El PP se movilizará en Bruselas para frenar la amnistía: «La UE ya intervino en el caso de Rumanía»

El PP de Alberto Núñez Feijóo se movilizará en Bruselas para tratar de que las instituciones de la Unión Europea impidan que la Ley de Amnistía pactada por el jefe del Gobierno en funciones, el socialista Pedro Sánchez, y sus socios independentistas no sea ejecutada en España.

Así lo indican fuentes de Génova, que ven «margen de maniobra» por parte de Bruselas para dificultar que Sánchez pueda llevar a término el indulto generalizado que ha aceptado desde 2012 hasta la actualidad para los encausados por el golpe del 1-O de 2017 en Cataluña. Un periodo que incluye así la última imputación del ex presidente de la Generalitat Carles Puigdemont por un presunto delito de terrorismo en la causa de Tsunami Democràtic.

Además, tales fuentes de la dirección nacional del PP ponen énfasis en que «la UE ya intervino en el caso de Rumanía», donde la Comisión Europea actuó en contra de un asunto de «corrupción política» donde se quiso perdonar a Liviu Dragnea, ex líder del Partido Socialdemócrata.

En el año 2017 el entonces Gobierno socialdemócrata de Rumanía dictó una decreto de amnistía que iba a beneficiar a Dragnea, investigado en ese momento por corrupción y con una condena previa por fraude electoral. Finalmente, en 2019 fue condenado a tres años y medio de cárcel por abuso de poder. Fue aquí cuando el intento de amnistía descarriló tras las advertencias de las UE, que influyeron en la opinión pública, un referéndum y un fallo del Tribunal Constitucional de aquel país.

En enero de 2019, coincidiendo con el periodo en que Rumanía asumía la presidencia rotatoria de la UE, el que era presidente de la Comisión, Jean-Claude Juncker, expresó el total rechazo de la Unión a aquel indulto extendido a corruptos. «De otorgarse la amnistía, como prevén algunos en este país, sería un paso atrás en el Estado de Derecho», manifestó.

«Europa se construye sobre la base del compromiso, pero no puede haber concesiones en lo que se refiere a lo esencial. Lo que es esencial se vería afectado negativamente si hubiera una amnistía», recalcó.

Por su parte, el entonces vicepresidente de la Comisión, Frans Timmermans, fue claro en su advertencia: «Si la Comisión debe ser brutal en su evaluación, lo será. Y si debemos utilizar otros instrumentos a nuestra disposición, lo haremos», expresó, instando así a Rumanía no aplicar la amnistía, puesto que ello iba a conllevar de manera directa su ingreso en la lista de países investigados por vulnerar el Estado de Derecho.

Los fondos de Hungría y Polonia

De igual modo, las fuentes de Génova señalan que «no hay que perder de vista» la cuestión de los fondos europeos, que ya han sido retenidos a países como Hungría y Polonia precisamente por incumplir las reglas comunitarias en cuestiones relativas a la separación de poderes, la independencia judicial o el respeto a derechos civiles.

La Comisión Europea ya ha pedido información a las «autoridades españolas» sobre la amnistía, según ha explicado el Ejecutivo socialcomunista, y está a la espera de «recibirla para poder hacer un análisis sobre la base del conjunto de los elementos pertinentes». El comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, ya ha expresado que existen «serias preocupaciones» en Bruselas sobre los pactos de PSOE con ERC y Junts que contemplan la futura ley de amnistía.

El CGPJ contacta con la Comisión

Entretanto, a través de una carta, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ya ha puesto en conocimiento de la UE «los graves episodios de ataque al Estado de Derecho» que suponen sendos acuerdos de Sánchez con los separatistas. En concreto, el órgano de gobierno de los jueces ha remitido la dos declaraciones adoptadas en su seno a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen; a la vicepresidenta del Gobierno comunitario, Vera Jourova; al propio Reynders; al presidente del Consejo Europeo, Charles Michel; y al jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, así como a la presidenta de la Red Europea de Consejos de Justicia, Dalia Vasariene.

La misiva alude a «los graves episodios de ataque al Estado de Derecho, a la separación de poderes y a la independencia judicial que se están viviendo en España». «Con el fin de obtener su apoyo para ser nombrado presidente del Gobierno de España, el actual presidente del Gobierno en funciones ha pactado con un prófugo de la justicia su impunidad por diversos delitos, entre ellos delitos de corrupción», recoge la carta.

El órgano de gobierno de los jueces alerta de que «el pacto incluye la posibilidad de investigaciones contra jueces que serían llevadas a cabo por partidos políticos en el Parlamento, vulnerando el marco de protección de la independencia judicial establecido en las leyes».

«En opinión del CGPJ, dichos pactos, tanto por su finalidad como por su contenido, suponen la abolición del Estado de Derecho en España y un ataque a la independencia judicial y a la división de poderes», sostiene.