Interior admite el coladero de inmigrantes con DNI falsos y gasta un millón en detectores

El Ministerio del Interior gastará 1.016.400 euros en la compra de 24 analizadores de documentos de viaje para fronteras. Se trata de un dispositivo que permite detectar documentos de identidad falsos entre las personas que intentan acceder a territorio español, una preocupación que admite el departamento de Fernando Grande-Marlaska.

En la documentación consultada por OKDIARIO, Interior señala que la Policía «dispone de diversos medios técnicos que se destinan a combatir de forma más eficaz la utilización de documentos de identidad sustraídos, falsificados y/o alterados, que son utilizados en el tráfico de viajeros que acceden al espacio Schengen por las fronteras exteriores».

Admite, no obstante, que «dentro de esta problemática de inmigración clandestina y de la delincuencia organizada a su alrededor, una de las cuestiones que se plantean al respecto es la dificultad de devolver a su país de origen a los inmigrantes, una vez que se encuentran en territorio español».

Para solucionar este problema, Interior debe realizar controles de documentos de identidad, a pie de avión y en puestos fronterizos terrestres, para lo que precisa disponer de equipos dotados de los últimos avances tecnológicos. En 2018, el departamento adquirió 10 analizadores de documentos, que Interior considera necesario complementar ahora «para dar respuesta adecuada a la impermeabilización de las fronteras exteriores en nuestro país».

Para ello, se propone la adquisición de «un mínimo» de 24 analizadores «para la detección de documentos falsos o alterados», que se distribuirán por los puestos fronterizos que determine la Comisaría General de Extranjería y Fronteras.

Efecto llamada

No es la primera vez que el Gobierno admite las debilidades de su política migratoria. Interior ya avisó del riesgo de efecto llamada de la reforma del Reglamento de Extranjería impulsado por el Ministerio de Inclusión Seguridad Social y Migraciones y que, entre otras medidas, promueve la regularización de inmigrantes que hagan un curso de formación para el empleo.

Pese a negar públicamente la presión migratoria en España, Interior admitía en este documento el «reto» que supone la llegada de inmigrantes a España y la «tendencia creciente» que experimenta, advirtiendo que «entre los elementos que deben configurar esta política de lucha contra la inmigración irregular se incluye la necesidad de evitar incorporar elementos que hagan atractiva la inmigración irregular hacia España y, por medio de España, al resto de la Unión Europea», y «la reforma contiene elementos que son un riesgo y una dificultad añadida a los esfuerzos que España (no sólo este ministerio) dedica a la lucha contra el tráfico de personas y la inmigración irregular y también por ello tiene difícil encaje en la UE».

Interior avisaba así de que el reglamento -finalmente aprobado- sería «sin duda difundido por las redes de tráfico de personas en los países de origen». Concluía, por ello, que la modificación no resultaba «oportuna, no sólo por la tendencia estadística señalada, sino porque un elemento clave de la lucha contra la inmigración irregular, el retorno, no está siendo eficaz».

Recientemente, Pedro Sánchez firmó un acuerdo con Joe Biden para participar, junto a Canadá y México, en el proyecto por el que EEUU establecerá centros regionales en varios países para promover los desplazamientos de inmigrantes «ordenados y seguros». Según el Gobierno español, este acuerdo tiene como objetivo cubrir las demandas del mercado de trabajo que actualmente no están satisfechas. El Ministerio de Inclusión, encargado de gestionar esta iniciativa, no ha facilitado datos concretos de los inmigrantes que podría acoger España.