IU pide investigar la destrucción de archivos militares durante el franquismo y la transición

Izquierda Unida quiere que el Gobierno dote económicamente la anunciada apertura de los archivos militares y recuerda la «necesidad» de una investigación sobre «los expurgos y destrucción» de documentos durante el franquismo y la transición.

La portavoz parlamentaria de IU, Eva García Sempere, ha registrado esta pregunta parlamentaria después de que el Ministerio de Defensa haya autorizado la consulta pública de los documentos del Archivo General Militar de Ávila anteriores al año 1968.

En su iniciativa la diputada por Málaga quiere saber si el Gobierno tiene previsto presentar un programa económico para financiar la identificación y descripción de la documentación desclasificada, así como su digitalización para que sea publicada en Internet.

Además, reclama la necesidad de crear nuevas plazas de profesionales en los archivos digitales, la adquisición de dispositivos de digitalización adecuados y la extensión del software existente en los archivos estatales para su uso en todos los archivos públicos.

En este marco, García Sempere pregunta también al Gobierno si está valorando realizar «la necesaria investigación» que haga posible conocer «las fechas, razones y responsables de los expurgos y destrucción de los documentos durante el periodo de la dictadura y la transición».

Plan de archivos abiertos

Y aborda la reforma de la ley de secretos oficiales, cuya tramitación se encuentra parada desde hace dos años en el Congreso. La diputada sostiene la necesidad de dotarla de instrumentos de clasificación y desclasificación «claros, objetivos, transparentes, democráticos y calendarizados». «Lo que permitiría, además, descalificar documentos de otros departamentos que será relevantes para conocer una historia que no se debe repetir», justifica.

A su juicio, es necesaria la elaboración de un Plan de Archivos Abiertos que asegure a la ciudadanía el derecho que le otorga el artículo 105 de la Constitución: «El acceso de los ciudadanos a los archivos y registros administrativos, salvo en lo que afecte a la seguridad y defensa del Estado, la averiguación de los delitos y la intimidad de las personas».

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