Notarios y gestores unen sus plataformas digitales para tramitar actos jurídicos sin moverse del despacho

El Consejo General del Notariado y el Consejo General de los Colegios de Gestores Administrativos de España han anunciado la presentación, el próximo 21 de mayo, de un sistema de interconexión online que permitirá a ciudadanos y empresas otorgar poderes notariales, constituir sociedades y realizar otros actos jurídicos de forma completamente telemática, sin necesidad de desplazarse a una notaría ni soportar esperas.

La iniciativa, que se presentará en la Sala de Cristal del Movistar Arena, conecta a los casi 3.000 notarios en activo con los 6.000 gestores administrativos colegiados en una única arquitectura digital.

La nueva plataforma integra en un mismo entorno profesional tres elementos: los mecanismos seguros de identificación del usuario, la firma electrónica y la videoconferencia. El resultado, según ambos organismos, es un proceso sin saltos entre plataformas ni pérdidas de trazabilidad, que mantiene la misma validez legal que la presencia física ante el fedatario.

El acto de presentación correrá a cargo de Concepción Pilar Barrio Del Olmo, presidenta del Consejo General del Notariado, y de Fernando Jesús Santiago Ollero, presidente del Consejo General de los Colegios de Gestores Administrativos de España.

Gestión notarial digital

El sistema opera a través de la Sede Electrónica Notarial —la plataforma del Notariado dotada de altos estándares de seguridad— y de GENOE, el sistema tecnológico propio de los gestores. Ambas herramientas quedan ahora interconectadas de modo que el asesoramiento previo, la preparación documental y la prestación del servicio notarial confluyen en un único proceso.

Para autónomos y pymes, que históricamente han soportado una mayor carga de desplazamientos y tiempos de espera en la gestión documental, la iniciativa supone una reducción directa de costes operativos. La red profesional implantada en todo el territorio nacional garantiza, según los promotores, que la digitalización no sea patrimonio exclusivo de las grandes empresas o de quienes residen en capitales con alta concentración de servicios jurídicos.

El proyecto se enmarca en el proceso de transformación digital de los servicios jurídicos y administrativos que se ha acelerado en España en paralelo a la entrada en vigor de la Ley Orgánica 1/2025 de eficiencia del servicio público de Justicia.

El anuncio llega en un momento singular para el sector notarial. El Gobierno de España ha impulsado el Anteproyecto de Ley Orgánica de Integridad Pública, aprobado inicialmente el 17 de febrero por el Consejo de Ministros, que pretende sustituir la escritura pública notarial por un documento privado con firma electrónica para la transmisión de participaciones sociales en las sociedades de responsabilidad limitada. La norma ha provocado un rechazo prácticamente unánime entre juristas, notarios y catedráticos de Derecho Mercantil.

Blanqueo y seguridad jurídica

El núcleo del conflicto reside en el papel que juega actualmente el Notariado en la detección del blanqueo de capitales. Cada transmisión de participaciones otorgada ante notario genera información verificada que se incorpora al Índice Único Informatizado, una macrobase de datos —la segunda más grande de España después de Hacienda— que permite cruzar millones de registros y detectar patrones sospechosos. Esa infraestructura alimenta el Órgano Centralizado de Prevención (OCP), creado en 2005 tras el estallido de la operación Ballena Blanca, una de las mayores tramas de blanqueo de capitales en la Costa del Sol.

Solo en 2025, las autoridades solicitaron 6.036 copias de escrituras de transmisiones de participaciones: la Agencia Estatal de Administración Tributaria encabezó la lista con 5.313 solicitudes, seguida de la Guardia Civil con 192 y la Policía Nacional con 161. Ese mismo año, el OCP comunicó al Sepblac 776 reportes de operación sospechosa, incorporando 1.589 copias de escrituras.

Los expertos consultados han advertido de que «con el nuevo sistema establecido en el anteproyecto de ley, se tiene que declarar quién es el titular real de una sociedad, pero ¿quién lo verifica? Nadie».

El caso de la empresa Servinabar 2000 S.L. ha ilustrado los riesgos: el ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán y el empresario Antxon Alonso habrían suscrito un contrato privado por el que 1.350 participaciones de la compañía pasarían a manos del primero por 6.000 euros, documento que no habría salido a la luz de no ser por el hallazgo durante el registro del domicilio de Alonso por parte de la UCO.

La Comisión General de Codificación —órgano independiente de asesoramiento jurídico adscrito al propio Ministerio de Justicia— ha aprobado por unanimidad en marzo un informe contrario al anteproyecto, advirtiendo de que sus «graves errores de concepciones básicas y de técnica legislativa» impedirían que las reformas pudieran incluirse en la ley proyectada. El organismo ha señalado además que la norma generará «un previsible, y siempre indeseable, aumento de la litigiosidad ante los Tribunales de Justicia».

El Gobierno de la Comunidad de Madrid ha presentado alegaciones formales contra el texto. Su portavoz, Miguel Ángel García, ha afirmado que el anteproyecto es «un salvoconducto para la corrupción de Sánchez» y ha denunciado que la norma está «desmantelando un sistema de prevención como el español, reconocido internacionalmente y que actúa desde las notarías como barrera frente al blanqueo de capitales, la corrupción y el fraude».

En ese contexto, la alianza entre notarios y gestores adquiere una dimensión que va más allá de la mera comodidad tecnológica: supone una apuesta institucional por reforzar la presencia del fedatario público en el ecosistema digital, precisamente cuando una ley gubernamental amenaza con excluirlo del tráfico societario. La conclusión que se ha impuesto entre los profesionales del sector es tan sencilla como contundente: «Si algo funciona es mejor no tocarlo».