Podemos manipuló documentos oficiales para ocultar la explotación laboral de sus escoltas

OKDIARIO ha accedido a dos documentos de Podemos que demuestran cómo la formación contrató ilegalmente a sus escoltas, los adscribió al Área de Transporte y Logística como chóferes y lo hizo a sabiendas de que algunos de ellos carecían de la titulación obligatoria para el puesto. Con la intención de ocultar dichas irregularidades laborales, el partido liderado por Pablo Iglesias e Irene Montero manipuló un documento oficial -el análisis de riesgos penales- en contra del criterio del equipo jurídico.

El responsable de cumplimiento normativo de Podemos en 2017, Raúl Carballedo, confeccionó un informe, al que ha tenido acceso en exclusiva este diario, en el que se detallaba el organigrama de la formación y los puestos y funciones desarrollados por cada uno de sus miembros.

En una primera versión del mismo, Carballedo describe la estructura del partido haciendo mención expresa a la existencia de un departamento de seguridad con “escoltas” e identificando con nombres y apellidos a cada uno de ellos. Además de indicar cuáles de ellos disponían de la acreditación necesaria del Ministerio del Interior y cuáles estaban en proceso de obtenerla.

Tras la advertencia del Área Legal de Podemos sobre la gravedad de reconocer que los trabajadores contratados para conducir los vehículos de los entonces portavoces, Pablo Iglesias e Íñigo Errejón, desempeñaban funciones propias de un puesto para el que no habían sido incorporados -“acompañamiento, defensa y seguridad de personas»- Carballedo eliminaba, en una segunda versión del documento, dicha referencia.

Departamento de Seguridad

El informe de Podemos sobre el departamento de Seguridad del partido afirma que además de encargarse de la gestión y coordinación del equipo de logística-transporte, recepción y el voluntariado de respeto, era el área concebida para “la seguridad del partido y sus principales portavoces”.

Y asignaba a su Director de Seguridad, Sergio Illanes, la misión de organizar “los diferentes equipos, la dirección, inspección y administración de los servicios” prestados y contratados; la “implantación de los planes de seguridad, control de funcionamiento y mantenimiento de los sistemas de seguridad privada”; “comunicación e interlocuciones con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado”, tanto a nivel operativo como vía contacto telefónico; y, la “creación de los presupuestos del departamento”, incluida la búsqueda de “formación activa para el equipo de Logística-Seguridad”.

El propio Illanes advirtió a la cúpula de Podemos de la situación irregular de sus chóferes-escoltas, entre los que se encontraba la trabajadora a la que Irene Montero convirtió en recadera y que ahora demanda a la formación morada por despido improcedente y “trato discriminatorio”. Le preocupaban las elevadas sanciones administrativas a las que se enfrentaría el partido de no regularizar la situación laboral de dichos profesionales y las consecuencias penales -incluido un posible delito de intrusismo- a las que se enfrentaban tanto la formación como los propios trabajadores afectados.

No en vano, en último término, a él correspondía la coordinación del equipo humano y la coordinación territorial de los denominados “voluntarios de respeto”, afiliados y simpatizantes del partido encargados de colaborar en la seguridad de los eventos multitudinarios de la formación como, por ejemplo, los dos mítines de Vistalegre.

Contratación ilegal

Podemos contrató a la escolta a la que Irene Montero convirtió en recadera -y que ahora demanda al partido por su trato “discriminatorio”- sin mediar para ello una empresa de seguridad autorizada por el Ministerio del Interior, tal y como obliga la ley.

Así se desprende del documento laboral suscrito entre la escolta y Podemos, al que OKDIARIO ha tenido acceso en exclusiva, y que la propia trabajadora incorporó como prueba ante el Juzgado de lo Social número 3 de Madrid,

La formación morada incumplió los requisitos legales para la actividad de protección de personas a título particular que «únicamente» puede «ser desarrollada por escoltas privados integrados en empresas de seguridad”.

Esto es, Podemos incurrió en una «clara ilegalidad» -tal y como avisó en 2016 el entonces jefe de seguridad del partido a la propia Montero, vía mail- al contratar a la trabajadora sin recurrir a una empresa correctamente autorizada por la Unidad Central de Seguridad Privada de la Dirección General de la Policía Nacional, «para el ejercicio de dicha actividad».