Más de 100 académicos reclaman al Gobierno transparencia en el desarrollo de la app Radar Covid

La comunidad académica se une para pedir al Gobierno de Pedro Sánchez transparencia en el desarrollo e implantación de la aplicación móvil ‘Radar Covid’, que busca atajar los rebrotes y las nuevas oleadas de coronavirus.

Este sábado se ha dado a conocer un manifiesto firmado por 114 expertos vinculados a universidades públicas, privadas e instituciones de prestigio para demandar a la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial (SEDIA) que publique el código interno de la aplicación.

«Este manifiesto expone la necesidad de seguir una serie de pautas en desarrollos de software destinados a servir al público, con Radar Covid como ejemplo. Radar COVID es uno de los primeros ejemplos de la nueva generación de infraestructura pública», explican en línea con lo que avanzó OKDIARIO sobre las dudas que existían en el sector sobre la iniciativa.

En este sentido, como «pautas imprescindibles para permitir a la sociedad participar en la integración de nuevas tecnologías en la administración desarrolladas con dinero público» este centenar de académicos señalan «la publicación de documentación y código que provean a la comunidad científica y la sociedad civil de la capacidad de escrutinio necesaria para identificar puntos a mejorar», entre otros puntos.

«La implantación de este tipo de estándares es especialmente importante en estos momentos en que se están automatizando y dejando en manos de programas informáticos procesos que afectan directamente a las personas y a la sociedad. Éstos deben ser monitorizados para evitar resultados no deseados», agregan.

Indican que «la propagación del coronavirus ha provocado que gobiernos de todo el mundo desplieguen medidas excepcionales y busquen soluciones tecnológicas que ayuden a la contención de la pandemia». Un ejemplo son precisamente las llamadas “aplicaciones móviles de trazabilidad de contactos”, una de las soluciones «más prometedoras», según valoran. Estas apps se han desplegado ya en distintos países con resultados preliminares que, según los académicos, «invitan al optimismo».

Destacan que en países como Alemania, Italia, Holanda, Austria, Canadá, Ecuador, Estonia, Irlanda, Portugal, y Suiza se ha acertado poniendo el código fuente disponible para escrutinio público.

Desde junio

En España, la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial (SEDIA), dependiente del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digitla, ha lanzado la aplicación Radar COVID. La aplicación se lanzó en Google Play el pasado 29 de junio, y se inició una prueba piloto en La Gomera. Tras analizar los resultados positivos del ensayo, el Gobierno ha puesto la aplicación a disposición de todos los españoles, eso sí, supeditada a su previa integración por parte de los servicios de salud de las comunidades autónomas.

Así, Radar Covid ya tiene 3,4 millones de usuarios en España y la mitad de las regiones la han integrado en su sistema. Ahora, según los expertos, la app es «ya parte de la nueva generación de infraestructura de sanidad pública» y «marca un hito no sólo como innovación digital, sino también por su carácter cooperativo». En concreto, Radar Covid precisa de «la cooperación de toda la sociedad, y para maximizar su utilidad necesita ser descargada y activada por una cantidad sustancial de usuarios».

«No hay tecnología sin fallos»

En este punto, el manifiesto subraya que «en una sociedad tan heterogénea como la española», esta iniciativa «únicamente tendrá éxito con la ayuda de expertos de diversas disciplinas». «No hay tecnología sin fallos y por lo tanto es necesario un escrutinio multidisciplinar para conseguir el mejor resultado. Únicamente el esfuerzo conjunto interdisciplinario y con la sociedad civil puede identificar de forma eficiente sesgos potenciales y errores en la conceptualización e implementación de la aplicación que puedan dar lugar a efectos indeseados en términos de discriminación y vulneración de derechos», recuerdan al Ejecutivo español.

Afean al Gobierno que «a día de hoy, no se ha publicado ninguna documentación sobre el diseño de Radar Covid, sobre su implementación ni sobre el proceso de integración de las comunidades». Reconocen que el 1 de Septiembre, la Secretaría de Estado anunció que el código de la aplicación se abrirá al público el 9 de septiembre, algo que aplauden. Consideran que así se tiende a «una democratización de las infraestructuras digitales públicas». Pero los firmantes creen que «la apertura del código debe ir acompañada de la documentación e información completas, a fin de que la comunidad científica y la sociedad civil tengan la capacidad de escrutinio necesaria para identificar puntos a mejorar y contribuir a desarrollar y desplegar la app conforme a los más altos estándares».

Piden que se publique «un repositorio con el código que permita analizar la versión de todos los elementos del sistema, incluyendo aplicación y servidores junto detalles de su despliegue y gobernanza: dónde se hallan, quién los administra, y qué medidas de seguridad se han adoptado tanto para el despliegue a nivel nacional como autonómico».

También demandan «el repositorio de código utilizado durante el desarrollo, el informe de diseño del sistema, otro detallado de los mecanismos de monitorización de la aplicación, la evaluación de impacto en la protección de datos», entre otros puntos.

A continuación, destacan que la aplicación debe ser «un elemento esencial dentro de un complejo plan de contención de los contagios». No puede convertirse en la única medida para frenar los contagios. «Es una medida de apoyo y no sustituye a rastreadores manuales de contacto, sino que necesita desplegarse en coordinación con los procesos manuales ya existentes», destacan.

Inciden en la necesidad de otras medidas de contención de la pandemia como las ya conocidas (mascarillas y distanciamiento) y que la aplicación requiere «la adopción de medidas legales y presupuestarias de apoyo social que permitan a los usuarios seguir las recomendaciones de la app sin sufrir perjuicios económicos, laborales o sociales».

App voluntaria

Recuerdan que no todos los españoles disponen de móviles o de acceso a la infraestructura digital, por lo que ven «importante recalcar el carácter voluntario de la app». Por último, hacen hincapié en que «es necesario también monitorizar e identificar potenciales abusos discriminatorios en ámbitos como el de la vivienda, el mercado de trabajo, la educación y, en general, en el acceso a servicios públicos y privados, en toda la amplitud reconocida por la legislación actual o futura».