Irene Montero ignoró las «deficiencias» del plan que provocó la pérdida de datos de las pulseras

Los servicios técnicos del Ministerio de Igualdad habían detectado «deficiencias e incoherencias» en el plan de transición de las pulseras antimaltrato antes de adjudicar el contrato que acabaría provocando la pérdida de todos los datos históricos que ha desvelado OKDIARIO. Pese a estas advertencias, el equipo de Irene Montero firmó la adjudicación a una unión de empresas por 42,6 millones de euros.

El informe técnico de valoración, firmado el 11 de septiembre de 2023 por la subdirectora general Macarena Gamir, calificó con apenas 3,6 puntos sobre 10 el «plan de transición de salida del servicio» presentado por la empresa ganadora.

Los técnicos fueron especialmente críticos con la propuesta. «El plan presenta un diseño deficiente, una planificación poco detallada y una asignación de recursos deficiente», señala el documento oficial.

El informe añadía que el apartado de contingencias «no es suficientemente completo» y que «el calendario con tareas, hitos, tiempo y la previsión de incidencias no presenta un grado de coherencia adecuado para la complejidad del plan necesario».

Adjudicación pese alertas

La Mesa de Contratación conocía estas carencias técnicas fundamentales pero decidió impulsar la adjudicación. El 26 de septiembre de 2023 acordó «proponer su adjudicación al licitador» por el importe mencionado que acabaron firmando altos cargos de Irene Montero.

La valoración técnica global otorgó a la empresa en total 87,5 puntos de 100 posibles. Sin embargo, el plan de transición, que resultaría crucial para evitar la pérdida de datos históricos, había obtenido la calificación más baja.

El contrato incluía fondos europeos del Plan de Recuperación por valor de 11 millones de euros destinados a la «inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados al uso general». Por tanto, si alguien denuncia el caso tendría que ser la Fiscalía Europea la encargada de la investigación.

Los pliegos técnicos, firmados por Pam Rodríguez el 6 de julio de 2023, especificaban la obligación de «migrar el histórico de datos e información asociada a los sistemas actuales». La empresa adjudicataria sería «responsable de no perder el histórico de información que se ha generado».

Fallos sistémicos

La redacción resultó ser demasiado genérica para garantizar la migración efectiva. No se detalló punto por punto como hacer ese traspaso de información caso a caso y dato a dato. Una empresa israelí subcontratada por el anterior proveedor, había encriptado toda la información histórica sin posibilidad de desencriptado para el nuevo sistema.

El cambio de proveedor se produjo el 20 de marzo de 2024, momento desde el cual el centro de control Cometa no ha podido facilitar información anterior a esa fecha. Esta carencia ha provocado «una gran cantidad de sobreseimientos provisionales o fallos absolutorios» según reconoce la Fiscalía General del Estado en una memoria que luego matizó el fiscal general, el procesado Álvaro García Ortiz.

Los documentos revelan que el sistema gestionaba cerca de 4.595 dispositivos activos a 31 de diciembre de 2024, todos ellos sin acceso a los datos probatorios anteriores a la migración.

La licitación se tramitó con carácter urgente debido a la proximidad del fin del contrato anterior, previsto para el 7 de febrero de 2024. Esta premura pudo haber contribuido a la insuficiente evaluación técnica del plan de transición. Ahora se prepara una nueva licitación que será para un tiempo más extenso y, esperan las víctimas, con una tecnología más eficaz que un teléfono que daba innumerables fallos.

El proceso de adjudicación excluyó a la empresa británica Buddi Limited por problemas en la presentación telemática de su oferta, quedando la empresa elegida como único licitador viable.

La concatenación de errores técnicos y decisiones administrativas cuestionables ha resultado en un escándalo que compromete la protección de miles de víctimas de violencia de género, evidenciando cómo las advertencias técnicas fueron desestimadas en favor de la continuidad del servicio a toda costa sin garantías.