Al menos 22 agresores sexuales ya excarcelados por la Ley Montero reincidirán según cálculos de Interior

La posible reincidencia de los agresores sexuales excarcelados gracias a la conocida como ley del sólo sí es sí es una de sus consecuencias más preocupantes. Un estudio de Instituciones Penitenciarias, presentado por el propio ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, sitúa la reincidencia de estos delincuentes en el 22,2%. Es decir, según esta previsión, de los 103 agresores sexuales ya excarcelados gracias a la Ley Montero, 22 volverán a cometer la misma tipología delictiva.

Según el último balance del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), 943 delincuentes han sido beneficiados por esta ley, de los cuales, 103 han salido de prisión de forma anticipada. A la entrada en vigor de esta ley, en octubre del año pasado, en las prisiones españolas había 4.008 presos condenados por delitos sexuales, por lo que las cifras del Poder Judicial suponen que un 23,5% hayan visto ya reducidas sus condenas por la rebaja en las horquillas penales.

El recuento es, en cualquier caso, provisional, pues fuentes jurídicas han informado que aún queda por recopilar información de varias audiencias provinciales y tribunales superiores de Justicia. Las Audiencias de Guipúzcoa, Granada, Sevilla y Teruel y los tribunales de Andalucía, Canarias, Castilla y León y País Vasco no han remitido aún sus datos.

Con estos datos, en apenas un mes -el anterior balance se publicó el 2 de marzo-, 222 agresores sexuales han visto rebajada su condena. Entonces, el CGPJ cifró en 721 las reducciones de pena por la ley impulsada por el Ministerio de Igualdad, con 74 excarcelaciones. Esto significa que, en un mes, 29 condenados por delitos sexuales han salido en libertad.

Crisis

La cifra se conoce en pleno debate por la reforma del PSOE a la ley, que cuenta con el rechazo de su socio de coalición, Podemos. Esa reforma -que se votará en el Congreso el próximo 20 de abril- no evitará, en cualquier caso, que las rebajas de condena y excarcelaciones sigan sucediéndose.

La ley del sólo sí es sí entró en vigor el 7 de octubre y las primeras reducciones de condena se conocieron en noviembre. Desde entonces, se ha producido una cascada incesante de rebajas y excarcelaciones, sin que el Gobierno haya asumido responsabilidades políticas. La ministra de Igualdad, Irene Montero, siempre se ha negado admitir el error y ha atribuido esas revisiones a «una minoría de jueces» que «aplican mal la ley», acusándoles así de prevaricación.

Al margen, el Tribunal Supremo ha fijado un Pleno monográfico el 6 y 7 de junio para fijar criterio sobre las revisiones efectuadas por los tribunales sentenciadores a causa de la reforma penal.

Será la primera vez que el Alto Tribunal entre a analizar si los tribunales han aplicado bien la ley del sólo sí es sí en sus revisiones de pena. Los magistrados llevarán a cabo este estudio con el objetivo no sólo de unificar criterio sino de fijar doctrina, y porque ya acumula más de 20 recursos de casación contra autos de revisión. En varias ocasiones, el Supremo ha señalado ya, no obstante, que las rebajas son obligatorias por el principio de retroactividad, que obliga a aplicar la ley más favorable al reo.

La Fiscalía General del Estado ha tratado de frenar las rebajas con una circular en la que ordena a los fiscales que «como regla general, no procederá la revisión de las condenas firmes cuando la pena impuesta en la sentencia también sea susceptible de imponerse con arreglo al nuevo marco legal». En cuanto a los supuestos de revisión de sentencias firmes, la circular establece que se actuará «excepcionalmente» sólo «cuando la aplicación estricta de esta regla provoque resultados manifiestamente desproporcionados».