Moncloa tiene identificados en Levante 1.000 kilómetros de ríos de máximo riesgo y prohibió su dragado

• Roberto Pérez @Robertoperezbc
• Periodista y licenciado en Ciencias Políticas. Especialista en sector público, economía política y presupuestaria, e instituciones político-administrativas. Trabajó para Agencia Efe y Cope, ejerció durante más de 20 años en ABC -etapa que incluyó el ejercicio temporal de la corresponsalía de Nueva York- y actualmente es subdirector de OKDIARIO.
• • 31/10/2024 06:53
  • Actualizado: 31/10/2024 10:15

Ni dragado de ríos ni rectificaciones de cauces, pese a que esté técnicamente constatado que suponen un riesgo máximo de causar devastadoras inundaciones. Ése es el criterio que impuso Moncloa con Pedro Sánchez en el Gobierno y Teresa Ribera al frente del Ministerio de Transición Ecológica, del que dependen las confederaciones hidrográficas que son las encargadas de gestionar y conservar el trazado de ríos y barrancos. Esa prohibición de acometer dragados afecta de lleno a la cuenca hidrológica del Júcar, en el Levante, devastada ahora por las mortíferas inundaciones que han desbordado barrancos y ríos. Y eso pese a que el Gobierno tiene identificados al menos 1.000 kilómetros de cauces, repartidos por el Levante, con riesgo máximo de provocar inundaciones dramáticas.

Ese criterio restrictivo que impide actuar con más queda recogido en documentos oficiales a los que ha tenido acceso OKDIARIO y quedó reconocido oficialmente por el Gobierno en respuestas parlamentarias con las que contestó a la oposición hace año y medio, cuando –una vez más– se le pidieron explicaciones por la situación de cauces que han ido perdiendo peligrosamente su capacidad de desagüe por la acumulación de sedimentos y por la desbocada vegetación en sus márgenes.

«No pueden entenderse las actuaciones de conservación de cauces como obras intensivas de dragado o eliminación de la vegetación natural, dado que son manifiestamente incompatibles con los objetivos de conservación y protección de la naturaleza reconocidos en la legislación», escribió el Gobierno en una respuesta parlamentaria que firmó el 16 de marzo del año pasado y que contestaba a preguntas sobre la situación de los cauces de la levantina cuenca del Júcar. El Ejecutivo se escuda en la normativa europea para defender esa posición. En concreto, esgrime la Directiva Marco del Agua.

Las limitaciones impuestas no sólo afectan a la limpieza en profundidad, a la prohibición de dragados y de eliminación de vegetación en las orillas de los cauces. También frena la realización de obras de rectificación de trazados hidráulicos que corrijan cauces o que permitan levantar infraestructuras de protección.

«Mera conservación»

«De este modo, las confederaciones hidrográficas realizan actuaciones de mera conservación de los cauces públicos, corrigiendo los problemas puntuales detectados», sin más, insistió el Gobierno en esa respuesta parlamentaria. Y ello pese a que, en el mismo documento, reconocía reconocer la existencia de esos múltiples puntos de la cuenca del Júcar que suponen un riesgo máximo de inundación. Mil kilómetros, como mínimo, repartidos en una cuenca hidrológica que abarca un total de 46.000 kilómetros de cauces que, en mayor o menor medida, requieren también de acciones de conservación preventiva.

Los tramos más conflictivos están calificados como Áreas de Riesgo Potencial Significativo de Inundación (ARPSI) y, en el caso de la cuenca del Júcar, suman esos mil kilómetros de riesgo extremo que están identificados por los expertos y catalogados como tales por la Administración.

Son múltiples las voces que llevan años reclamando obras de limpieza en profundidad de cauces, y también que se invierta más en infraestructuras de protección para evitar inundaciones. Y no sólo en Levante sino también en otros puntos de España que llevan años viendo cómo son cada vez más frecuentes las inundaciones. Es el caso de los municipios aragoneses ribereños del Ebro, donde desde hace más de diez años los damnificados se han unido en una asociación específica para reclamar a la Administración que actúe. Es la Asociación de Afectados por las Riadas del Ebro (Asafre), que denuncia lo que la evidencia ha constatado: que el Ebro se desborda cada vez con más facilidad porque tiene achicada su capacidad de desagüe: crecidas que antes eran técnicamente como «ordinarias» hace tiempo que provocan inundaciones con datos extraordinarios.