Ofensiva del PP en el Congreso para que el Gobierno asuma responsabilidades por el gran apagón
El PP pide la comparecencia de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y de la presidenta de la CNMC, Cani Fernández


El Partido Popular en el Congreso ha registrado la petición de comparecencia de la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y de la presidenta de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), Cani Fernández, para que rindan cuentas en sede parlamentaria por el gran apagón sufrido en España el pasado 28 de abril.
En el caso de María Jesús Montero, para que informe en el Pleno sobre la posición de dominio de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) en la sociedad REDEIA Corporación, SA y Red Eléctrica, así como su política de nombramientos de miembros del consejo de administración y sus consecuencias en la crisis eléctrica nacional.
Para la presidenta de la CNMC, se ha registrado la petición en la Comisión de Economía, Comercio y Transformación Digital con el objetivo de que explique qué ha provocado esta crisis eléctrica, así como las medidas que piensa adoptar para evitar que puedan repetirse este tipo de circunstancias en el futuro. Cabe recordar que la CNMC tiene entre sus funciones supervisar el funcionamiento y el grado de competencia en el mercado eléctrico, a nivel de mercado mayorista y minorista, así como la operación del sistema.
Este sábado, el vicesecretario de Economía del PP, Juan Bravo, ha acusado Gobierno de Pedro Sánchez de «incompetencia, mala planificación y mala gestión» y le ha reclamado que deje de «buscar culpables en otro lado», que admita que sus miembros «son los auténticos responsables» de la macro incidencia y que se centre en encontrar «soluciones» para evitar que se repita el colapso.
Las declaraciones del popular llegan en un contexto en el que el ministro para la Transformación Digital, Óscar López, asegura que aún no se sabe cuál es el origen del apagón, que siguen abiertas todas las hipótesis y que le sorprendió que Red Eléctrica descartara el ciberataque.
López sigue así las directrices de Pedro Sánchez, que ha seguido hasta ahora la máxima de eludir responsabilidades, culpando más bien a las empresas privadas energéticas, a pesar de reconocer que «faltan numerosos detalles para poder esclarecer responsabilidades». Pediré las «responsabilidades pertinentes», dijo Sánchez en una de sus comparecencias.
En la misma línea se ha posicionado la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que ha puesto el foco de las causas del apagón en «los intereses privados de las eléctricas»; apostando porque las empresas de un sector «estratégico» como el eléctrico estén en «manos públicas».
Comité de análisis y CIS
Este sábado se ha reunido, por segunda vez, el Comité de análisis del Gobierno para determinar las causas del apagón eléctrico y, tras cuatro horas de reunión, siguen esperando la «totalidad de la información requerida», según ha informado el Ministerio de Transición Ecológica.
El Comité ha creado dos grupos de trabajo. El primero de ellos, sobre la operación del sistema eléctrico, coordinado por la cartera que dirige Sara Aagesen, y otro sobre sistemas digitales y ciberseguridad, bajo la coordinación del Ministerio de Transformación Digital.
La reunión se produce el mismo día en que el presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), José Félix Tezanos, ha publicado una encuesta flash para mostrar las opiniones 1.752 entrevistados en toda la España peninsular sobre este histórico incidente ocurrido el 28 de abril, que afectó a todo el país y Portugal.
Según las conclusiones, el 52% de los entrevistados reconoce que el apagón le afectó mucho, mientras que el 46% dice que nada o poco. Además, un 59,6% considera insuficiente las explicaciones dadas por Pedro Sánchez, frente a un 28,4% que las juzga suficientes y un 8,2% que no las valora.
Entre quienes valoran negativamente la comunicación gubernamental, un 38,4% echa en falta más explicaciones sobre las causas del apagón, mientras que un 26,3% reclama detalles sobre cuándo se restablecería el suministro y un 24,1% demanda mayor rapidez en las comparecencias oficiales.