Moncloa crea un órgano con olor a censura para controlar la «desinformación» en periodos electorales

El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha puesto en marcha el autodenominado Foro contra las campañas de desinformación en el ámbito de la Seguridad Nacional, un órgano cuyo objetivo es controlar la «desinformación» que, según Moncloa, supone «una amenaza y riesgo para la Seguridad Nacional». «Dichas campañas buscan polarizar a la sociedad y minar su confianza en las instituciones y suponen, además, una grave amenaza para los procesos electorales», esgrimen desde el Ejecutivo.

Este polémico órgano se une al Procedimiento de actuación contra la desinformación que se aprobó en octubre de 2020 y que levantó fuertes suspicacias en los grupos de la oposición. Las propias asociaciones de periodistas respondieron avisando que ese intento de control podría derivar en censura. En dicho procedimiento se admitía como uno de los propósitos «examinar» la «libertad y pluralismo» de los medios de comunicación y se contemplaba la «monitorización y vigilancia» de los medios. Un punto que fue ampliamente criticado.

El Gobierno se remite ahora a la Estrategia de Seguridad Nacional aprobada el pasado diciembre en la que se contemplan expresamente las campañas de desinformación como una amenaza y un riesgo. En dicho informe se recoge que «las campañas de desinformación tienen clara repercusión en la Seguridad Nacional y deben diferenciarse de otros factores como la información falsa —fake news— o información errónea —misinformation—. De hecho, las campañas de desinformación no contienen necesariamente noticias falsas, sino que pretenden distorsionar la realidad mediante contenido manipulado».

«Los elementos que sí son inherentes a una campaña de desinformación son la voluntad de generar confusión y socavar la cohesión social; el uso coordinado de distintos medios para la creación y difusión de contenidos dirigidos a audiencias amplias; y la intención maliciosa con fines de desprestigio o influencia sobre el objetivo del ataque», prosigue ese documento.»Así, las campañas de desinformación suponen una grave amenaza para los procesos electorales. Por su potencial peligrosidad, cabe señalar las estrategias de desinformación de actores extranjeros, tanto estatales como no estales, que desarrollan aparatos de propaganda con la intención de polarizar a la sociedad y minar su confianza en las instituciones», concluye.

El Ejecutivo esgrime también la Ley 36/2015, de 28 de septiembre, de Seguridad Nacional, para la creación del citado Foro, toda vez que dicha norma establece «que el Gobierno promoverá una cultura de Seguridad Nacional que favorezca la implicación activa de la sociedad en su preservación y garantía», como «requisito indispensable para el disfrute de la libertad, la justicia, el bienestar, el progreso y los derechos de los ciudadanos».

16 miembros

El órgano de control estará integrado por seis personas en representación de la Administración General del Estado, empleadas y empleados públicos con nivel 28 o superior, y diez personas en representación de organismos de la sociedad civil procedentes del ámbito académico, del sector privado y de asociaciones y/o entidades sin ánimo de lucro.

El Foro será presidido por «la persona titular del Departamento de Seguridad Nacional», actualmente el general Miguel Ángel Ballesteros. La vicepresidencia será ejercida por una persona designada en representación de la Secretaría de Estado de Comunicación.

Como vocales habrá cuatro personas en representación de los Ministerios de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, de Defensa, del Interior, y de Asuntos Económicos y Transformación Digital.

También habrá diez vocales, que serán «personas en representación de la sociedad civil, el ámbito académico y el sector privado», propuestas por las autoridades y organizaciones de cada ámbito, y nombradas por la persona titular de la presidencia, el director del DSN.

Los vocales serán elegidos en representación de las asociaciones del sector de comunicación audiovisual; de las asociaciones de periodistas; de las organizaciones independientes de verificación; en representación de las universidades españolas; de centros de investigación en el campo de la inteligencia artificial; de centros de análisis de la realidad jurídica y sociopolítica nacional e internacional; de los institutos y centros de análisis estratégicos sobre la seguridad nacional e internacional; de las asociaciones del sector industrial digital; de las asociaciones y organizaciones del sector de la publicidad y de las asociaciones de usuarios de nuevas tecnologías de la información.

Sus funciones serán promover y elaborar estudios e iniciativas que permitan «aumentar el conocimiento y la sensibilización de la sociedad acerca de los riesgos y amenazas generados por las campañas de desinformación», y sobre «la corresponsabilidad de todos en medidas de anticipación, prevención, análisis, reacción, resistencia y recuperación respecto a dichos riesgos y amenazas». Los acuerdos serán adoptados por mayoría de dos tercios del Pleno.

Polémicas

La obsesión del Gobierno de Pedro Sánchez por controlar la información ha provocado distintas polémicas. Una de las más sonadas fue cuando, en abril de 2020, el entonces jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil, el general José Manuel Santiago, desveló en una de las ruedas de prensa sobre la pandemia la existencia de una orden en la que se exigía perseguir bulos y desinformaciones que provocasen desafección a las instituciones del Gobierno. El mando policial reconoció que el Instituto Armado trabajaba en «minimizar todo el clima contrario a la gestión de la crisis por parte del Gobierno».