Otro frenazo de Sánchez con Franco: aplaza al menos un año la ilegalización de las fundaciones

El presidente en funciones, Pedro Sánchez, persiste en su idea de ilegalizar las fundaciones relacionadas con el dictador, Francisco Franco. Sin embargo, estos planes han sido un camino de idas y venidas. La última intención del socialista se plasma en la propuesta de reforma de la Ley de Memoria Histórica, que ha sido recientemente registrada por el Grupo Parlamentario del PSOE. Revela que, al menos, no se llevará a cabo hasta dentro de un año.

En la disposición adicional tercera de la iniciativa, ‘Proposición de Ley de Memoria Histórica y Democrática’, se recoge textualmente que «en el plazo de un año a partir de la entrada en vigor de la presente ley, se promoverá la modificación de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación y de la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones, con el objeto de declarar ilegales las asociaciones y fundaciones que públicamente inciten directa o indirectamente al odio o violencia contra las víctimas de la Guerra Civil española y el franquismo por su condición de tales».

Sánchez vuelve a dejar en ‘impasse’ otra de sus propuestas más aireadas, y sobre la que ha ido cambiando de versión. En una respuesta parlamentaria, en noviembre, el Gobierno aseguraba incluso que recortaría el derecho de asociación para ejecutar estos planes.

En contestación a una pregunta del senador de Compromís, Carles Mulet, el Ejecutivo ya avanzaba esa vía: la modificación de la ley reguladora del derecho de asociación, por un lado, y de fundaciones, por otro.

La ley de asociación establece que «todas las personas tienen derecho a asociarse libremente para la consecución de fines lícitos» y también que «el derecho de asociación comprende la libertad de asociarse o crear asociaciones, sin necesidad de autorización previa». Únicamente se determina que «las asociaciones que persigan fines o utilicen medios tipificados como delito son ilegales» y que también se «prohíben las asociaciones secretas y las de carácter paramilitar».

En otra respuesta, también en aquellos días y en el Congreso, el Ejecutivo confirmaba su intención de ilegalizar asociaciones y fundaciones que realizasen apología del franquismo, aunque sin precisar el procedimiento y fiándolo a una reforma «integral» de la Ley de Memoria Histórica donde se incluyan las «modificaciones legales oportunas».

En julio del año pasado, la ministra de Justicia, Dolores Delgado, ya avanzó su intención de iniciar un estudio para ver cómo se podía proceder a la ilegalización de la Fundación Franco.

Unos planes que sufren una nueva y considerable demora. Sánchez ha previsto iniciarlos al menos doce meses después de que salga adelante la nueva proposición de ley, algo que no se producirá, obviamente, hasta que no se constituya Gobierno. Aún así, la tramitación podría retrasarlo. El procedimiento para reformar las dos leyes mencionadas, de asociación y de Fundaciones, también aplaza el resultado final.