Sánchez indultó a Red Eléctrica de pagar el impuestazo energético siendo accionista de la compañía

El polémico impuesto a las energéticas aprobado por el Gobierno de Pedro Sánchez con la excusa de hacer frente a la crisis económica tiene algunas excepciones; entre ellas, la compañía semipública Red Eléctrica de España -ahora Redeia-, que preside la socialista Beatriz Corredor y que se ha librado del castigo fiscal aprobado hace unos meses por el Gobierno de Pedro Sánchez. La excepción adquiere ahora un especial significado al conocerse, como revela OKDIARIO, que el presidente socialista, Pedro Sánchez, tiene 5.550,40 euros en acciones de Red Eléctrica. La información ha sido facilitada bajo presión judicial, tras negarse Sánchez a responder a un requerimiento del Consejo de Transparencia. El socialista llegó incluso a recurrir a los tribunales para no revelar sus acciones.

En los nueve primeros meses del año, Red Eléctrica (Redeia) ha obtenido un beneficio neto de 551,45 millones de euros. Los ingresos del grupo presidido por la ex ministra Corredor -que cobra un fijo de 337.000 euros sin contar variables- ascendieron a 1.523,03 millones de euros de enero a septiembre, con un incremento del 3,9% tras mostrar crecimiento en todos los negocios.

El gravamen aprobado por PSOE y Podemos se aplica las entidades que tienen «la consideración de operador principal en los sectores energéticos». Según la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, tiene tal condición la empresa que tenga una cuota de mercado superior al 10%. Esto significa que las empresas consideradas en la actualidad como operadores principales del sector energético son Iberdrola, Endesa, Repsol, Cepsa, Naturgy, TotalEnergies, EDP, BP España, Península Petroleum, Petronieves y Disa. Además, están exentas del impuesto las empresas cuya cifra de negocio en el año 2019 fuera inferior a los 1.000 millones de euros.

Sánchez anunció en julio el impuesto a las energéticas -además de a las entidades financieras- dentro de sus medidas para hacer frente a una crisis económica ante la que se ha visto desbordado. El giro populista del presidente del Gobierno fue acogido con polémica. El gravamen al sector eléctrico, gasista y petrolero estará en vigor durante 2023 y 2024 y busca recaudar 2.000 millones de euros al año de los beneficios extraordinarios de estas empresas en 2022 y 2023.

«Este Gobierno no va a tolerar que haya empresas o individuos que se aprovechen de la crisis para amasar mayor riqueza a expensas de la mayoría, porque las dificultades de una mayoría no pueden ser las alegrías de una minoría», enfatizó Sánchez en el Congreso de los Diputados.

Ahora se sabe que el socialista mantenía ya por entonces su cartera de acciones en Red Eléctrica, pese a su dudosa compatibilidad con su cargo institucional. Esta circunstancia no ha evitado que Sánchez se inhiba en las decisiones del Consejo de Ministros que afectan al sector eléctrico.

Opacidad

De acuerdo a sus declaraciones de bienes, el socialista ha mantenido sus acciones pese a su designación como presidente del Gobierno. En la declaración que hizo pública en 2014 como líder del PSOE consignó ser propietario de 177 acciones de Repsol, valoradas en 3.309 euros, y de 235 acciones de Red Eléctrica, valoradas en 15.834. En su última declaración registrada en el Congreso declaró que en octubre de 2019, contaba con acciones cotizadas en Bolsa por valor de 5.792 euros, pero sin especificar a qué empresas correspondían.

La declaración de patrimonio que publicó el BOE en 2021 recogía que el presidente tenía 5.550,40 euros en acciones y participaciones en capital social o en fondos propios de entidades jurídicas no negociadas, sin dar más detalle.

Ahora, este periódico ha accedido al dato que Sánchez trataba de mantener oculto: y es que esos 5.550,40 euros corresponden a acciones de Red Eléctrica. La petición de OKDIARIO para que el presidente del Gobierno aclarara si mantenía las acciones en Red Eléctrica se retrotrae al 19 de octubre del año pasado. Entonces, este periódico se dirigió al Ministerio de la Presidencia para solicitar «el desglose del patrimonio financiero de Pedro Sánchez» a fin de conocer «la relación de empresas en las que el presidente tiene acciones».

Hacienda remitió entonces simplemente al enlace de la web del Boletín Oficial del Estado (BOE) en el que podía consultar el patrimonio financiero del presidente del Gobierno, pero en el que no se detallan las compañías de las acciones. El departamento de María Jesús Montero declaró que sólo podía facilitar la información ya publicada en el BOE, pero no los documentos íntegros de las declaraciones de bienes de Sánchez o las copias de sus declaraciones de la renta, ya que la difusión de los mismos se encuentra, alegó, «legalmente limitada».

Ante esta negativa, OKDIARIO acudió al Consejo de Transparencia, que estimó la reclamación e instó al Gobierno a remitir, en un plazo máximo de 10 días, la relación de empresas en las que Sánchez tenía sus acciones. El organismo avisó además al presidente del Gobierno de que «frente a un derecho de rango constitucional como el derecho de acceso a la información pública únicamente cabe oponer límites que deriven directamente de la Constitución o hayan sido establecidos en una norma con rango de ley».

Pese a ello, Hacienda se negó aún a ofrecer la información y recurrió a la Justicia a través de la Abogacía del Estado. El caso recayó en el Juzgado Central Contencioso-Administrativo número 1 de Madrid. Finalmente, el Ejecutivo ha cedido y ha remitido a este periódico un documento oficial en el que revela: «La información recogida en el epígrafe Acciones y participaciones en capital social o en fondos propios de entidades jurídicas no negociadas por un importe de 5.550,40 euros, se corresponden en su totalidad con acciones de la empresa Red Eléctrica Española».