Los policías acusan al Gobierno de ocultarles las protestas por la vivienda para que no actúen: «Quieren que las calles ardan»

Los policías acusan al Gobierno de Pedro Sánchez de ocultarles las protestas por la vivienda para que no actúen: «Quieren que las calles ardan». Los agentes afirman que las distintas delegaciones del Gobierno los están dejando «a ciegas, sin órdenes de servicio, ante las manifestaciones y la creciente conflictividad social».

Lo habitual es que las delegaciones del Gobierno informen a la Policía Nacional ante cualquier tipo de manifestación que pueda afectar al orden público. Sin embargo, actualmente esto no está ocurriendo, según sostienen los agentes, que sienten que el Ejecutivo los está dejando «a los pies de los caballos». «Tenernos a ciegas es de una irresponsabilidad de extrema gravedad», critican.

Ha sido el sindicato Jupol, el mayoritario en la Policía Nacional, quien ha denunciado públicamente esta «situación sin precedentes». «Esta decisión, con la excusa de que el Gobierno se encuentra en funciones, es absolutamente deliberada y con un interés político», declara a OKDIARIO Ibón Domínguez, portavoz de Jupol.

Además, subraya que esta decisión es de «una gravedad extrema, ya que no sólo pone en riesgo a los policías nacionales encargados del orden público», como son los efectivos de la Unidad de Intervención Policial (UIP) –los antidisturbios– y la Unidad de Prevención y Reacción (UPR), «sino también a la ciudadanía, ya que puede provocar graves alteraciones graves del orden público que afecten a la seguridad ciudadana».

«Parece que quieran que las calles ardan en una situación de conflicto social ante unas elecciones generales, donde va a haber una campaña electoral, y ante una convocatoria de huelga general, lo cual es gravísimo», recalca el portavoz de Jupol.

El pasado fin de semana una de estas protestas se saldó con hasta nueve policías heridos en Valencia en los disturbios generados por grupos radicales de izquierda frente al Palacio de las Artes, donde se celebraba un congreso inmobiliario. Según informa Jupol, pese a que se sabía de antemano que dicha movilización iba a ser multitudinaria y había cinco grupos de UIP operativos en Valencia, Interior «sólo mandó un grupo que, además, ni siquiera estaba completo, y contaba con apenas 40 policías, por lo que «dejó a los agentes absolutamente vendidos» ante la turba de manifestantes.

Ni órdenes ni instrucciones operativas

En concreto, Jupol denuncia la «grave ausencia de órdenes de servicio e instrucciones operativas por parte de distintas delegaciones y subdelegaciones del Gobierno para la planificación de dispositivos de orden público». Una situación constatada especialmente en Madrid y que, según la información recabada por esta organización sindical, también afecta a otros territorios.

«La situación resulta especialmente alarmante por la falta de información a la Policía Nacional sobre manifestaciones comunicadas, concentraciones y otros acontecimientos que pueden afectar al orden público», explica, destacando que «privar a los responsables policiales de la información y de las instrucciones necesarias para planificar sus dispositivos compromete la anticipación, la coordinación y la capacidad de respuesta de las unidades encargadas de garantizar la seguridad ciudadana y el orden público».

Jupol subraya que «nunca había conocido una situación de estas características». «Ni siquiera en anteriores periodos con un Gobierno en funciones se había producido una interrupción de los procedimientos habituales para organizar los servicios policiales ante acontecimientos que requieren la intervención de las unidades especializadas en orden público», afirma este sindicato.

Además, señala que «la gravedad de esta situación aumenta por la coincidencia con la convocatoria de elecciones, la proximidad de la campaña electoral, la huelga general convocada el 11 de noviembre y un escenario de creciente conflictividad social por la situación de la vivienda». «Un Gobierno en funciones no puede convertirse en una excusa para desatender las obligaciones de coordinación y planificación que resultan esenciales para garantizar el orden público», sentencia este sindicato.

Jupol considera «absolutamente inadmisible que, precisamente cuando la previsión y la coordinación resultan más necesarias, los policías puedan verse obligados a afrontar acontecimientos de relevancia para la seguridad ciudadana sin las instrucciones operativas necesarias para organizar adecuadamente sus actuaciones».

«La información sobre las manifestaciones comunicadas y los demás eventos con incidencia en el orden público debe llegar a quienes tienen la responsabilidad de planificar y ejecutar los dispositivos de seguridad», insiste este sindicato, para el que «la acumulación de estas decisiones y su coincidencia con un momento de máxima tensión social hacen temer que se esté favoreciendo, de forma irresponsable, un escenario de mayor conflictividad en las calles, con consecuencias imprevisibles para la convivencia y la seguridad pública».

Los policías sopesan ir a los tribunales

Ante la gravedad de los hechos, los servicios jurídicos de Jupol están estudiando esta problemática para determinar si estas actuaciones u omisiones pudieran ser susceptibles de reproche jurídico y, en su caso, qué medidas legales procedería adoptar.

Jupol reclama que se aclare «por qué se están produciendo estas carencias, quién ha decidido o permitido la interrupción de los procedimientos habituales y qué medidas se van a adoptar para evitar que esta situación se prolongue». La organización sindical advierte de que «la falta de explicaciones alimenta una preocupación legítima sobre la posible incidencia de los intereses políticos y del calendario electoral en el funcionamiento ordinario de los dispositivos policiales».

Por todo ello, Jupol exige a las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno afectadas y al Ministerio del Interior el restablecimiento inmediato de los procedimientos habituales de comunicación, planificación y emisión de órdenes de servicio; así como la información oportuna y completa a los responsables policiales sobre las manifestaciones comunicadas y los demás acontecimientos que puedan afectar al orden público.

También reclama explicaciones formales sobre las causas de esta situación y las responsabilidades en la falta de coordinación detectada, y garantías de que ningún interés político o electoral interferirá en la planificación de los servicios destinados a proteger a los ciudadanos y a los propios policías.

«La Policía Nacional no puede trabajar a ciegas, ni sus unidades de orden público quedar expuestas a la improvisación por la ausencia de instrucciones que deberían formar parte de la planificación ordinaria del servicio», destaca este sindicato, haciendo hincapié en que «la seguridad ciudadana no admite vacíos de coordinación, ni excusas administrativas, ni parálisis institucional».

«Estar en funciones no exime al Gobierno de sus responsabilidades», concluye.