El local de Madrid donde Sánchez prevé alojar ilegales no tramitó el cambio de uso sanitario a hospedaje

El nuevo albergue de Madrid donde el Gobierno de Pedro Sánchez quiere alojar a inmigrantes irregulares no cuenta con la preceptiva licencia de cambio de uso sociosanitario a hospedaje ni la ha tramitado con el Ayuntamiento de la capital, según aseguran fuentes vecinales. El hostel que acogerá a ilegales se pretende abrir en los tres locales que ocupaba antes un ambulatorio.

Las mismas fuentes vecinales explican que se suscribió «con la Comunidad de Madrid un contrato para uso exclusivo sociosanitario desde 2010 hasta mediados de 2022». Sin embargo, la propietaria del local y el responsable de este negocio de Velvet Hostels, a la hora de solicitar la licencia de obras y de actividad al Ayuntamiento, «obviaron solicitar la preceptiva licencia de cambio de uso», remarcan las mismas fuentes.

En cambio, en el contrato de arrendamiento -revelado por OKDIARIO- firmado por la propietaria de los locales y el administrador del nuevo negocio, Mohamed Zakaria Abdelsamad Ibrahim, figura que estas instalaciones serán destinadas a «uso exclusivo hospedaje».

Las fuentes vecinales subrayan que tales usos «difieren diametralmente», por lo que conforme a lo dispuesto en el Plan General de Ordenación Urbana de Madrid, «se requiere solicitar una licencia de cambio de uso al Ayuntamiento, que deberá valorar la viabilidad del nuevo uso incluyendo necesariamente un estudio de repercusión para implementación del uso pretendido».

En este estudio, el Consistorio que dirige José Luis Martínez-Almeida, habrá de «tener en cuenta, entre otras circunstancias, la situación desagregada de los tres inmuebles, la prohibición estatutaria para ese uso turístico aprobada por las comunidades de propietarios, así como la situación de los tres locales en el edificio, que en este caso se encuentran encima de tres viviendas donde residen tres familias con menores a su cargo», destacan las fuentes citadas.

Sobre esta última cuestión, las mismas fuentes vecinales ponen de relieve que las viviendas debajo de los tres locales aparecen catalogadas de tipo uso residencial en el Registro de la Propiedad y en el Catastro, cumpliendo con todos los requisitos para la consideración de vivienda habitual de conformidad con lo dispuesto en la normativa vigente. «Si se observa el plano proyectado del hostel, el cuarto de las lavadoras estará encima del dormitorio de una de las viviendas», apuntan las fuentes, advirtiendo de las «molestias» que el nuevo albergue generará a estas familias, en especial, y al resto de vecinos de estos bloques y del barrio, de carácter residencial del mismo y conformado mayoritariamente por personas mayores y familias con niños, inciden.

«El nuevo hostel no es una planta baja, es una especie de entreplanta, y sus ventanas dan a un patio al igual que las viviendas que tiene debajo. Además, los tres locales del pretendido albergue comparten con todo el edificio bajantes, patios y demás zonas comunes», añaden las fuentes vecinales.

«Omisión deliberada»

Por ello, lamentan que todas estas circunstancias no han podido ser valoradas hasta ahora por el Ayuntamiento de Madrid, dada la «omisión deliberada» de la propietaria y el administrador de la empresa Europa Clase Canal SL, que es la que figura en el contrato de arrendamiento. Esta sociedad no tiene como objetivo social nada relacionado con el hospedaje ni el turismo. La actividad que consta en el Registro Mercantil, tal y como publicó este periódico, es la «compra, venta, importación, exportación y distribución de todo tipo de artículos de peletería, relojería, joyería, bisutería y souvenirs».

Además, las fuentes vecinales recalcan que el cambio de uso debe contar con la «aprobación unánime de los vecinos de las tres comunidades afectadas» (Avda. de Bruselas 74-76 y Avda. de Baviera, 9). «Al ser conocedores de que no iban a conseguir dicho acuerdo han obviado un requisito necesario que hubiera supuesto la denegación de la licencia de actividad turística ya concedida», precisan tales fuentes.

Desde el Ayuntamiento de Madrid, el propio delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad del consistorio, Borja Carabante, ha reiterado que este inmueble «sólo tiene una licencia para actividad turística» y no puede «acoger a personas y atenderlas socialmente».

No obstante, los vecinos tienen previsto trasladar al Consistorio madrileño la citada deficiencia sobre el cambio de uso para que «estudie la revocación de la licencia de actividad otorgada y paralice cualquier procedimiento respecto a la licencia de funcionamiento» que todavía está pendiente.

Próximas acciones

Entretanto, después de la concentración de protesta el pasado jueves, los vecinos de Parque de las Avenidas ya barajan próximas acciones, entre las que no descartan movilizarse frente a un negocio de la propietaria, A. S. B., en un municipio de Madrid.

Asimismo, los afectados por el nuevo hostel donde el Gobierno quiere alojar inmigrantes ilegales vía CEAR (Comisión Española de Ayuda al Refugiado), como ha reconocido esta ONG que trabaja con el Ejecutivo, quieren que el Ministerio de Migraciones de Elma Saiz se pronuncie sobre la carta que Carabante ha enviado a la misma para que sea conocedora de que en estos locales no se podrá alojar a solicitantes de asilo, refugio o protección internacional porque ese uso no está autorizado.

Ahora mismo, CEAR tiene alojados por encargo del Gobierno en otro hostal del mismo empresario, en este caso, en Puente de Vallecas (Madrid), a inmigrantes irregulares, como ha podido contrastar in situ este periódico.