Hacienda detecta que el CSIC troceó 342 contratos para esquivar los concursos públicos

La Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) ha detectado 342 casos de presunto fraccionamiento de contratos en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) durante 2023, una práctica que podría haberse utilizado para eludir los procedimientos de licitación pública. El informe anual de control financiero señala que esta situación en este organismo adscrito al ministerio de Diana Morant es «especialmente significativa» en los contratos relativos a la adquisición de material de laboratorio.

La auditoría revela además que de los miles de contratos menores realizados por el CSIC, sólo se publicaron en la plataforma online una pequeña parte, lo que representa apenas un 2,49% del total (unos 4.000). Esta falta de transparencia se agrava por el hecho de que estas publicaciones se realizaron «a posteriori y una vez ejecutado el contrato, sin que fuera posible participar en la licitación».

Otro hallazgo preocupante es la celebración de 2.896 contratos por un importe total de 30,5 millones de euros incumpliendo la normativa sobre anticipos de caja fija. A esto se suma la detección de 15 contratos menores adjudicados a personas que eran personal laboral del propio CSIC, lo que constituye una causa de nulidad según la Ley de Contratos del Sector Público por existir prohibición de contratar.

Ante esta situación, la Intervención recomienda la creación urgente de una unidad responsable específica para detectar posibles fraccionamientos y planificar la contratación. El objetivo sería evitar el uso excesivo de contratos menores y promover procedimientos de licitación más transparentes y eficientes.

El informe también señala deficiencias significativas en la gestión general del CSIC. La entidad carece de procedimientos escritos para la licitación electrónica y no dispone de instrucciones específicas sobre programación de contratos. La existencia de más de 100 centros de distinta tipología (propios, mixtos con universidades, centros asociados y otras infraestructuras) complica aún más la situación, al tener todos ellos competencias delegadas en materia de contratación menor.

Los auditores subrayan que esta dispersión «hace necesario que se adopten medidas de coordinación» para que desde los institutos, centros y universidades se facilite la información necesaria que permita realizar un análisis adecuado de necesidades y recursos disponibles. Esto ayudaría a «adoptar mejores decisiones sobre modalidades de contratación» y evitaría «el altísimo número de contratos menores cuyo uso puede implicar una limitación de la libre concurrencia».

Contratos sin titular

En el ámbito financiero, el CSIC tampoco sale bien parado. Especialmente grave resulta la gestión de pagos, donde se han detectado 693 casos por un importe de 60.086 euros en los que no se identifica al titular de forma inequívoca, utilizándose NIF genéricos. Los auditores advierten que constituye un riesgo significativo la salida de recursos públicos sin identificar adecuadamente al destinatario.

La Intervención recomienda una revisión integral de los procedimientos internos del CSIC, especialmente en lo relativo a la ejecución de gastos y gestión de reintegros. También insta a mejorar el control interno de tesorería y gestión de pagos, así como a modificar la orden de delegación de competencias para subsanar las incongruencias detectadas.

El informe concluye que es necesario establecer un sistema de contratación que utilice las herramientas y procedimientos recogidos en la Ley de Contratos del Sector Público, favoreciendo la concurrencia y la publicidad. También recomienda formar adecuadamente a los diferentes órganos de contratación y poner en conocimiento de todos los contratados laborales y funcionarios sus derechos y obligaciones para evitar situaciones irregulares.

Opacidad en subvenciones

En este contexto, la Oficina Nacional de Auditoría (ONA) opta por la opacidad: ha inadmitido una solicitud de acceso a la información pública de OKDIARIO relacionada con los informes generales sobre planificación estratégica de subvenciones en el sector público estatal de los años 2022, 2023 y 2024.

La solicitud ha sido rechazada debido a que los informes solicitados se encuentran supuestamente «en proceso de elaboración», según esgrime el director de la ONA, Enrique Rubio. A pesar de que estamos en 2025, aseguran que los informes relativo al plan de subvenciones de 2022 aún no está terminado.

En su resolución, la ONA señala que estos documentos se encuentran «en diferente grado de avance de su proceso de elaboración» y prometen que una vez finalizados serán publicados en la página web oficial de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE). Sin embargo, el último informe publicado en abierto es del ejercicio 2021 y lo normal es que se estuviese trabajando en difundir ya el correspondiente a 2026.