Iglesias se blinda con la Guardia Civil mientras Podemos recibe 247.770 euros en subvenciones para seguridad

• Luz Sela
• Periodista política. En OKDIARIO desde 2016. Cubriendo la información del Congreso de los Diputados. Licenciada en Periodismo por la Universidad de Santiago de Compostela. Antes, en COPE, ABC Punto Radio y Libertad Digital.
• • 21/05/2020 06:51
  • Actualizado: 21/05/2020 18:50

Podemos recibió en el último año 247.770,51 euros en subvenciones para sufragar gastos de seguridad, que comprenden la protección específica de sus miembros. Pese a ello, Pablo Iglesias e Irene Montero disfrutan desde hace días de la protección de la Guardia Civil, que ha desplegado un insólito dispositivo en las inmediaciones de su chalet de Galapagar, para proteger a los líderes podemitas de las protestas por la gestión del Gobierno.

A los agentes que vigilan de manera permanente el casoplón en La Navata se ha unido una nueva dotación ante las caceroladas y protestas que en las últimas jornadas se repiten en varios puntos de la geografía.

Este martes, la Guardia Civil blindó las inmediaciones de la vivienda con un extraordinario despliegue de agentes que llegaron incluso a impedir el paso a los vecinos por la calle en la que residen el vicepresidente social y la ministra de Igualdad. El dispositivo ordenado por el Ministerio del Interior, y por tanto a cargo de las arcas públicas, ha sido cuestionado. Y todo ello, cuando los dirigentes políticos, a través de sus partidos, disponen ya de una partida específica destinada a seguridad privada.

El pasado 24 de abril, el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó las subvenciones a los partidos con representación parlamentaria, correspondientes al primer trimestre del año. Esas partidas van destinadas a sufragar gastos de funcionamiento, por un lado, y de seguridad, por otro. En plena crisis pandémica, Podemos recibió 53.559,21 euros (82.386,66 si se considera Izquierda Unida y las confluencias).

Esta asignación procede del Gobierno de Rodríguez Zapatero, que la aprobó vía decreto, en 2011. El Real Decreto 1036/2011, de 26 de septiembre, recoge así la regulación de esas subvenciones estatales, destinadas a «sufragar los gastos de seguridad en que incurran los partidos políticos»  para «mantener su actividad política e institucional». Una protección que se justifica en el texto porque «la Constitución Española atribuye a los partidos políticos una función esencial en todo Estado democrático: servir de cauce para la expresión del pluralismo político, concurrir a la formación y manifestación de la voluntad popular y ser instrumento fundamental para la participación política».

El chalet de Iglesias y Montero está protegido desde hace meses por agentes de la Guardia Civil que lo vigilan 24 horas al día

En los gastos subvencionables se incluye la protección de las sedes (tanto el personal de seguridad como el acondicionamiento e instalación de alarmas, cristales de seguridad, persianas, cerraduras, videocámaras, controles de acceso, etcétera) y de las personas. En este punto, el artículo 8 recoge como tales los gastos en la contratación de servicio de escolta, siendo subvencionable «la retribución bruta del personal contratatado así como los gastos inherentes al ejercicio de sus funciones». Además, el partido puede incluir como tales la utilización de vehículos blindados, inhibidores de señales, GPS o auriculares de teléfonos de confidencialidad en los vehículos.

El Estado también corre a cargo de los gastos que se deriven del software necesario para controlar el acceso a las sedes, proteger la información que en ella se disponga y cualquier otro relacionado con la seguridad, así como de la protección de actos públicos y eventos (personal de seguridad y acondicionamiento de espacios).

Los partidos tienen la obligación de utilizar este dinero conforme a las condiciones establecidas y presentar la justificación de dicho cumplimiento al Tribunal de Cuentas, que ejerce de órgano fiscalizador. En caso contrario, deberán a proceder a su reintegro total o parcial.

Amenaza velada

El chalet que el vicepresidente social y la ministra de Igualdad tienen en La Navata ha sido objeto desde hace días de las protestas contra el Ejecutivo por la gestión de la pandemia del coronavirus. Las concentraciones se hicieron especialmente visibles el pasado fin de semana, cuando un grupo de personas acudió a protestar ante la vivienda, ya protegida desde hace meses por agentes que la vigilan 24 horas al día.

Sin embargo, desde hace varios días, Interior ha reforzado el despliegue, llegando al punto de cerrar el paso de la calle, a la que únicamente han podido acceder los residentes.

Iglesias lanzó este martes una amenaza velada a otros dirigentes políticos, avisando de que podrían ser los siguientes en sufrir un escrache, tras las protestas frente a la casa del ministro de Transportes, José Luis Ábalos.

El líder podemita consideró que, si la crispación sigue, «se sabe por dónde empieza pero no dónde acaba».

«Mañana será gente de izquierdas manifestándose enfrente del apartamento de Ayuso, de la casa de los Espinosa de los Monteros o de la casa de Abascal», añadió, en una entrevista en La Sexta.

Iglesias consideró que el derecho a la manifestación debe protegerse «pero evitando situaciones de crispación que nadie deseamos».

Cabe recordar que Iglesias ha sido un defensor de los escraches, algo que ahora Iglesias niega afirmando que «otra cosa es que cuando uno tiene un cargo público tiene que asumir que la gente pueda protestar, o que te puedan decir algo por la calle o que vayan a la sede de tu Ministerio o de tu partido o al lugar donde trabajas».

Sin embargo, llegó a calificar de «jarabe democrático» estas protestas. «Lo que está claro es que los ciudadanos están hasta el gorro de algunos de sus representantes y de los escasos medios de participación democrática de nuestro sistema», dijo, en uno de sus programas, en 2013.

«Disculpas públicas»

Desde el colectivo Unión de Guardias Civiles se ha instado al Ministerio del Interior «a que facilite información a las organizaciones representativas de los trabajadores de la Guardia Civil por los motivos que llevan a incrementar de forma tan elevada los servicios de seguridad en torno a la vivienda de Pablo Iglesias».

«Desde esta Organización se viene denunciado la precariedad de los servicios prestados por los compañeros en relación con la vigilancia de forma continua de la vivienda de Pablo Iglesias, lo que llevo a la UnionGC a la instalación de un aseo portátil para uso de los componentes de la Guardia Civil», añaden.

Además, solicitan «las disculpas públicas» a Pablo Iglesias «por las ofensas y ataques vertidas por él y por alguno de los componentes de su agrupación política contra los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y en caso de que no se produzca solicitamos su dimisión ante la incoherencia de sus actos como representante del Gobierno de España».