Marlaska aseguró que difundir imágenes de la Policía era «un peligro para la seguridad de los agentes”

La polémica reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana ha protagonizado este miércoles el rifirrafe político en el Congreso de los Diputados. El Partido Popular ha criticado que el ahora ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, intente acabar con la norma de 2015 pese a que, durante su etapa como vocal en el Poder Judicial, sí la avaló. En concreto, la diputada popular, Ana Belén Vázquez, ha recordado a Marlaska que el 27 de marzo de 2014, estando en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) «formó parte del rodillo» que por «unanimidad» respaldó el texto de la actual ley. En aquel informe, el CGPJ se pronunciaba sobre algunos aspectos que ahora han generado la preocupación en la Policía y Guardia Civil por los planes de PSOE y Podemos, como el uso de imágenes de los agentes que puedan poner en peligro su seguridad. En concreto, el informe de los jueces admitía que «sólo esa referencia al peligro que ello puede suponer para su seguridad personal o la de su familia, las instalaciones protegidas o el éxito de la operación, justificaría su consideración de infracción contra la seguridad ciudadana». Matizaba, eso sí, que «su formulación está en términos tan vagos y extensos» lo que «plantea problemas de taxatividad».

Según las enmiendas pactadas por PSOE y Podemos, la toma de imágenes en lugares de tránsito público y manifestaciones, además de su difusión, no constituirá infracción, salvo que «genere un peligro cierto» para su seguridad personal o familiar, el bien protegido o si se pone en riesgo una operación policial. Esa modificación, y la consideración de lo que se determine «peligro cierto» o no, ha provocado la preocupación entre policías y guardias civiles, que la han calificado de «despropósito inadmisible». Alertan de las graves consecuencias para su integridad y la de sus familias, en un momento en que, afirman, se han incrementado las agresiones contra los agentes, unas 30 al día.

Reforma polémica

Además, la futura reforma impedirá a los agentes grabar a los infractores, entre otros puntos polémicos que, el pasado fin de semana, llevaron a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado a protagonizar una manifestación histórica. Entre los planes de los socios de Gobierno está, además, que el acta policial pierda la presunción de veracidad lo que, según los agentes, genera una gran inseguridad jurídica. Se exigirá que la exposición sea «coherente, lógica y razonable», lo que cuestiona la propia actuación policial. En el informe del CGPJ, avalado en su día por Marlaska, se destacaba que «la presunción de veracidad de las actas, denuncias y atestados formulados por los agentes de la autoridad» estaba «reconocida» en las leyes vigentes.

Otra de las novedades que pretenden aprobar los socios de Gobierno es que algunas manifestaciones no tendrán que ser ya comunicadas a las delegaciones de Gobierno, como aquellas que se produzcan «ante un acontecimiento de indudable repercusión social que no admita demora». Los agentes argumentan que ese cambio les dejará desprotegidos, ya que no se podrán preparar los dispositivos con la antelación suficiente. También se limitará el uso de material antidisturbios -obligando a los agentes a usar siempre el que resulte menos lesivo-, se evitarán los cacheos y se limitará el tiempo de detención de las personas que se nieguen a identificarse, que pasará de seis a dos horas.

Ante las críticas de la oposición, Grande-Marlaska ha acusado al PP de «hiperventilar» al recordarle que en el CGPJ avaló la actual Ley de Seguridad Ciudadana que ahora pretende reformar de la mano de sus socios comunistas, nacionalistas, separatistas y proetarras.

«¿Qué es lo que ha cambiado cuando colgó la toga, señor Marlaska?», le preguntó Ana Vázquez, a lo que el ministro, en tono ofensivo, se limitó a criticar su intervención como «aspavientos» e «hiperventilaciones».