Podemos se une a separatistas y a Bildu en el Congreso en una iniciativa para marginar el español

Podemos confirma su alianza con Bildu y los partidos independentistas. El partido de Pablo Iglesias ha firmado una iniciativa en el Congreso de los Diputados para impulsar las lenguas regionales y asegurar su uso en la administración del Estado.

La Proposición No de Ley, suscrita, además de por Podemos, por Bildu, ERC, PDeCAT, Compromís, PNV, CUP y Equo, defiende que «el Estado español debe cumplir los acuerdos y tratados internacionales que ha ratificado, como la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias» y «debe garantizar la igualdad, libertad y justicia para toda la ciudadanía, en un Estado democrático basado en los valores de los Derechos humanos, la diversidad y el pluralismo».

Así, los firmantes consideran que «un Estado debe ser excluyente con todas las discriminaciones, sea cual sea su razón, también la lingüística». Por ello, arremeten contra «la tradición monolingüe en la administración central» y avisan que se debe «ser consciente de la discriminación a la que han sido sometidos los hablantes de estas lenguas». Por ello, se pide «generar políticas activas de recuperación de su dignidad y autoestima que permitan el ejercicio efectivo de sus derechos lingüísticos».

La iniciativa persigue, por un lado, extender las lenguas oficiales en la administración «con independencia de su ubicación física». Así, se pide «asumir la realidad plurilingüe y garantizar que la administración del Estado funcione en las diferentes lenguas independientemente de su ubicación física, entre otros, en las Cortes generales, los Tribunales Constitucional, Supremo y Audiencia Nacional y organismos como la Agencia Tributaria o la Seguridad social», además de «empresas y entidades públicas como RTVE».

Por otro lado, se pide «garantizar el deber de conocimiento por parte del funcionariado que preste servicios en territorios con lengua propia, así como impulsar las medidas adecuadas para extender el conocimiento generalizado de las lenguas en sus respectivos territorios».

Lenguas no oficiales

En otro punto, estas formaciones reclaman «impulsar y apoyar reformas estatutarias para la oficialidad de las lenguas propias que aún no son oficiales en una parte o la totalidad del territorio donde se hablan».

«Garantizar la igualdad lingüística del Estado, extendiendo deberes y derechos de los que hasta ahora sólo se ha beneficiado el castellano, incluida la de Justicia, su uso generalizado en las páginas oficiales y su reconocimiento a nivel internacional en paridad con el castellano», es otra de las propuestas.

También se insta a «poner fin a la imposición legal exclusiva del castellano en la normativa estatal, que afecta de manera frontal al ámbito económico y singularmente al etiquetado, y emprender una política decidida para difundir el conocimiento de todas las lenguas del Estado».

También se contempla «permitir el uso administrativo de las distintas lenguas en territorios del mismo espacio lingüístico, dentro y fuera de las fronteras administrativas, sin barreras y firmando acuerdos para la recepción recíproca de medios de comunicación dentro de esos espacios».

Por último, se pide un «respeto real, basado en derechos y deberes y en la actuación comprometida de todos los poderes del Estado».

Polémica enmienda

La iniciativa se suma a la polémica enmienda presentada por PSOE, Podemos y ERC a la conocida como Ley Celaá para excluir el castellano como lengua vehicular en la enseñanza.

La medida fija que las administraciones garantizarán el derecho de los alumnos a recibir enseñanza en castellano y en las lenguas cooficiales en sus respectivos territorios de acuerdo a la Constitución, los estatutos de autonomía y la normativa aplicable, pero se retira la frase que venía en el proyecto de la Lomloe: «castellano, lengua oficial del Estado»

También se elimina la frase «el castellano y las lenguas cooficiales tienen la consideración de lenguas vehiculares», según el documento aprobado en el Congreso.

La nueva ley de Educación abre además la puerta a que los gobiernos autonómicos puedan imponer lenguas que no tienen ni siquiera la consideración de oficial.

«Aquellas comunidades autónomas en las que existan lenguas cooficiales que no tienen ese carácter en todo su territorio o lenguas no oficiales que gocen de protección legal podrán ofrecerlas en los términos que determine su normativa reguladora», se recoge en el texto.

De esta forma, se busca así fomentar, además de las lenguas co-oficiales, aquellas que ni siquiera son consideradas como tales, ni compartidas en todo el territorio de una comunidad autónoma, como el caso del bable en Asturias, en detrimento del español.

El Gobierno aprobó hace unas semanas la controvertida ley por una mayoría parlamentaria ajustadísima y pese a las críticas recibidas por parte de la oposición, las propias asociaciones de padres y madres y colectivos de docentes. El debate en el Congreso acabó con gritos de «¡Libertad, libertad, libertad!» desde las bancadas de PP, Vox y Ciudadanos.