Otra cesión de Sánchez a Podemos: ocupar «sin violencia» bancos y sedes de partidos no será delito

Otra cesión más del PSOE de Pedro Sánchez a sus socios. Esta vez a Unidas Podemos, sus aliados en el Gobierno de coalición. Lo que empezó como una derogación del delito de sedición para sustituirlo por «desórdenes públicos agravados» a fin de contentar a los separatistas de ERC, ha derivado en una profunda relajación del Código Penal para despenalizar, por ejemplo, las ocupaciones de bancos y sedes de partidos políticos.

El presidente del grupo de Unidas Podemos en el Congreso y diputado de En Comú Podem, Jaume Asens, reveló este lunes que los suyos han llegado a un acuerdo con el PSOE para que con la nueva legislación no sea castigable la ocupación de edificios si no hay violencia o intimidación.

Asens calificó de «avance» el haber arrancado al PSOE esta modificación del artículo 577. bis sobre la propuesta inicial de los socialistas, un cambio que, según dijo, va orientado a «evitar la criminalización de las protestas pacíficas». De este modo, el representante del grupo confederal destacó que ahora ya podrán ser perseguidas las ocupaciones de entidades bancarias protagonizadas por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH).

Además, Asens especificó que a la propuesta inicial se va a añadir una frase para restringir el margen de interpretación de los jueces de modo que la invasión u ocupación de edificios o instalaciones de personas jurídicas se persiga cuando exista «una cierta gravedad y se afecte de forma efectiva al funcionamiento de servicios esenciales». En la actualidad, después de la reforma del Código Penal que hizo el Gobierno de Mariano Rajoy en 2015, estas ocupaciones están penadas con prisión de tres a seis meses o multa de seis a doce meses y no hay referencia a violencia o intimidación. Sin embargo, en la propuesta inicial del Gobierno, se introducía que la ocupación se consideraría desorden público «sin hacer uso de violencia ni intimidación». Movimientos de extrema izquierda denunciaron que esta redacción abría la puerta a que si el juez entiende que hay violencia o intimidación, estas ocupaciones podrían ser consideradas un delito de desórdenes públicos con penas de hasta tres años de prisión.

Tras el 15-M

Cuando se han dado casos de este tipo, con ocupaciones de sedes bancarias o de partidos políticos, al no estar concretado en la regulación, ha habido jueces que sólo han actuado penalmente si había violencia y otros que lo han hecho sin haberla, ateniéndose al Código Penal. Precisamente, estas últimas decisiones judiciales son las que quieren ahora revertir los socialcomunistas. En este sentido, Asens criticó que fue el Partido Popular, en el año 2015 quien concibió la regulación vigente «ante la contestación social que se produjo con el 15-M», movimiento surgido en 2011 cuyas protesta capitalizó Podemos para saltar al tablero político y después llegar al poder.