El reparto político del CGPJ llega a Bruselas como paso previo a una denuncia ante el TJUE

La politización del Poder Judicial español llega a la Comisión Europea como paso previo para una denuncia en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). El sindicato Manos Limpias ha presentado ante el organismo comunitario una denuncia contra el Gobierno de España por el incumplimiento del artículo 122.3 de la Constitución Española en el pacto de renovación del CGPJ suscrito por el ministro del PSOE Félix Bolaños y el PP. Este artículo señala que «la Ley Orgánica del Poder Judicial determinará la constitución, funcionamiento y gobierno de los juzgados y tribunales». 

La Comisión Europea ha recibido la primera denuncia sobre el pacto de renovación del órgano de Gobierno de los jueces. Las negociaciones se remontan al pasado 25 de junio de 2024, cuando se llega a un acuerdo en Bruselas para renovar el CGPJ. El acuerdo lo firma Félix Bolaños, en representación del PSOE; Esteban González Pons en nombre del PP; y el entonces Comisario Europeo de Justicia Didier Reynders. Todo ello con el visto bueno de la vicepresidenta de la Comisión Europea, Vera Jourová. En ese pacto se reparten los 20 vocales del CGPJ: 10 para el PSOE y 10 para el PP.

Al mismo tiempo se acuerda que se inicie inmediatamente un proceso con vistas a adaptar el nombramiento de jueces. El 2 de agosto de 2024, se reforma la Ley Orgánica 6/85 de 1 de julio del Poder judicial y se acuerda modificar la disposición adicional sobre la elección de los vocales del CGPJ. En el plazo de seis meses, el Consejo debía elaborar un informe con objeto de examinar esta cuestión y los sistemas europeos de elección de los miembros de los Consejos de la Magistratura análogos al CGPJ español. Dicha propuesta tendría que haber sido trasladada al Gobierno, al Congreso de los Diputados y al Senado para su debate como Proyecto de Ley.

«Este mandato no se ha cumplido», expone la denuncia y argumenta que, a su juicio, no se han cumplido con los estándares europeos. Sobre este último extremo, los denunciantes alegan que en los Consejos Generales de los países de la Unión Europea los vocales tienen que ser elegidos por sus iguales o pares. «Ello no se cumple en España y esto supone un retroceso del Estado de Derecho. Ya existen antecedentes de condena a países de la Unión Europea que han violado el Estado de Derecho, al no estar garantizada la independencia judicial, ni cumplir con los estándares de la Unión Europea. Polonia y Rumania han sido sancionadas», exponen.

Los denunciantes, además, alegan que el acuerdo suscrito en Bruselas para la renovación del CGPJ supuso «un mero parche de emergencia que no garantizaba el cumplimiento de la Constitución, ni de los estándares europeos».

Recomendaciones

Manos Limpias recuerda en su denuncia que instituciones europeas como la Comisión de Venecia, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el Grupo de Estados contra la Corrupción o el Consejo de Europa recomiendan que, no menos de la mitad de los miembros del CGPJ, deberían ser nombrados entre sus pares. Todo ello sin intervención del Poder Ejecutivo ni del Legislativo.

«La sociedad española tiene un concepto, y con toda la razón, de un poder judicial politizado y que está valorado por los españoles con un claro suspenso. A la lentitud de los procesos, se une la politización y lo que se conoce como puertas giratorias de jueces y fiscales. A ello hay que añadir la injerencia descarada del Poder Ejecutivo sobre el Poder Judicial», exponen en la denuncia presentada ante la Comisión Europea y recogida por OKDIARIO.

Más denuncias

Los atropellos judiciales del Gobierno han sido denunciados también por una plataforma de más de 20 asociaciones, lideradas por Amalio Marichalar, que han remitido a la Comisión Europea, en sucesivas ocasiones, miles de firmas con la aprobación ilegal, inconstitucional e incluso delictiva de la Ley de Amnistía que suponía, a su juicio, una flagrante violación de Estado de Derecho.

Asimismo, la Plataforma 6F, que lidera la ciudadana Lola Guzmán, representando los intereses de los agricultores y ganaderos de España, remitió también a la Comisión Europea una petición al respecto de defensa de los agricultores y ganaderos españoles y donde se pone de manifiesto la vulneración del Estado de Derecho en España.