PNV exige la cesión de las prisiones a cambio de apoyar los Presupuestos y el PP le responde ‘no’

El Partido Popular no admitirá una negociación con el PNV sobre alguna de sus tradicionales exigencias, como la gestión de la política penitenciaria y de las prisiones vascas, a cambio de su apoyo a los Presupuestos Generales del Estado.

Pese a que ambos partidos se encuentran ya en negociaciones formales para la aprobación de las cuentas del próximo año, los populares son reacios a esta reclamación, incluida entre las prioridades del partido de Íñigo Urkullu.

Desde el PP admiten su voluntad de negociar «con todos» para sacar adelante las cuentas con el mayor consenso posible. Esas conversaciones están no obstante más avanzadas con algunas formaciones, como es el caso del PNV que con otras, como el PSOE. La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría se reunió la pasada semana con el portavoz parlamentario de esta formación, Aitor Esteban, para concretar algunos términos que lleven al ‘sí’ de sus cinco diputados. La suma de los nacionalistas vascos, más Ciudadanos, Coalición Canaria y Nueva Canarias sería suficiente para que el Gobierno pudiese aprobar los Presupuestos.

La gestión de las prisiones vascas es una de las antiguas demandas del PNV al Partido Popular, si bien nunca ha acabado condicionando el respaldo a los sucesivos Gobiernos, siempre reacios a aceptar esa transferencia. Desde el PP se da por descontado, además, el rechazo a otra de las reclamaciones, el acercamiento de presos etarras a las prisiones del País Vasco y creen que las aspiraciones de los peneuvistas podrían quedarse en un compromiso del Ejecutivo para reactivar algunas inversiones en infraestructuras, como el Tren de Alta Velocidad.

En medios internos de Génova confían además en que la negociación supere algunos términos, como la reclamación de más «autogobierno», aún sin concretar. Los populares insisten en que cualquier exigencia «identitaria»-como la celebración de un referéndum-dará al traste irremediablemente con las conversaciones.

Ese rechazo coincide con la aceptación, por parte del PSE, de que los nacionalistas defiendan en el Parlamento Vasco el «derecho a decidir» con vistas a una reforma del Estatuto de Gernika, además de a la realización de un referéndum una vez que se redacte un nuevo Estatuto, en el plazo de ocho meses. Ambas cuestiones incluidas en el pacto de Gobierno entre ambas formaciones, suscrito este mismo lunes.

Choques con C’s

Desde el Gobierno vasco se cifra en una veintena las materias pendiente de transferir, entre ellas la gestión de la Seguridad Social, algo que choca con Ciudadanos.

Aunque desde el PP esperan contar con el visto bueno de Rivera a las próximas cuentas, la negociación formal entre ambas formaciones no ha arrancado. Como informó OKDIARIO, la nula relación entre los responsables económicos del Gobierno, Cristóbal Montoro y Luis de Guindos mantiene en suspenso el inicio de esas negociaciones.

No obstante, desde Ciudadanos sí han avanzado este lunes ciertos compromisos por parte del Ejecutivo. Se trata de avances, sobre todo en tema fiscal, como reveló la portavoz adjunta de la formación en el Congreso de los Diputados, Melisa Rodríguez, en rueda de prensa en la Cámara Baja.

Así, desde el partido de centro se asegura que los populares se han comprometido a que no habrá subida de IRPF ni de IVA. Además, se rebajará el IVA a los espectáculos en directo, algo recogido en el acuerdo suscrito por ambas formaciones en agosto para la investidura de Mariano Rajoy y, siempre según versión de Ciudadanos, el Gobierno aplicará un recorte de 1.000 millones de euros en la llamada ‘burbuja política’, esto es, «chiringuitos» y duplicidades de la administración. Además, el Ejecutivo se habría comprometido a no bajar el techo de gasto y, en su caso, elevarlo, como es reclamación de Rivera.

En este punto, no obstante, no existen por el momento cifras concretas. A preguntas de este periódico, la portavoz parlamentaria no ha detallado tampoco en qué escenario se habrían producido esos contactos, que limita a «llamadas telefónicas e intercambios de correos electrónicos e información», ni tampoco quiénes han sido los interlocutores.