Imputado un concejal socialista de Getafe por revelar secretos vecinales tras acceder a datos policiales restringidos

El Juzgado de Instrucción número 1 de Getafe ha admitido a trámite la querella presentada por el Partido Popular contra el concejal de Seguridad del equipo de Sara Hernández, que declarará como investigado el próximo 17 de noviembre por un presunto delito de revelación de secretos, castigado con hasta cuatro años de prisión, por acceder a datos confidenciales de los vecinos a través del programa policial Vinfopol.

El uso de esta plataforma está reservado en exclusiva a la Policía Local, según recoge la Ley Orgánica 7/2021 de protección de datos personales en el ámbito penal. Su artículo 4 limita el acceso a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, las autoridades judiciales, el Ministerio Fiscal, las administraciones penitenciarias, Vigilancia Aduanera y los organismos de prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Ningún cargo político figura entre los autorizados.

El auto judicial requiere además a la Policía Local que remita en un plazo de diez días un informe detallado sobre el funcionamiento de Vinfopol, el tipo de datos que almacena, si el edil ha accedido efectivamente a la herramienta, desde cuándo dispone de esa autorización, quién se la concedió y el histórico completo de sus consultas.

El portavoz popular en Getafe, Antonio José Mesa, ha calificado la imputación de «muy grave» y ha acusado al gobierno de Sara Hernández de «utilizar datos del Ayuntamiento» para espiarnos a vecinos y oposición. A su juicio, «ahora le van a explicar al juez para qué y por qué tienen acceso total a datos confidenciales de los vecinos de Getafe» cuando ese acceso está legalmente vedado a cualquier cargo municipal.

Mesa ha ido más allá al señalar que, en este caso cloacas de la alcaldesa, el concejal de Seguridad «sería su Leire Díez particular», y no ha descartado que el Gobierno local haya utilizado también la plataforma para vigilar a los miembros de la oposición, «dentro de su política de persecución personal y política». El portavoz popular ha llegado a apuntar que esa información podría haberse empleado «para chantajear o presionar a vecinos que discrepan con el Gobierno local».

Una denuncia que viene de junio

La querella judicial es la culminación de una ofensiva que el PP inició en junio, cuando pidió en el pleno municipal el cese del concejal después de que este reconociera tener acceso al programa. Entonces, Mesa ya definió Vinfopol como el «Gran Hermano» de la alcaldesa para conocer dónde vive y trabaja un vecino, qué coche tiene, si ha sido multado o si se ha visto implicado en algún control de alcoholemia.

El portavoz popular ha enmarcado el caso dentro de lo que considera una escalada de corrupción en el Ayuntamiento, citando también los vínculos que atribuye a la alcaldesa con la trama de Santos Cerdán, la trama Dubái y presuntos enchufes en la empresa pública Lyma y la Policía Local.