La ONU abronca a Montero y ‘Pam’ por el ‘sí es sí’: «Ha aliviado penas de forma contraproducente»

Las consecuencias de la ley del sólo sí es sí son motivo de preocupación para Naciones Unidas. Una delegación encabezada por la secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez Pam, se ha sometido estos días en Ginebra a la evaluación del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW), organismo creado en el seno de la ONU para examinar los avances de los distintos países en materia de igualdad y violencia contra la mujer. Durante el examen, los expertos plantearon varias críticas a la delegación española, entre ellas, las rebajas de condena que ha provocado la ley. Según los últimos datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), 1.079 agresores sexuales se han visto ya beneficiados, de los cuales, 108 han podido salir de forma anticipada de prisión. 

Nicole Ameline, ex ministra de Igualdad de Francia y miembro de Cedaw, planteó los «desafíos» que aún tiene España en varios ámbitos y llamó la atención sobre el «alivio» a los violadores que ha supuesto la norma impulsada por Montero. La experta aseveró que el Senado había tenido que «rectificar» la ley y tachó la reducción de condenas de «completamente contraproducente». «¿Cómo podemos evitar de cara a futuro que esta retroactividad tenga un impacto negativo?», preguntó a la delegación de Igualdad. La experta instó también al Gobierno español a tener en cuenta la «reparación» y «eficacia real» de las medidas dirigidas a las víctimas.

«Alarmismo»

En su respuesta, la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, se dedicó a deslegitimar a los jueces y calificó de «muy alarmistas» las informaciones sobre la reducción de pena a agresores sexuales que, enfatizó, habían sido «condenados con las viejas leyes». En su intento por justificar la ley, Rosell llegó incluso a afirmar que en España, antes del sí es sí, se «imponían penas mínimas a agresiones sexuales en supuestos muy graves».

La delegada admitió, asimismo, que durante la elaboración de la norma «se tuvo en cuenta el principio de retroactividad» y que el Gobierno ya preveía que podría conducir a una rebaja de penas. «La parte penal fue minuciosamente estudiada por el equipo de asesores, sobre todo del Ministerio de Justicia», afirmó. Finalmente, explicó, «para evitar el riesgo de revisión», renunciaron a rebajar la pena máxima de 15 años para el delito de violación pese a considerarla «excesiva». No ocurrió lo mismo con las penas mínimas, que el Gobierno sí bajó, lo que ha desembocado en la mayoría de rebajas de condenas.

Ante los expertos, Rosell arremetió con dureza contra el CGPJ, «copado por la derecha más conservadora», y que, afirmó, «siempre hace informes contrarios a las leyes feministas». Como es habitual, la delegada arremetió contra los jueces, asegurando que son una «minoría» los que han aplicado la rebaja, aun así, «por encima de las previsiones del Gobierno», que situó en «un 2%».

El Comité Cedaw supervisa la aplicación de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (1979). Actualmente, está compuesto por 23 expertas independientes. España, como el resto de países que han ratificado la convención, se somete periódicamente a las evaluaciones, para lo que deben presentar un informe sobre las medidas legislativas, judiciales, administrativas o de otra índole que hayan adoptado para hacer efectivos los compromisos en materia de protección de la mujer.

Recientemente, el Parlamento Europeo también trasladó al Gobierno su preocupación por esta ley, subrayando la «alarma social» generada por las rebajas de pena y excarcelaciones.

En febrero, una delegación europea se trasladó a España para mantener distintos encuentros, entre otros, con la ministra de Igualdad, Irene Montero; de Justicia, Pilar Llop, o con representantes del CGPJ.

Durante la reunión con Montero, como reveló OKDIARIO, la jefa de la misión abroncó a la ministra por sus críticas a los jueces, advirtiéndole de que estos «se dedican a aplicar su ley». Los jueces, por su parte, avisaron de las consecuencias irreversibles de la norma cuyos efectos, calculan, pueden durar hasta cinco años.