Mas admite ante el juez que gastó 3 millones públicos en el referéndum ilegal

El presidente en funciones de la Generalitat catalana, Artur Mas, ha reconocido esta mañana ante el juez que gastó más de 3 millones de euros públicos en la celebración del referéndum ilegal del 9N.

Al iniciar su comparecencia ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), el magistrado Joan Manel Abril ha informado a Mas de que está imputado por los presuntos delitos de desobediencia, prevaricación y malversación.

El político convergente ha iniciado su declaración leyendo durante casi un cuarto de hora un manifiesto, en el que ha sostenido que la celebración del referéndum de independencia constituye un «proceso político» que responde a la voluntad popular de los catalanes y por tanto, ha argumentado, no se puede perseguir por la vía penal.

A continuación, el juez ha planteado a Artur Mas varias preguntas sobre cómo se financió el referéndum y sobre los medios públicos que la Generalitat dispuso para su celebración. Entre ellos, la colocación de urnas en institutos de Educación Secundaria de toda Cataluña y la utilización de ordenadores (comprados por la Conselleria que dirigía Irene Rigau) para llevar a cabo el recuento de votos desde el Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CTTI).

Según han explicado a Okdiario fuentes de Manos Limpias (que ejerce la acusación popular en la causa), Artur Mas ha admitido ante el juez que gastó más de 3 millones de euros públicos en la organización del referéndum. Esta declaración tiene especial importancia, pues supondría el reconocimiento de que cometió un delito de malversación, ya que el Tribunal Constitucional (TC) había prohibido expresamente la celebración de la consulta.

Siempre según las mismas fuentes, la cifra de 3 millones de euros habría incluido gastos como la edición de papeletas y la campaña publicitaria emitida en distintos medios. Artur Mas ha alegado que este dinero no salió de la partida presupuestaria que la Generalitat había habilitado inicialmente para celebrar el referéndum, sino que se aportó desde otras partidas de «gastos generales».

Una «sedición contra la Constitución»

El juez instructor le ha preguntado si dio instrucciones personalmente para celebrar el referéndum y para instalar urnas en los centros públicos de Educación Secundaria. Al respecto, el presidente de la Generalitat se ha declarado como el «responsable único» y promotor político de la consulta. «No busque más», ha llegado a decirle al magistrado.

El político convergente se ha negado a responder a las preguntas de la Fiscalía y de los abogados de Manos Limpias, que ejercen la acusación popular.

Concluida la comparecencia, el secretario general de Manos Limpias, Miguel Bernat, se mostró convencido ante los medios de comunicación de que Artur Mas será finalmente inhabilitado. Si la Justicia considera probados los tres delitos que se imputan al presidente de la Generalitat, podría ser condenado a seis años de inhabilitación para ejercer cargos públicos.

Bernat anunció que su asociación elevará una nueva queja ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), por considerar que constituye un intento de presionar a los jueces el hecho de que Artur Mas acudiera acompañado por más de 3.000 personas hasta las puertas del Tribunal.

A su juicio, se trata de la mejor demostración de que Mas se dedica a «alentar a las masas para llevar a cabo una sedición contra la Constitución». Manos Limpias ha ampliado su querella por los presuntos delitos de rebelión y sedición, un asunto que se dilucidará en una pieza separada de la causa.