Borrás se niega a declarar en el Supremo: «No colaboraré con una causa prospectiva e injusta»

Prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos, fraude administrativo y falsedad de documental. La portavoz de JxCat en el Congreso, Laura Borrás, se ha negado a declarar en el Supremo por su presunta responsabilidad en las irregularidades que el Alto Tribunal le imputa por adjudicar ‘a dedo’ varios contratos públicos fragmentados, entre 2013 y 2018, cuando se encontraba al frente de la Institución de las Letras Catalanas (ILC). La política separatista catalana se ha acogido al derecho constitucional porque «desde que este proceso ha comenzado he sentido vulnerados mis derechos fundamentales». «Colaboraré siempre con la Justicia pero no colaboraré, voluntariamente, con la injusticia», ha declarado a su salida.

«Hasta que no exista la prueba pericial que hemos solicitado me veo obligada a defender mi inocencia, mientras quien debe probar mi culpabilidad no cuenta con las documentaciones y fundamentaciones mínimas necesarias para investigar, de modo secreto, a una aforada», ha asegurado. «En el momento en el llegue la prueba que han solicitado tanto los Mossos, como mi defensa, yo misma pediré declarar personalmente», ha sostenido en declaraciones a los medios de comunicación.

Se refería Borrás a la petición de su defensa -y también la de la abogada de Isaías Herrero, supuestamente beneficiado por las adjudicaciones irregulares- quien ha sostenido hasta el último minuto que para poder interrogar a la política independentista catalana con total garantía, el magistrado del Supremo Eduardo Porres, debía haber ordenado previamente una prueba para determinar el alcance de las adjudicaciones.

La diputada ha insistido en que antes de proceder contra ella, el juez instructor tendría que haber decidido si los trabajos encargados por la diputada de forma indebida se realizaron, quién los hizo, con qué periodicidad, en qué términos y -en caso afirmativo- cuál fue el importe real de los mismos. Sin embargo, pese a esta última maniobra no ha podido retrasar más su cita para declarar forzosamente en el Alto Tribunal.

Borrás ha llegado al Supremo acompañada de su abogado, Gonzalo Boye -el mismo que el del expresidente catalán Carles Puigdemont y de su sucesor en el cargo, Quim Torra- poco antes de las once de la mañana, la hora a la que debía comparecer ante el juez.

Causa prospectiva

«Se han cometido muchas irregularidades en esta causa prospectiva, en la que una juez incompetente» dio traslado al Supremo «para imputarme». «El Tribunal ha sido muy ágil en citarme a declarar pero muy lento en la práctica de las pruebas para acreditar los hechos gravísimos de los que se me acusa», ha afirmado Borrás.

Preguntada por la posibilidad de renunciar a su acta como diputada en el Congreso ha concluido: «No dimitiré porque si lo hiciese sería asumir una culpabilidad que no reconozco en ningún caso. Lo único que haré es defenderme».

Suplicatorio

La Sala Segunda del Supremo solicitó formalmente permiso al Congreso de los Diputados, a través de la fórmula del suplicatorio, el pasado 22 de mayo, para continuar con la causa penal abierta contra la diputada de JxCat por varios presuntos delitos de prevaricación, fraude a la Administración Pública, malversación de caudales públicos y falsedad documental. El Supremo investigaba desde hacía meses si Borrás cometió dichos delitos, apreciados por el Juzgado de Instrucción número 9 de Barcelona, en su etapa al frente de la Institución de las Letras Catalanas (ILC).

El presidente de la Sala Segunda de lo Penal, el magistrado Manuel Marchena, envió en dicha fecha un oficio al presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, que a su vez redirigió la solicitud formal a la presidenta de la Mesa de la Cámara Baja, la socialista Meritxell Batet. El trámite era legalmente imprescindible para proceder contra Borrás, por su condición de aforada, en calidad de diputada en el Congreso.

El escrito firmado por el juez instructor, el magistrado Eduardo Porres, que es quien instó el suplicatorio en primer término, constaba de una exposición motivada de los hechos por los que, el pasado mes de febrero, el Supremo citó a Laura Borrás para tomarle declaración. Borrás rechazó de plano la citación y no acudió voluntariamente, en su calidad de investigada, por lo que el Supremo instó al Congreso que autorizase su comparecencia de forma obligatoria. Una petición que avaló el informe de la Mesa del Parlamento que OKDIARIO publicó en primicia.

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo acordó abrir causa a la diputada de JxCat en el Congreso Laura Borràs, el pasado mes de diciembre de 2019, por sus presuntas irregularidades en la concesión de un total de hasta 18 contratos de la Institución de las Letras Catalanas (ILC), que fueron adjudicados a su «amigo» Isaías Herrero, durante la etapa en la que Borrás dirigió la entidad.