Los galapagueños que se querellan contra Iglesias: «Estamos hartos de multas por pasear con la bandera»

Vecinos de Galapagar (Madrid), que se han manifestado ante el chalet de Pablo Iglesias e Irene Montero en protesta por su gestión -algunos de ellos sancionados- han anunciado este miércoles la presentación de una querella contra el vicepresidente del Gobierno por un delito contra el ejercicio de derechos cívicos cometido por autoridad, por coacciones y denuncia falsa con el agravante de prevalerse de su cargo público, como avanzó OKDIARIO.

«Estamos hartos de que nos propongan para sanciones simplemente por el hecho de pasearnos con la bandera de España», ha explicado una portavoz vecinal. «Lo único que hemos hecho es pasear con la bandera para hacernos ver y mostrarle nuestro desacuerdo con la gestión del Gobierno», ha añadido.

José Manuel Menéndez, abogado de la Plataforma Vecinos Sancionados por Pablo Iglesias, ha considerado que «se ha cometido un atropello y una injusticia contra madres de familia que se han visto en los tribunales por portar banderas de España, por defender la unidad de España y protestar contra un Gobierno que ha sido nefasto e incapaz de gestionar la crisis del coronavirus». Estos vecinos han contado con la ayuda de varios abogados entre los que se encuentra la letrada Polonia Castellanos que de manera desinteresada y altruista les ha ayudado en la elaboración de la querella.

Como ya adelantó este periódico, alrededor de una veintena de personas se ha sumado a la querella contra el líder de Podemos. Estos vecinos han sido denunciados en los últimos meses y han recibido numerosas sanciones administrativas por protestar frente al ‘casoplón’ que Pablo Iglesias e Irene Montero tienen en la urbanización de ‘La Navata’ en Galapagar.

Los delitos, en concreto, son tres. El primero de ellos hace referencia al cometido por un funcionario público contra el ejercicio de los derechos fundamentales recogido en el artículo 542 del Código Penal según el cual: «Incurrirá en la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de uno a cuatro años la autoridad o el funcionario público que, a sabiendas, impida a una persona el ejercicio de otros derechos cívicos reconocidos por la Constitución y las Leyes».

Además, incluyen un delito de coacción, que aparece regulado en el artículo 172 del Código Penal, y se define como un delito contra la libertad, consistente en el uso de la violencia para impedir a otra persona hacer algo que la ley no prohíbe, o bien le obliga a hacer algo que esta persona no quiere, sea justo o no. Este delito se castiga con una pena de prisión de seis meses a tres años, o con multa de 12 a 24 meses, según la gravedad de la coacción y los medios empleados.

Finalmente, apuntan a un delito de denuncia falsa recogido en el artículo 456 del Código Penal, que señala que «los que, con conocimiento de su falsedad o temerario desprecio hacia la verdad, imputaren a alguna persona hechos que, de ser ciertos, constituirían infracción penal, si esta imputación se hiciera ante funcionario judicial o administrativo que tenga el deber de proceder a su averiguación, serán sancionados». En este caso, con el agravante de que Iglesias es un cargo público.

En los últimos tiempos, los casos de vecinos denunciados han sido numerosos. Claudina y Ascensión, por ejemplo, se enfrentaron a un juicio rápido que finalmente fue archivado tras ser denunciadas cuando paseaban por las inmediaciones del chalet portando la bandera de España.

La concejal de Vox en Galapagar, Cristina Gómez Carvajal, fue denunciada por la ministra de Igualdad por un supuesto delito de «coacciones» y «acoso diario en su domicilio y redes sociales» por acudir a las caceroladas diarias frente al domicilio de la ministra. La juez decretó finalmente el sobreseimiento provisional de la causa.

Las concentraciones frente a la vivienda de Iglesias y Montero en Galapagar son frecuentes, aunque se incrementaron sobre todo en los momentos más críticos de la pandemia del coronavirus. El Ministerio del Interior que dirige Fernando Grande-Marlaska ordenó incluso cortar las calles aledañas a la vivienda.

Recientemente, Interior, por orden directa de Iglesias, sustituyó el despliegue de la Guardia Civil por Policía. El vicepresidente segundo se quejó de que un particular grabase unas imágenes desde el exterior en las que aparecía una parte del interior de la vivienda durante la noche electoral.