Sánchez impulsará la revisión de los Estatutos autonómicos para incluir la «singularidad territorial»

La mayoría en el Congreso y Senado permite a Pedro Sánchez tramitar sin problemas las reformas de los Estatutos de Autonomía que aprueben las correspondientes Cámaras autonómicas.

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(Vídeo: OKDIARIO)
Luz Sela
  • Luz Sela
  • Periodista política. En OKDIARIO desde 2016. Cubriendo la información del Congreso de los Diputados. Licenciada en Periodismo por la Universidad de Santiago de Compostela. Antes, en COPE, ABC Punto Radio y Libertad Digital.

La mayoría de izquierdas en el futuro Congreso, y la mayoría absoluta de que dispondrá el PSOE en el Senado, asegura a Pedro Sánchez un terreno muy favorable para impulsar una de sus medidas prioritarias: la revisión de los Estatutos de Autonomía para reconocer las «singularidades» de los distintos territorios, una de sus principales propuestas para abordar la cuestión territorial.

Según figura en el mismo programa electoral con el que los socialistas concurrieron a las elecciones generales, la intención es recoger «una definición más precisa de los aspectos identitarios, históricos, culturales, políticos y lingüísticos, así como a una organización institucional y territorial adaptada a las peculiaridades de cada comunidad». El mismo programa añade que «el límite a ese reconocimiento es la igualdad de todos los españoles y españolas en el ejercicio de derechos y libertades y la igualdad en cualquier parte del territorio».

El polémico Estado ‘plurinacional’

La propuesta abunda en el concepto de Estado ‘plurinacional’ que el propio Sánchez acuñó tras su llegada a la Secretaría General del PSOE. La revisión de los Estatutos debe ser impulsada desde las propias comunidades, y aprobados en Pleno, pero esa reforma habrá de ser luego ratificada por Congreso y Senado. Y es en estas Cámaras donde el PSOE dispondrá de las mayorías necesarias para aprobarlos, así como para evitar que el procedimiento se dilate durante años, como ocurrió en algunos casos recientes.

La reforma estatutaria está prevista en un trámite complejo, como recoge el reglamento del Congreso.

Una vez recibida en la Cámara la propuesta de reforma, la Mesa de la Cámara -donde PSOE y Podemos sumarán mayoría en la próxima legislatura- «procederá al examen del texto y de la documentación remitida, al objeto de comprobar el cumplimiento de los requisitos constitucionales y estatutarios establecidos». En caso de considerarse cumplidos, se remitirá al Gobierno y se ordenará su publicación.

La propuesta de reforma habrá de ser sometida a un debate de totalidad en el Pleno, que comenzará con la presentación de la propuesta por una delegación de la Comunidad Autónoma correspondiente. Si la votación es favorable, se abrirá un plazo de presentación de enmiendas al articulado y se remitirá el texto a la Comisión Constitucional del Congreso que, de acuerdo a los resultados electorales, estará presidida por un miembro del PSOE. La tramitación se hará después conforme a lo previsto para los proyectos de ley.

El PSOE promoverá así la «participación de las comunidades autónomas en las actuaciones y decisiones del Gobierno de España», algo que, en su opinión, «favorece una auténtica integración».

Esa participación se concretará, por ejemplo, en «el ejercicio de competencias del Estado por su carácter supraterritorial o por ser de interés general pero que inciden en el territorio de una determinada comunidad autónoma; la participación en la designación de los integrantes de instituciones del Estado o distintos organismos económicos y/o reguladores pues su actuación tiene incidencia sobre las comunidades autónomas; la participación en los asuntos europeos en cuanto las decisiones comunitarias afectan al ejercicio de las facultades competenciales de las comunidades autónomas, o la participación en la elaboración de planes y estrategias nacionales, para que todos aporten su visión del Estado».

Asimismo, se impulsará una «clarificación del reparto competencial», al considerar los socialistas que «el modelo de reparto derivado de la Constitución, con referencias genéricas y remisión a los Estatutos, ha generado diversos problemas que deben abordarse».

Esta situación, consideran, ha derivado en una «falta de claridad en el reparto, con duplicidades o ausencia de ente competente en otros casos; excesiva conflictividad al no estar bien definido el marco del reparto y, en consecuencia, excesiva intervención del Tribunal Constitucional».

Así, aspiran a recoger en la Constitución «las facultades concretas del Estado en las distintas materias competenciales, de la forma más precisa posible». «Todo lo que no se atribuya al Estado por la Constitución será competencia autonómica».

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