Congreso de los Diputados

Ni ERC se fía de Sánchez: impone un calendario para derogar la sedición antes de votar los Presupuestos

ERC Sánchez
Joan Guirado

Esquerra Republicana no se fía de Pedro Sánchez. Por eso, ha impuesto al Gobierno un calendario en el Congreso que le permitirá no tenerse que pronunciar con su voto decisivo sobre los Presupuestos Generales del Estado hasta que el delito de sedición esté derogado con la reforma anunciada. Se asegura así el control sobre las cuentas públicas, que no saldrán adelante si antes no hay luz verde al nuevo delito de desórdenes públicos agravados que sustituye a la sedición, como ha reclamado el separatismo.

Será el próximo jueves cuando la derogación del delito de sedición empiece su trámite parlamentario con un pleno extraordinario. El mismo día que se votarán los Presupuestos en el Congreso. Superada esa votación, los separatistas tendrán la sartén por el mango para convalidar o rechazar las cuentas públicas antes de que acabe el año. Bien en el Senado o en un posible retorno al Congreso. Vinculan su decisión a que Sánchez cumpla con el calendario previsto de derogar la sedición antes del 31 de diciembre.

Con el debate de la derogación de la sedición y el de la aprobación de los Presupuestos en paralelo, en el Senado y si el PSOE y Podemos no cumplen su palabra con los separatistas, ERC puede devolver las cuentas al Congreso añadiendo modificaciones al texto o vetando directamente todo el proyecto de Ley que defenderá María Jesús Montero. Teniendo en cuenta los tiempos -eso ocurriría a mediados de diciembre- difícilmente los Presupuestos de 2023 entrarían en vigor el 1 de enero.

Por ese motivo, antes de la votación en el Senado, los dos partidos que apoyan al Gobierno pretenden convocar otro pleno extraordinario en el Congreso para derogar la sedición, cumplir con ERC y no poner en peligro sus últimas cuentas. Todo mientras el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, niega que la decisión de reformar el Código Penal tenga vinculación alguna con el voto a favor o en contra de Esquerra a los Presupuestos Generales del Estado.

La desconfianza de ERC sobre los compromisos de Pedro Sánchez, pese a ser con los únicos con los que cumple, han obligado al Gobierno a acelerar los trámites parlamentarios para la derogación del delito de sedición. Los separatistas catalanes han exigido al PSOE que la tramitación en las Cortes empiece 24 horas antes de que sus trece diputados permitan con su voto a favor que los Presupuestos sean aprobados en primera vuelta. Lo que demuestra el pacto que tanto negaban unos y otros hasta hace bien poco.

El partido que lideran Oriol Junqueras y Pere Aragonés vincula su apoyo a las cuentas públicas a la supresión de este delito del Código Penal. A ERC ya no les basta con anuncios o compromisos. Quieren concreciones y hechos tangibles. En plena pugna con JXCat, para demostrar la utilidad de su estrategia negociadora, quieren recoger sus prebendas antes de seguir apoyando al PSOE.

Y es que, a día de hoy los socialistas y el Gobierno están sometidos a la voluntad de ERC. Sus trece votos, pese a no haber presentado ninguna enmienda a la totalidad -hecho que facilitó la aceleración de las negociaciones para derogar la sedición-, son imprescindibles para que las cuentas públicas puedan entrar en vigor en tiempo y forma el 1 de enero. Por eso, «llegados a este punto, no podemos poner en riesgo todo lo que ya hemos conseguido», asegura una fuente monclovita. Traducido al español de la gente de a pie: no nos importa seguir cediendo, para mantenernos en el poder.

El PSOE es muy consciente de que hasta la publicación de los Presupuestos en el Boletín Oficial del Estado «pueden pasar cosas». Eso podría ocurrir justo antes de Navidad, si ERC quiere, ya después. Los separatistas se encargan de repetir a diario su dependencia de ellos, con un argumento ya muy escuchado en el Palacio de La Moncloa: «Sin nosotros no estaríais aquí». Por eso nadie, ni en Ferraz ni en el complejo presidencial, se plantea incumplir la palabra dada a Aragonés y Junqueras para facilitar el retorno de los fugados a España y el de los condenados a la primera línea política.

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