El Parlamento Europeo enviará una misión a Baleares para investigar la explotación de menores tutelados

menores tutelados Baleares
Pedro Sánchez con Francina Armengol
Luz Sela
  • Luz Sela
  • Periodista política. En OKDIARIO desde 2016. Cubriendo la información del Congreso de los Diputados. Licenciada en Periodismo por la Universidad de Santiago de Compostela. Antes, en COPE, ABC Punto Radio y Libertad Digital.

La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo ha decidido este jueves enviar una misión de investigación a Baleares para estudiar los casos de explotación a 16 menores tutelados en las islas. La misión ha salido adelante con amplia mayoría, mientras que el PSOE ha optado por apoyar otras iniciativas.

La misión tendrá lugar durante 2022, y ha sido aprobada en la reunión de coordinadores de todos los grupos de la Eurocámara presentes en esa comisión parlamentaria, según ha podido saber OKDIARIO.

El envío de esta misión se produce después de que la Comisión de Peticiones, que preside la popular Dolors Montserrat, discutiera, el 26 de enero de este año y a raíz de una petición presentada por ciudadanos particulares, los graves casos de explotación a menores que se encontraban en centros tutelados gestionados por las autoridades de Baleares.

En esa reunión, la eurodiputada balear del PP, Rosa Estaràs, ya pidió el envío de una misión para contribuir a esclarecer las circunstancias en las que se han producido esos casos de explotación.

«Los derechos de los niños son prioritarios en la Unión Europea, por lo que el envío de esta misión es muy positivo para contribuir a resolver estos casos y para que se tomen las medidas necesarias para que evitar que estos hechos tan graves puedan repetirse en el futuro», ha señalado Estaràs, que ha recordado también que «el papel de Europa puede ser particularmente relevante en este caso, porque lamentablemente PSOE, Més y Unidas Podemos han evitado con sus votos que se creara una comisión de investigación al respecto en Baleares».

La Eurocámara se ha mantenido especialmente vigilante sobre este caso, que tratan de silenciar los partidos socios del Gobierno. En enero, los socialistas pidieron cerrar la investigación europea y alegaron que los menores han sufrido una «doble victimización» al ser usados «mediáticamente» para la obtención de un «rédito político».

Veto a la investigación

Los intentos de investigación, tanto en el Parlamento de Baleares como en el Congreso de los Diputados, han caído en saco roto por la oposición de PSOE, Podemos y sus socios.

Los partidos que componen el Gobierno de Francina Armengol votaron en su momento en contra de la creación de una comisión de investigación en el Parlamento balear para depurar responsabilidades sobre estos abusos.

Posteriormente, los socios del Gobierno socialcomunista vetaron en el Congreso la admisión de una solicitud de PP y Ciudadanos para crear en la Cámara alta una comisión que investigase los abusos.

En su día, Pablo Iglesias también rechazó asumir responsabilidades en este asunto. En un debate en el Congreso, el entonces líder de Podemos incluso acusó al PP de «demostrar su indignidad en este tema» al convertirlo en una «disputa política».

Precisamente, el Parlamento Europeo reclamó explicaciones al Ministerio del Interior y al de Derechos Sociales y Agenda 2030 por estos abusos. En su respuesta, revelada por OKDIARIO, el departamento entonces en manos de Iglesias esquivó cualquier responsabilidad alegando que «la protección a la infancia y, en concreto, la gestión de los centros de protección de menores son un ámbito de competencia exclusiva de las comunidades autónomas».

En la carta remitida a la Eurocámara -y consultada por este periódico- el Ministerio se limitó a enfatizar los supuestos logros en protección de menores, eludiendo toda explicación sobre el caso.

Bruselas tiene abierto un procedimiento de infracción contra España y otros 22 países europeos por no haber incorporado de forma correcta una directiva para luchar contra los abusos y la explotación sexual -que exige a los Estados miembros tomar medidas para evitar este tipo de situaciones- y, actualmente, se encuentra «evaluando» las respuestas que envió el Gobierno español justificando su retraso.

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