Los jueces catalanes anuncian que defenderán la Constitución ante el referéndum ilegal

Tres asociaciones judiciales con representación en Cataluña consideran que las llamadas leyes de desconexión (la de transitoriedad jurídica y la del referéndum) se sitúan «fuera del marco constitucional», y añaden que su «obligación como jueces y magistrados será no aplicar ninguna de esas normas».

A través de un comunicado, los presidentes o portavoces en Cataluña de la Asociación Profesional de la Magistratura -Luis Rodríguez Vera-, de la Asociación Francisco de Vitoria -Eva Atarés- y del Foro Judicial Independiente -Zita Hernández Larrañaga- reaccionan así a la intención de la mayoría independentista del Parlament de aprobar en la sesión de hoy ambas leyes.

Estas asociaciones judiciales aseguran en la nota que «los jueces estamos sometidos al imperio de la ley», y añaden: «Nunca creíamos que la historia pondría a prueba el valor de nuestro compromiso, pero llegado el momento, que nadie dude de nuestra inquebrantable fidelidad a la Constitución».

Asimismo, estas asociaciones ven «con especial preocupación la deriva del bloque independentista, que declara abiertamente su intención de subvertir el orden constitucional en Cataluña, arguyendo una falsa legitimación democrática».

En el comunicado, estas asociaciones citan varias sentencias del Tribunal Constitucional para subrayar que la Cámara autonómica «no puede erigirse en fuente de legitimidad jurídica y política hasta arrogarse la potestad de vulnerar el orden constitucional que sustenta su propia autoridad».

«Caso de aprobarse estas dos propuestas, supuesto desgraciado e indudablemente previsible, con la misma seguridad serán impugnadas de forma inmediata por el Gobierno ante el Tribunal Constitucional», añaden.

Asimismo, estas asociaciones concluyen que la eficacia de ambas leyes quedará «automáticamente suspendida» y recuerdan que su obligación como jueces y magistrados será no aplicarlas, así como «ninguna disposición o resolución administrativa que derive de ellas».

«Los jueces estamos sometidos al imperio de la ley y nos hemos comprometido solemnemente no solo a cumplir, sino a hacer cumplir la Constitución y el resto del ordenamiento jurídico, administrando recta e imparcial justicia. La gravedad de la situación nos obliga a actuar con singular serenidad y prudencia», asegura la nota.

No obstante, estas asociaciones opinan que existe un «grave conflicto político y que su solución «no corresponde a los tribunales de justicia».