España
Proposición de Ley

Podemos contra la propiedad privada: quiere obligar a ceder su vivienda vacía a cualquier propietario

  • Luz Sela
  • Periodista política. En OKDIARIO desde 2016. Cubriendo la información del Congreso de los Diputados. Licenciada en Periodismo por la Universidad de Santiago de Compostela. Antes, en COPE, ABC Punto Radio y Libertad Digital.

Podemos endurece su guerra contra la propiedad privada. La formación de Pablo Iglesias abre la puerta a que cualquier propietario tenga la obligación de ceder su vivienda vacía para alquiler social, en situaciones de vulnerabilidad.

Así se recoge en la Proposición de Ley de emergencia habitacional en familias vulnerables en el ámbito habitacional y de la pobreza energética, registrada recientemente por Podemos, ERC y el Grupo Mixto.

En concreto, el apartado ‘Medidas para aumentar el parque de vivienda social’ incorpora novedades importantes, incluso sobre el propio discurso de Podemos.

La iniciativa obliga a la cesión de viviendas vacías no sólo a grandes tenedores, como ocurría hasta ahora, sino a propietarios privados, en «ámbitos territoriales de demanda acreditada», extremo que no se aclara. 

El partido no indica cuánto tiempo tienen que haber estado desocupadas esas viviendas, con lo que sitúa a los propietarios en una enorme inseguridad jurídica.

Sí se habla en cambio de los plazos de cesión de esas propiedades, que pasarán a ser gestionadas por la administración pública y destinadas al parque público: 20 años en el caso de «grandes tenedores» y 10, en el de viviendas de titularidad privada.

Gran tenedor: a partir de 5 viviendas

El mismo concepto de «gran tenedor» también se endurece. Podemos quiere que los propietarios que tengan más de cinco viviendas, o éstas sumen más de 800 metros cuadrados, sean ya considerados como tales. Hasta ahora, el mínimo se fijaba en 10 propiedades, e incluso Podemos lo recogía así en su programa de las elecciones generales.

Además, el partido obliga a la cesión obligatoria de edificios residenciales de titularidad privada que hayan permanecido sin uso y vacíos durante un plazo de un año «en aquellos ámbitos territoriales en los que exista demanda acreditada de vivienda asequible». De nuevo, se cerca a los propietarios, ya que hasta ahora, el tiempo mínimo para considerar la cesión obligatoria era de dos años. 

Regularizar la ‘0kupación’

Podemos abre también la puerta a regularizar la ‘okupación’. Así, la iniciativa contempla que «en los supuestos en los que las viviendas objetos de cesión estuvieran ocupadas por personas en exclusión residencial, la administración pública titular de esa vivienda procederá a la regularización de sus ocupantes mediante la formalización de un contrato de alquiler social ajustado a sus ingresos».  En los casos de menor renta, ese alquiler no podrá superar el 10 por ciento de ésta.

El partido de Pablo Iglesias considera personas en «exclusión residencial» aquellas que ingresen menos de 2,5 veces el IPREM (indicador público de renta de efectos múltiples). Esto es, 18.798,97 euros anuales en este 2018.

También los propietarios privados, grandes tenedores, estarán obligados a ofrecer un alquiler accesible en caso de que sus inquilinos no les paguen el alquiler, siempre que estos se encuentren en esa misma situación.

En caso de que no sea posible ofrecer un alquiler más barato en esa misma propiedad, estará obligado a ofrecer una alternativa en el mismo municipio y con características «análogas» a la anterior vivienda. El contrato de alquiler social tendrá una duración mínima de cinco años, «prorrogable si la situación de vulnerabilidad se mantiene».

Agua y luz gratis a okupas

Podemos habla abiertamente de las personas que se encuentran en «situación de ocupación sin título habilitante», aquellas, dice el partido de Pablo Iglesias, «en situación de exclusión residencial» y que «ocupan de manera pacífica y continuada la vivienda que constituye su vivienda habitual». En este caso estarían, por ejemplo, los okupas.

El artículo 31 de la ley establece que «en los casos de personas o unidades familiares en riesgo de exclusión residencial que vivan en hogares sin titularidad de la vivienda ni/o contrato del servicio, la empresa suministradora se compromete a regularizar el servicio. La empresa con dicha responsabilidad pondrá contador sin repercutir ningún coste sobre la persona o unidad familiar».