El novio de Ayuso reclama 16.000 € al PSOE por revelar ayer «información reservada y datos del expediente»

La defensa de Alberto González Amador, novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha presentado una denuncia contra el PSOE por generar una nota de prensa en la que se revelan «información reservada y datos del expediente» de la investigación al empresario por un presunto fraude fiscal.

La denuncia solicita una sanción económica de 10.000 euros por la revelación del contenido del sumario a la directora de Comunicación del Consejo de Estado por generar esa nota de prensa -tal como adelantó OKDIARIO- y otra de 6.000 euros por la revelación del contenido de las actuaciones sumariales.

El PSOE, junto a Más Madrid, ejerce de acusaciones populares en la causa que se sigue contra el novio de Ayuso en el Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid. La Fiscalía había ofrecido un pacto que el novio de Ayuso estaba dispuesto a aceptar para saldar la deuda con Hacienda. Sin embargo, las acusaciones han ampliado la denuncia provocando que se dilate en el tiempo la investigación judicial. Fuentes consultadas señalan que aunque se haya ampliado la denuncia contra el novio de Ayuso, esto no quiere decir que la juez vaya a ampliar los delitos, ya que estaba a favor de que se firmara el acuerdo de conformidad.

El equipo jurídico del novio de Ayuso, tras ver cómo este lunes la intervención de la Abogacía General del Estado tumbaba el acuerdo al que había llegado con la Fiscalía y la Agencia Tributaria, ahora ha tenido que enfrentar «actuaciones incompatibles con la buena fe procesal», como la protagonizada por el PSOE, «generando una inútil suspensión con el único fin de alcanzar réditos mediáticos (el desgraciadamente famoso relato) a costa del proceso y de las partes, seguidas de las actuaciones de revelación del contenido de las actuaciones sumariales como las acontecidas mediante la difusión de la nota de prensa».

Se trata de la segunda vez que se filtran datos privados sobre esta causa en la que se investigan a ciudadanos particulares. La primera filtración ordenada por el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, fue denunciada por el abogado del novio de Ayuso y el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM). El Tribunal Superior de Justicia madrileño asumió la denuncia y mantiene abierta una investigación por revelación de secretos.

En la mencionada nota de prensa difundida este lunes por el PSOE figura entremezclada información falsa con información reservada del proceso y datos del expediente tributario como los que siguen:

• «De la documentación obrante en el expediente podría deducirse que las empresas Maxwell Cremona y Masterman & Whitaker SL eran utilizadas como empresas pantalla de las actividades profesionales personales de Alberto Gonzalez Amador para a través de las cuales deducir gastos indebidamente, incluso personales, y, sin embargo, aparentemente estas no recogerían todos los presuntos ingresos de los servicios que realizaban, desconociendo el destino final de esos ingresos por servicios que se dicen prestar, pero no aparecen reflejados los mismos por tales actividades en las contabilidades de estas sociedades».
• «Igualmente, consta en la documentación la utilización de empresas extranjeras para cometer los delitos fiscales, mediante la presentación de facturas falsas, en particular, una empresa mexicana y otra empresa madrileña».
• «En relación con la venta de la empresa Masterman & Whitaker SL, vendida en primer lugar, a la empresa Maxwell Cremona (propiedad exclusiva de Alberto González Amador), por casi 500.000 euros, para después sus participaciones ser vendidas, en un corto periodo de tiempo, a Alberto Gonzalez Amador por 3.300 euros. Venta de que la que pudieran derivarse otras consecuencias penales, pues hemos encontrado vínculos entre quien vende la sociedad Masterman & Whitaker SL, antes llamada Círculo de Belleza, y, los responsables de la empresa Quirón Prevención, que es el principal cliente de las empresas investigadas. Concurriendo además evidencias de vínculos societarios, especialmente en el extranjero, entre estos responsables de Quirón Prevención y los investigados, en particular, Alberto González Amador, y otras empresas, con las que este tiene vínculos en sus actividades, como la empresa Mape Asesores».
• «De la documentación que obra en el expediente se evidencia una relación entre las empresas investigadas y Quirón Prevención que va más allá de que sea el cliente principal de estas, son prácticamente filiales, existiendo una confusión empresarial hasta el punto de que en alguna de las actividades las empresas investigadas se presentan como parte la propia Quirón Prevención, incluso utilizando correos corporativos de aquella».
• «Cesión de la facturación entre las dos empresas que es realizada en virtud de un acuerdo de Quirón Prevención, con las dos empresas, representadas ambas por Alberto González Amador, siendo necesario el mismo para poder hacerlo».

La defensa de González Amador lamenta que el ejercicio de la acción popular haya servido al PSOE para hacer política a costa de la lesión de los derechos de todas las partes llamadas al proceso, haciendo perder tiempo y dinero a la sociedad sólo sacar rédito político.