Un informe del Estado destapa «irregularidades» en el CSIC: 144.000 € en efectivo desviados sin contrato

Un informe de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) ha destapado graves irregularidades en la gestión económica del Real Jardín Botánico de Madrid, dependiente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). Según el Informe Global Anual de Control Financiero de los Organismos Públicos de Investigación fechado en noviembre de 2024, esa entidad durante 2022 recaudó 561.549 euros en efectivo por venta de entradas en taquilla, de los cuales 144.022 euros fueron entregados a la empresa La Fábrica Gestión Más Cultura SL sin existir ningún contrato o acto administrativo que amparara dichas entregas de dinero público. Esta práctica sería una infracción de la Ley General Presupuestaria.

Las irregularidades no terminan ahí. El informe revela que La Fábrica ha estado utilizando el Pabellón Villanueva del Jardín Botánico para realizar presuntamente exposiciones propias sin contrato ni autorización que lo permita, y sin pagar ninguna contraprestación por el uso de estas instalaciones públicas. La empresa incluso ha desplegado personal propio para controlar los accesos al pabellón.

Pero quizás la desviación más significativa detectada por la Intervención tiene que ver con la facturación de eventos. En el caso del espectáculo «Naturaleza Encendida 2021-2022», celebrado entre octubre de 2021 y enero de 2022, el CSIC sólo facturó 173.931 euros cuando, según lo establecido en el pliego de prescripciones técnicas, debería haber facturado más de 1,5 millones de euros.

La siguiente edición del evento (2022-2023) repitió el patrón: se facturaron 184.306 euros frente a los 1,68 millones que correspondían según contrato. Además, el CSIC no emitió ninguna factura por los «Paseos Musicales 2022», cuando debería haber cobrado más de 76.000 euros.

En total, sólo por estos tres eventos, el importe pendiente de facturar conforme a los pliegos asciende a casi 3 millones de euros (2.927.782 euros). La Intervención señala que desconoce el montante total que podría estar pendiente de facturar en periodos anteriores y posteriores, dado que el contrato con La Fábrica está vigente desde 2017.

Tras la emisión del informe, el CSIC asegura que ha procedido a reclamar todas las deudas pendientes emitiendo las facturas correspondientes. Además, la presidenta del CSIC firmó el 17 de julio una resolución creando un grupo de trabajo para analizar la gestión del contrato de servicios con La Fábrica. «El CSIC constituyó un grupo de trabajo sobre la gestión en el Real Jardín Botánico y se recibió la Resolución de la presidenta del CSIC por la que se crea un grupo de trabajo para el análisis de la gestión del contrato de servicio de gestión de punto de ocio, científico-cultural y de acciones de patrocinio del Real Jardín Botánico formalizado en octubre de 2017 con la empresa La Fábrica SL», recoge el nuevo informe de Hacienda consultado por OKDIARIO.

Deficiencias en museos

El duro informe, que se suma a las irregularidades en el centro del cáncer CNIO, también señala deficiencias en la gestión general de los museos del CSIC. La institución cuenta con tres museos pertenecientes a la Red de Museos de España, pero uno de ellos, el Museo Geominero, carece de resolución de precios públicos que regule el cobro de entradas. Para los otros dos museos, si bien existen resoluciones de precios, la Intervención no ha encontrado las memorias económicas que deberían justificar dichos precios en función de los costes, como exige la Ley de Tasas y Precios Públicos.

Estas irregularidades se suman a otros problemas detectados en el informe sobre la gestión del CSIC, como la existencia de más de 800.000 euros pagados en concepto de intereses de demora o recargos de apremio durante 2022, derivados principalmente de incumplimientos en los plazos para reintegrar importes no justificados de subvenciones y préstamos recibidos.

La IGAE recomienda una revisión profunda de los procedimientos internos del CSIC, especialmente en lo relativo a la ejecución de gastos y gestión de reintegros. También insta a mejorar el control interno de tesorería y gestión de pagos, así como a modificar la orden de delegación de competencias para subsanar las incongruencias detectadas.

Fraccionamiento

El informe concluye que la gestión financiera y administrativa de los principales organismos públicos de investigación españoles presenta serias deficiencias. Tras analizar el funcionamiento del CSIC, CIEMAT, IAC, ISCIII e INTA, pone de manifiesto importantes carencias en los sistemas de contratación y control interno de estas instituciones.

Otro ejemplo del descontrol es que la Intervención General ha detectado 342 posibles casos de fraccionamiento de contratos en el CSIC durante 2023, una práctica que podría haberse utilizado para eludir los procedimientos de licitación pública. El informe anual de control financiero señala que esta situación en este organismo adscrito al ministerio de Diana Morant es «especialmente significativa» en los contratos relativos a la adquisición de material de laboratorio.