Sánchez exigirá a los jueces test psicológicos para conseguir plaza

El programa del PSOE para las próximas elecciones generales incluye nuevas exigencias para los futuros candidatos a una plaza de juez. El partido de Pedro Sánchez quiere endurecer los requisitos de acceso a la judicatura y plantea la introducción de nuevas pruebas, destinadas a medir las «habilidades jurídicas y psicotécnicas no estrictamente memorísticas». Es decir, cuestionarios para evaluar la psicología y personalidad de los juristas. El partido añade que la intención es, además, incorporar «mecanismos que garanticen la igualdad de oportunidades con independencia de la situación socioeconómica de los aspirantes».

Estos nuevos requisitos figuran bajo el epígrafe ‘Justicia y seguridad para ser más libres’, en el que los socialistas detallan algunas propuestas como una revisión del Código Penal «para fortalecer los principios de legalidad, subsidiariedad, proporcionalidad y reinserción social». Con ese cometido, el partido busca «favorecer medidas alternativas a las penas privativas de libertad y las medidas de control de la criminalidad y medidas de justicia restaurativa».

La formación critica que «después de 7 años de Gobierno del PP, la Administración de Justicia tiene el triste mérito de ser uno de los servicios públicos peor valorados por los españoles» y loa algunas medidas de la breve legislatura socialista.

Entre las nuevas iniciativas se propone también una nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal «que garantice», dicen, «un proceso penal moderno, democrático y plenamente adaptado a los principios constitucionales, atribuyendo la dirección de la investigación al Ministerio Fiscal y fortaleciendo las garantías constitucionales».

Asimismo, se prevé la eliminación del artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que fija un plazo máximo para resolver las causas. Los socialistas alegan que se trata de «una ventana para la impunidad de aquellos que están encausados por delitos graves como el narcotráfico, el terrorismo o la corrupción», aunque su supresión permitirá que las causas se alarguen sin fin.

Vía libre a los piquetes

En el programa destaca además la supresión del artículo 315.3 del Código Penal, que castigan a «quienes actuando en grupo o individualmente, pero de acuerdo con otros, coaccionen a otras personas a iniciar o continuar una huelga». Es decir, los piquetes.

Las penas, en estos casos, van desde un año y nueve meses hasta tres años de cárcel o multa de dieciocho meses a veinticuatro meses.

Los socialistas consideran, en cambio, que dicho artículo «no supone más que un intento por parte de la derecha de disuadir a los ciudadanos de ejercer su derecho a la huelga y, en consecuencia, su libertad sindical».