La nº 2 de Yolanda Díaz se hizo con un piso protegido en Madrid con «bonificaciones fiscales»

Lara Hernández García, coordinadora de Sumar y número dos de Yolanda Díaz, tiene la titularidad de un piso protegido en Madrid con «bonificaciones fiscales», mientras carga contra el «negocio de la vivienda» y participa en manifestaciones contra la propiedad privada a pie de pancarta.

Según ha podido saber OKDIARIO a partir de documentación oficial que obra en el Registro de la Propiedad, Lara Hernández adquirió en 2006 en el barrio de Las Tablas -zona acomodada- de la capital madrileña un piso protegido de «88,43 metros cuadrados de superficie útil», con «vestíbulo, cocina, estar-comedor, tres dormitorios, baño, aseo y tendedero».

Este inmueble forma parte de una urbanización que cuenta además con piscina comunitaria, jardín y zona de juegos infantiles. Además, esta vivienda llevó también aparejada en su adquisición -que data de julio de 2006- una plaza de garaje con «una superficie útil de 25,17 metros cuadrados» y con un trastero de «6,88 metros cuadrados».

Fue en junio de 2006 cuando la Dirección General de Arquitectura y Vivienda de la Comunidad de Madrid concedió a estos inmuebles la «calificación definitiva de viviendas con protección pública», a los efectos de que «le sean reconocidas definitivamente las exenciones y bonificaciones fiscales correspondientes y demás beneficios previstos en la vigente Legislación de Viviendas de Protección Pública», reza en la información registral.

De esta manera, estas viviendas quedaron desde entonces sometidas al régimen de uso, conservación y aprovechamiento y al sancionador» que establecen tanto la normativa autonómica como la estatal.

Se da la circunstancia, además, de que Lara Hernández García, como publicó este lunes OKDIARIO, recibió el pasado octubre una subvención de 3.000 euros del Plan de Recuperación, financiado con fondos europeos, destinado a realizar mejoras en la vivienda, fundamentalmente obras de rehabilitación o «eficiencia energética».

En concreto, la dirigente de Sumar obtuvo el 21 de octubre de 2024 esta concesión de 3.000 euros por parte de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura en aplicación del Real Decreto 853/2021 que regula los programas de ayuda en materia de rehabilitación residencial y vivienda social del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Así aparece recogido en el Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones y Ayudas Públicas de la Administración General del Estado.

El origen de estas ayudas está en el Gobierno, como ocurre con el bono social térmico que solicitó el marido de una destacada compañera de Lara Hernández en Sumar, en este caso, la ministra de Sanidad, Mónica García. Su pareja, Enrique Montañés García, percibió 195,82 euros por el periodo de 2021.

Tanto estas asignaciones para actuaciones de remodelación de viviendas como el bono social térmico son programas de concesión directa de ayudas que, si bien distribuyen las comunidades autónomas, tienen como punta de partida el Gobierno de Pedro Sánchez.

Mientras el bono social término va destinado a «paliar la pobreza energética en consumidores vulnerables, en lo que respecta a energía destinada a calefacción, agua caliente sanitaria o cocina, por su parte, la subvención recibida por Lara Hernández «responde a la necesidad de adaptar el parque de edificios y viviendas en España a los retos nacionales y europeos en materia de sostenibilidad, en entornos urbanos y rurales».

Recientemente, el pasado 5 de abril, durante su participación en la manifestación estatal convocada por el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid, Lara Hernández, habló de una «problemática» en materia de acceso a la vivienda «no sólo generacional, sino a nivel de país». «La vivienda es el elemento material en el que se evidencia con mayor claridad la desigualdad que existe entre unos pocos, los de arriba, que deciden lucrarse a costa de someter a una gran mayoría social a una situación de vulnerabilidad», enfatizó.

«Intervenir el mercado»

Hernández emplazó además a su socia en el Gobierno de coalición, a la ministra socialista de Vivienda, Isabel Rodríguez, a «intervenir el mercado», especialmente con un tope a los alquileres, y le instó a «cambiar las reglas de juego ya para resolver este problema con carácter de urgencia».

El caso de Lara Hernández -que cobra un sueldo público como asistente del grupo de Sumar en el Congreso de los Diputados desde mayo de 2024- se suma al de otras dirigentes de Sumar que también han adquirido de un piso de protección oficial, como la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, o la ex portavoz del partido de Yolanda Díaz en la Cámara Baja, Marta Lois, tal y como reveló OKDIARIO.

Rego, vinculada a la Izquierda Unida, como Lara Hernández, se hizo con el 50% de un piso protegido en Rivas Vaciamadrid mediante donación en 2020, mientras que Lois compró un piso de protección autonómica de la Xunta de Galicia en 2007, con las ventajas que dicha categoría comporta.