La Intervención ha encontrado aún más descontrol contable en el CSIC del que ya denunció hace 10 años

La Intervención General del Estado (IGAE) en su demoledor informe sobre la gestión económica del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) evidencia que los problemas detectados hace una década no sólo persisten, sino que se han agravado. El documento, firmado por el interventor general Pablo Arellano a finales de 2024, revela graves irregularidades en la gestión financiera del principal organismo científico español. En 2014, un informe similar ya denunciaba «incumplimientos presupuestarios y errores contables» en el CSIC. Ahora el nuevo análisis detecta deficiencias alarmantes en múltiples áreas.

En el curso 2013-2014 el CSIC atravesó una crisis que llevó al llamado «corralito» de los fondos de investigación. La Intervención detectó ya entonces un descontrol absoluto en el gasto de las partidas económicas. Ahora, de nuevo, también se alude a fallos graves a la hora de gestionar el dinero público.

Entre otros puntos, la Intervención ha descubierto que durante 2022 se abonaron «más de 800.000 euros en concepto de intereses de demora o como recargo de apremio» correspondientes a «más de mil expedientes de gasto». Según el informe, esto demuestra que «la situación a corregir no es de carácter puntual» sino un problema estructural.

La IGAE constata además que «se han superado los importes máximos a percibir por el desempeño del puesto de trabajo» tanto de doctores y titulados superiores contratados temporalmente, como del personal funcionario de las escalas investigadoras. Ante esto, solicita «la devolución de todos los importes indebidamente abonados».

El escándalo del Botánico

Especialmente grave resulta la situación del Real Jardín Botánico de Madrid, donde 144.022 euros recaudados en efectivo por venta de entradas en 2022 «no fueron ingresados en la cuenta restringida de recaudación» sino entregados a la empresa La Fábrica Gestión Más Cultura, «sin negocio jurídico que soporte la realización de los citados abonos». Detrás de esa empresa está Alberto Fesser, hermano de Guillermo Fesser, comunicador conocido por sus intervenciones en medios de comunicación siempre a favor del Gobierno del PSOE y Sumar y en contra de las posiciones de la derecha.

La misma empresa utilizaba el Pabellón Villanueva para sus exposiciones «sin contrato o acuerdo que lo autorice» y «sin contraprestación», y dejó de facturar casi tres millones de euros al CSIC por diversos eventos. Aunque tras la emisión del informe «el CSIC procedió a la reclamación de todas las deudas», el caso refleja una profunda falta de control que se mantiene desde 2017.

Contratos fraccionados

La revisión de la contratación menor ha descubierto «342 potenciales casos de fraccionamiento del gasto para evitar su licitación», una práctica prohibida por la ley. De los más de 160.000 contratos menores realizados, solo se publicaron 4.099, lo que representa un 2,49% del total, vulnerando los principios de transparencia.

Más alarmante aún fue el hallazgo de 15 contratos menores realizados con personas que no podían ser contratistas por ser personal laboral del propio CSIC, incurriendo en una causa de nulidad prevista en la ley de contratos.

10 años sin avances en el CSIC

Las deficiencias detectadas ahora son particularmente graves porque muchas ya fueron señaladas en informes anteriores. La propia Intervención recuerda en su último informe que desde 2019 debería haberse implementado una «gestión financiera centralizada» para estos organismos, según el Real Decreto-ley 3/2019, pero «al margen de esta actuación, no se ha realizado ninguna actuación» que lo permita.

En las nóminas que se pagan a los científicos e investigadores también hay descontrol. La masa salarial autorizada para el CSIC es «inferior a la necesaria para el número de efectivos en nómina», problema que se suma a la falta de un «sistema de información fiable e individualizado de los gastos e ingresos asociados a proyectos de investigación».

En suma, diez años después del primer informe crítico, bajo tres presidentes distintos (Emilio Lora-Tamayo, Rosa María Menéndez y, en la actualidad, Eloísa del Pino) y tras múltiples reorganizaciones, el principal organismo científico español sigue acumulando irregularidades en su gestión económica. La Intervención solicita «la revisión de diferentes procedimientos internos del CSIC» y «mejorar el control interno» para evitar seguir dilapidando recursos públicos.

El CSIC ha constituido un grupo de trabajo para analizar la gestión del Jardín Botánico, pero según la IGAE, «sobre el resto de recomendaciones no se ha recibido información sobre medidas adoptadas».