Podemos quiere obligar a reservar plazas para trans en las oposiciones a funcionario

Podemos quiere ir más allá tras aprobar la polémica Ley Trans, que permite el cambio de sexo sin control a partir de los 12 años. La formación morada recoge, entre su batería de medidas para el 28M, la obligación de que las Administraciones Públicas reserven puestos de trabajo para este colectivo -cupo trans- con el fin de «garantizar el acceso al empleo en condiciones de igualdad», afirman en su programa marco, Valentía para transformar.

La propuesta, muy controvertida, permitirá reservar así por ley un porcentaje de plazas para quienes afirmen ser trans. Cabe recordar que, según la nueva norma, los mayores de 12 años podrán promover el cambio de sexo registral sin necesidad de contar con informes médicos ni someterse a un tratamiento hormonal durante al menos dos años, como ocurría hasta ahora. De esta forma, bastará con la mera declaración del interesado -lo que se conoce como autodeterminación de género- para instar a dicha modificación en el Registro Civil. La ley no contempla ningún mecanismo para prevenir los posibles fraudes.

El programa de Podemos para las elecciones municipales y autonómicas contempla, asimismo, la «creación de planes de formación y capacitación específicos para la comunidad LGTBI y, particularmente, para las personas trans». Además, en el ámbito educativo, se promoverá la «elaboración de un plan de diversidad sexual y de género que eduque en la diversidad sexual y afectiva», incluyendo la formación del profesorado. Podemos también propone la «creación de centros sanitarios de referencia para la comunidad LGTBI» o una campaña de «municipios seguros» para este colectivo, además de fomentar «contenidos y proyectos impulsados por personas LGTBI en promoción de la cultura y equipamientos culturales municipales». Por otro lado, se incorporará la perspectiva de derechos LGTBI en todas las políticas de evaluación e información de situaciones de necesidad social, y atención inmediata a personas en situación (o riesgo) de exclusión social.

La reserva de cupo para los trans ha provocado distintas polémicas que formalmente sólo se aplica en Aragón. Esta región, presidida por el socialista Javier Lambán, obliga a reservar al menos un 1% de las plazas ofertadas de empleo público para este colectivo. Hace unos meses, una asociación denunció la convocatoria de distintos procesos selectivos en Cataluña con plazas específicas para trans. A los interesados sólo se les exigía una «declaración responsable» para «acreditar» su condición.

Fraudes

Y es que, al margen de la controversia que supone esta medida, la Ley Trans no recoge ningún mecanismo para prevenir o sancionar situaciones de fraude, teniendo en cuenta que para cambiar el sexo en el registro basta la mera declaración del interesado. De los 14 a los 16 años, el menor sólo tendrá que estar acompañado por sus padres y, si no cuenta con su consentimiento, se nombrará un «defensor judicial». De los 12 a los 14 años también se podrá modificar el sexo registral si se dispone de la autorización de un juez, que difícilmente se opondrá al proceso. Los menores de 12 años no podrán instar el cambio de sexo, pero sí de nombre.

Como ha publicado OKDIARIO, en la mayoría de casos, los interesados que han acudido a los registros para solicitar la modificación de sexo son hombres que piden cambiar su mención registral a mujer. Y muchos de ellos, ni siquiera solicitan el cambio de nombre de varón.

Argentina

La Ley Trans no recoge específicamente esa reserva de plazas que ahora pretende Podemos. Las Administraciones Públicas, según se indica, deberán «implantar medidas para la promoción y defensa de la igualdad de trato y no discriminación de las personas LGTBI en el acceso al empleo público y carrera profesional». Además, la ley obliga a incluir «conocimientos» sobre este ámbito en los temarios de las oposiciones.

Argentina, un país cuyas políticas públicas son frecuentemente alabadas por Podemos, fue pionera en este cupo trans en las Administraciones Públicas. En 2020, el Gobierno del peronista Alberto Fernández aprobó la Ley de Promoción del Acceso al Empleo Formal para personas Travestis, Transexuales y Transgénero, que obliga al sector público a contar con un 1% de representación de este colectivo en sus puestos de trabajo.