El PP exige a Sánchez destinar 2 millones contra los abusos de menores tutelados que Montero no condena

La explotación de los menores tutelados en Baleares es una de las grandes polémicas que persigue al Gobierno de Pedro Sánchez. PSOE y Podemos han rechazado en reiteradas ocasiones que se investiguen estos casos, tanto a nivel autonómico como nacional, y se depuren las correspondientes responsabilidades. Los dos partidos aliados del Gobierno incluso han rechazado su competencia ante los requerimientos de la Unión Europea. Ante esta inacción, el Partido Popular ha lanzado una nueva ofensiva para obligar al Ejecutivo a retratarse en uno de sus mayores escándalos. Así, entre las enmiendas parciales a los Presupuestos Generales del Estado se recoge la exigencia de un plan «de detección y prevención integral de la explotación sexual infantil en los centros de protección», con una dotación de 2 millones de euros.

En la justificación de la enmienda, a la que ha tenido acceso OKDIARIO, los populares esgrimen que «la explotación sexual comercial infantil y adolescente es un delito que supone un atentado contra los derechos básicos de dignidad, autonomía, salud física y mental del niño explotado».

«Si bien es un delito que puede darse en distintos ámbitos de la sociedad», prosiguen desde el partido de Pablo Casado, «los informes de distintos expertos afirman que los menores más vulnerables están más expuestos y que la mayoría de víctimas de explotación sexual comercial infantil y adolescente identificadas han mantenido contacto con el sistema de protección debido, en parte, a sus experiencias de victimización, particularmente sexual, en sus familias de origen».

Desde el PP recuerdan que «en el último año los casos de menores explotadas sexualmente en centros de protección de menores en Baleares y Valencia han conmocionado a todo el país, coincidiendo los expertos en que las fugas que se dan en estos centros constituyen factores de riesgo y suponen una alta probabilidad de implicarse en redes de explotación sexual».

Por ello, estiman necesario aprovechar las conclusiones del informe de la comisión de expertos constituida a raíz de los 16 casos de explotación infantil de menores tuteladas en Mallorca y «establecer un plan de detección y prevención integral de la explotación sexual infantil que incluya las carencias que han detectado los expertos en dicho informe».

Esto es, destacan: formación especializada para los profesionales de los centros de menores que permita detectar los casos sospechosos o más expuestos al riesgo de explotación sexual; incrementar la conciencia y sensibilización social; mejorar la coordinación y sensibilización de los distintos profesionales y servicios en contacto con la infancia y la adolescencia en los diferentes ámbitos en los que se relacionan; ir hacia una política de centros residenciales con colectivos más homogéneos, acogedores y en un ambiente familiar para minimizar el riesgo de fugas y garantizar recursos especializados para víctimas de explotación sexual de niños y adolescentes, que no existen en todas las comunidades.

Como informó OKDIARIO, el Parlamento Europeo enviará próximamente una investigación a Baleares para estudiar los casos de explotación a 16 menores tutelados en las islas.

PSOE y Podemos se niegan a investigar

Todos los intentos de investigación, tanto en el Parlamento de Baleares como en el Congreso de los Diputados, han caído en saco roto por la oposición de PSOE, Podemos y sus socios.

En su día, los partidos aliados de Francina Armengol en el Gobierno de Baleares impidieron la creación de una comisión de investigación en el Parlamento balear para depurar las oportunas responsabilidades. Más tarde, PSOE y Podemos vetaron en el Congreso de los Diputados una solicitud de PP y Ciudadanos para crear una comisión que investigase los abusos. Desde Podemos se ha rechazado sistemáticamente asumir responsabilidades por este asunto e incluso se ha atacado a la oposición por convertirlo, alegan, en una «disputa política».

Precisamente, Parlamento Europeo reclamó en su momento explicaciones a Fernando Grande-Marlaska y Pablo Iglesias quien, en su respuesta, revelada por OKDIARIO, esquivaba cualquier responsabilidad alegando que «la protección a la infancia y, en concreto, la gestión de los centros de protección de menores son un ámbito de competencia exclusiva de las comunidades autónomas».

Cabe recordar, asimismo, que Bruselas tiene abierto un procedimiento de infracción contra España y otros 22 países europeos por no haber incorporado de forma correcta una directiva para luchar contra los abusos y la explotación sexual -que exige a los Estados miembros tomar medidas para evitar este tipo de situaciones- y, actualmente, se encuentra «evaluando» las respuestas que envió el Gobierno español justificando su retraso.