Montero despreció los avisos de expertos en violencias sexuales sobre la rebaja de penas

La ministra de Igualdad, Irene Montero, desoyó las advertencias sobre la rebaja de penas de la Ley del sólo sí es sí y siguió adelante con su tramitación. La norma, que se aprobó en agosto de este año, ha tenido ya importantes consecuencias, con la reducción de condenas a más de un centenar de agresores sexuales, varios de ellos, excarcelados.

Los avisos, que fueron trasladados a Igualdad durante la elaboración de la ley, procedían no sólo del ámbito de la judicatura -como quedaron plasmados en un informe muy crítico del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)- sino de asociaciones y colectivos directamente vinculados  a las violencias sexuales. Expertos que fueron desoídos durante la tramitación y que manifestaron su rechazo sobre la rebaja, según revelan los informes a los que ha tenido acceso OKDIARIO y que el Gobierno ha intentado mantener ocultos.

«No estamos de acuerdo con que se bajen las penas en todos los delitos (excepto el acoso sexual) y sus agravantes, ya sean penas de prisión o de multa», expresaron desde la Asociación de Ayuda a Víctimas de Agresiones Sexuales y Violencia Doméstica (ADAVAS).

Esta organización, que proporciona asistencia profesional a mujeres víctimas de violencia sexual o de género, lamentaba en su informe que «las penas actuales vigentes en este momento son proporcionadas».

«Nos ha costado mucho que estos delitos sean considerados delitos graves y los juzgados ya suelen aplicar sistemáticamente las penas en su ámbito más bajo», lamentaba esta asociación.

Juristas

También la asociación Themis, como recordó recientemente en un comunicado, expresó su rechazo a la rebaja de las penas que se incluía en el texto.

«Mostramos nuestro desacuerdo en la rebaja generalizada de penas para los delitos contra la libertad sexual», destacaban en el informe que fue enviado a Montero, y en el que lanzaban un aviso rotundo: «La reforma va a suponer una imposición más leve de penas por parte de los juzgados y tribunales, lo que hace suponer que no se proporciona la importancia debida al bien jurídico protegido, que no es otro que el de la libertad sexual de las personas».

Una circunstancia que llamó la atención de estas juristas, quienes recordaron asimismo que «la denuncia del movimiento feminista era precisamente que en la práctica judicial la tónica general era la minimización de la gravedad de las conductas y levedad de las penas».

Sobre el delito de violación, por ejemplo, avisaron que las penas «previstas actualmente para el delito de violación (acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal, o introducción de objetos o miembros corporales por las dos primeras vías) sufren una considerable rebaja». «Mostramos desacuerdo con la rebaja de penas», avisaron a Montero en su informe.

Moncloa lo sabía

Como ha revelado OKDIARIO, Moncloa conocía los riesgos de la rebaja de penas que recogía la ley y reclamó a Irene Montero que se modificasen.

El Gobierno ha intentado mantener ocultos decenas de informes remitidos durante la elaboración de la Ley del sólo sí es sí por parte de distintos colectivos, instituciones y las comunidades autónomas. Esa documentación, clave, no fue remitida al Congreso de los Diputados antes de su votación, hurtando así un derecho de los parlamentarios. Este periódico ha tenido acceso exclusivo a esos documentos.

«Pese al fin que persigue la ley de considerar agresión sexual todas las acciones que atenten contra la libertad sexual cuando no haya consentimiento de la víctima, con independencia de que haya o no violencia o intimidación, el resultado conseguido es que el reproche penal es notablemente inferior al actualmente previsto para las agresiones sexuales, que son los comportamientos más graves», se trasladó al Ministerio de Igualdad por parte de Presidencia.

Desde Moncloa se consideró que «no parece estar justificado, a la vista del objeto del anteproyecto, ni un incremento, ni una atenuación penológica de estas figuras, por lo que sería necesario revisar esta cuestión en el anteproyecto, de forma que las penas se mantengan de forma equivalente a su regulación actual».

Antes de la reforma, la violación estaba castigada con penas de cárcel de 6 a 12 años, como recuerda Moncloa en su informe pero, tras los cambios operados por Montero, la pena mínima se vio reducida, pasando de los 6 a los 4 años.

Con la nueva ley, también cambian las penas para los casos con agravantes. Así, en el caso de la violación, como advertía Presidencia en su informe, los mínimos pasan de los 12 años de prisión a los 7. El máximo se mantuvo finalmente en 15 años. En el caso de la agresión sexual, las penas pasan de la horquilla de 5 a 10 años a otra de 2 a 8 años.

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y el Consejo de Estado ya habían advertido durante la tramitación de la ley que la rebaja de las penas tendría efectos indeseables, debido a la revisión de las condenas a los agresores sexuales.

Pese a todos los avisos, el Gobierno siguió adelante con su tramitación. El Consejo de Ministros, presidido por Sánchez la aprobó el 6 de julio de 2021, y en agosto de ese año salió con luz verde del Congreso de los Diputados. Pese a la rebaja de penas que ya se ha hecho evidente, el Ejecutivo se niega modificar la norma, de la que Sánchez ha declarado sentirse «orgulloso». En su lugar, desde el Ejecutivo se lanzan indicaciones a los jueces sobre cómo deben interpretar la ley. La propia Montero acusó a los magistrados de prevaricar y aplicar mal la ley por su machismo.