Policías y guardias civiles convocan una gran manifestación en Barcelona contra las cesiones del Gobierno

La entrega de competencias de Inmigración al Gobierno catalán ha prendido la mecha de la protesta entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Todos los sindicatos policiales y asociaciones de la Guardia Civil se han unido contra las cesiones del Gobierno a Cataluña en materia de seguridad pública y convocan una gran manifestación en la ciudad catalana el próximo día 30 de mayo para rechazar la expulsión de la Policía Nacional y de la Guardia Civil de Cataluña.

La concentración contra «la cesión ilegal de competencias por parte del Gobierno» tendrá lugar a las 12:00 del próximo día 30 frente a la Delegación del Gobierno en Barcelona, en la calle Mallorca 278. Se trata de la primera movilización convocada por la recién nacida «Plataforma P.N y G.C S.O.S Cataluña» que integran los sindicatos policiales JUPOL, SUP, UFP, SPP y CEP, junto a las asociaciones de guardias civiles AUGC, JUCIL, UO (Unión de Oficiales), IGC y AEGC.

La mencionada plataforma es, según sus convocantes, «una respuesta legítima, coordinada y legal ante la cesión de competencias pactada entre el Gobierno del PSOE y el partido JUNTS per Catalunya».

Cesión de competencias de inmgración

Aunque el malestar general entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado con el Gobierno era algo sabido, el detonante que ha llevado a la creación de esta plataforma ha sido el acuerdo registrado en el Congreso el día 4 de marzo de 2025 que propone una Ley Orgánica para delegar competencias en materia de inmigración a la Generalitat de Cataluña.

«Se trata de un ataque directo al marco constitucional, al Estatuto de autonomía de Cataluña y al sistema nacional de seguridad pública. Las funciones que se pretenden transferir vulneran frontalmente la Constitución Española, la Ley Orgánica de FCS y las propias competencias de los Mossos d’Esquadra», denuncian los convocantes.

Los representantes de los policías y guardias civiles creen que el pacto y las cesiones del Gobierno a Cataluña son inconstitucionales, invaden competencias exclusivas del Estado y «amenazan la unidad institucional».  Según los convocantes, el Gobierno y Cataluña vulnerarían el Estatuto de Autonomía y la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

Silencio institucional

Los convocantes, la práctica totalidad de los representantes de policías nacionales y guardias civiles, critican también el «silencio denigrante de la Delegación del Gobierno en Cataluña.

Aseguran que el delegado del Gobierno en Cataluña hace oídos sordos a las continuas peticiones de reunión que cada uno de los sindicatos de Policía Nacional y asociaciones profesionales representativas de la Guardia Civil en Cataluña han efectuado, por vía formal, institucional y documentada.

«No ha respondido a ninguna. No ha emitido un solo acuse de recibo. No ha realizado ninguna convocatoria de reunión. No ha mostrado el menor respeto institucional hacia los representantes legítimos de quienes garantizan la seguridad del Estado en Cataluña», detallan, y denuncian que es un acto inaceptable por parte del Gobierno.

En consecuencia, piden la paralización inmediata del trámite legislativo que permitirían las cesiones del Gobierno a Cataluña y, en contraposición, que se refuercen con más efectivos a la Guardia Civil y a la Policía Nacional en Cataluña.