de los costes laborales unitarios por encima de los observados en el resto de la Unión Monetaria desde el inicio de la pandemia, lo que acabará afectando a la competitividad de las empresas españolas.

Según ambas instituciones, una reducción de la jornada en tales circunstancias podría dañar aún más la capacidad de venta de las compañías, que no soportarían el nuevo escenario de menos horas legales de trabajo y al mismo tiempo un alza de los salarios. «Sería la ruina para muchas empresas, de manera particular para las pymes, que constituyen el grueso del tejido productivo, pero disponen de mucho menos margen de maniobra para hacer frente a un cóctel tan peligroso», apuntan fuentes de la patronal.

El gobernador Hernández de Cos ha sido muy claro al respecto en su última intervención pública. «Avanzar en la reducción de la jornada laboral sin contemplar ni la considerable heterogeneidad en la duración de la jornada entre distintos tipos de empresas y sectores ni las ganancias de productividad, que son las que permiten finalmente aumentos salariales y reducciones del número de horas trabajadas, conllevaría riesgos para el crecimiento del empleo», ha indicado. En este contexto, CEOE reclama que cualquier cambio en este aspecto crucial para las compañías se negocie «al margen del Gobierno y entre empresas y trabajadores, como hasta ahora ha venido sucediendo, ya que las nuevas condiciones afectarían a sectores que son muy diferentes y cualquier imposición oficial podría inducir la quiebra de muchas compañías».

La imposición arbitraria del Gobierno es lo mismo que ha sucedido con el Salario Mínimo Interprofesional (SMI), que ha aumentado un 54% desde 2018, superando el 60% del salario bruto mediano, con gran disparidad entre provincias. «Alcanzados estos niveles, sería conveniente que eventuales aumentos futuros del SMI tuvieran en cuenta –mediante un análisis anterior y detallado– los posibles efectos adversos que podrían suponer, en ausencia de mejoras en la productividad, para el empleo de determinados grupos de trabajadores, empresas y regiones», opina el Banco de España.

Tanto CEOE como el banco central opinan igualmente que otro de los problemas que acechan a la economía española es la incertidumbre política y la falta de consenso entre el Gobierno y la oposición sobre la estrategia económica. De acuerdo con los resultados de las últimas olas de la Encuesta del Banco de España sobre la Actividad Empresarial (EBAE), las empresas han percibido en los últimos trimestres un aumento de la incertidumbre sobre la política económica que estaría afectando negativamente a un 58% de las compañías, de forma que éste se ha convertido en el principal factor condicionante de la actividad reportado.

De mantenerse, estas dinámicas podrían llegar a incidir negativamente sobre las decisiones de inversión empresarial -en un contexto en el que ésta se ha mantenido muy débil en los últimos años- y sobre la senda de crecimiento futuro, según CEOE y el banco emisor.